Los afectados por las preferentes comparecen en el Congreso: "Fue una estafa y es un expolio"

"No es el mercado, fue una estafa y es un expolio". Así se expresó este martes Xesús Domínguez, miembro de la Coordinadora de Plataformas de Afectados por las Participaciones Preferentes y Obligaciones Subordinadas, en su comparecencia en la Comisión de investigación sobre la crisis financiera, que comenzó el pasado mes de mayo. Domínguez, propuesto como ponente por En Marea, hizo un recorrido cronológico por la "macroestafa" de la comercialización de estos productos financieros a "pequeños ahorradores", que llevan cuatro años movilizándose para recuperar el dinero que han perdido. 

"Una parte de la banca se lanzó a una práctica de crédito irresponsable que se convirtió en insostenible con el estallido de la burbuja y la llegada de la crisis. La banca necesitaba dinero en efectivo y diseñó una campaña para apropiarse de los recursos de sus clientes", criticó. Sin embargo, según denunció durante su intervención, pese a que estos productos afectaron a 120.000 gallegos, "poco sabemos de las condenas a directivos de banca por la comercialización de estos productos".

De esta manera, especificó, de los 1.800 millones de euros que las cajas gallegas vendieron en preferentes, éstas solo han pagado multas por dos millones. A nivel político, financiero o penal, en cambio, no ha habido ninguna condena. "La ciudadanía ha sido la que ha soportado las consecuencias de la crisis financiera", lamentó. 

Las entidades "mintieron a sus clientes"

Tal y como recordó Domínguez, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), afirmó que las participaciones preferentes y las obligaciones subordinadas son productos extraordinariamente complejos y de altísimo riesgo, así como difíciles de comprender para la ciudadanía que no se dedica a las grandes inversiones. Pese a ello, las entidades financieras no dudaron en comercializarlos. "Debían dirigirse a gente experta, pero se colocaron entre clientela tradicional para capitalizarse de forma más barata que con ampliaciones de capital". Y lo hicieron al amparo de la ley 19/2003 aprobada por el PP y el PSOE, tras la cual comenzaron a vender estos productos a personas "de edad avanzada con escasa formación  y a clientes desconocedores de los riesgos" que corrían sus ahorros. 

¿Cómo consiguieron venderlos? Para Domínguez, las entidades mintieron a sus clientes, dieron información falsa y ocultaron las consecuencias que podía tener su adquisición. Así, se apropiaron de sus ahorros sin su consentimiento. "Los empleados, o bien desconocían los riesgos o no informaron de que se podían perder", remarcó. Sin embargo, las directivas europeas, como recordó durante su comparecencia, imponen condiciones para comercializar este tipo de productos, como dar información suficiente y clara y asegurarse de que son convenientes para el cliente. Estas, sin embargo, no se tuvieron en cuenta.

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Las irregularidades y malas prácticas de las entidades financieras, no obstante, no acabaron cuando los afectados comenzaron a movilizarse tras descubrir que habían perdido sus ahorros. En el año 2012, ante las movilizaciones, la Xunta de Galicia "improvisó" un sistema de arbitraje para dar solución a las reclamaciones de los miles de afectados. Este, sin embargo, "no fue controlado ni supervisado por instituciones públicas o independientes", lo que provocó la proliferación de irregularidades en los procesos. "Se vieron desde el primer momento", explicó, "por ejemplo, algunos de los primeros en recuperar los ahorros fueron familiares de miembros del PP", criticó. 

"Fueron los bancos los que eligieron a quién devolver el dinero y a quién no". Entre los afectados, además, "había menores de edad, personas mayores sin conocimientos y algunos contratos sin firmar", denunció. 

De entre los miles de casos de afectados, "la recuperación del ahorro ha sido un caso singular. El resultado de la crisis financiera ha dejado miles de damnificados en todo el Estado", lamentó Domínguez, quien recalcó que las consecuencias no han sido solo económicas, sino también morales y de salud. "Las víctimas de fraudes financieros presentan peor salud y peor nivel de vida que las personas de su edad" que no han sido afectadas por esta "macroestafa".