Claves para entender el decreto sobre el catalán en la sanidad balear que apoyan la mayoría de profesionales

El conflicto lingüístico asola de nuevo Baleares. Si en 2013 fue la voluntad del entonces Govern de José Ramón Bauzá (PP) de acabar con el modelo de inmersión parcial en el ámbito educativo, ahora lo es el decreto que prepara el actual Ejecutivo (PSOE-Més) para fijar qué nivel de catalán, que es idioma oficial en el archipiélago, tienen que acreditar los trabajadores del servicio de salud de las islas, IB-Salut.

El último borrador de ese texto establece que el conocimiento del catalán no será requisito para opositar, entrar en las bolsas de empleo temporal o participar en concursos de traslados, aunque la acreditación establecida para cada categoría profesional sí se exigirá a los dos años de acceder al puesto. Además, en caso de no conseguirla en ese período, no se pierde el nombramiento obtenido, ya sea fijo o temporal; aunque sí la posibilidad de optar a traslados y ascensos o de cobrar el complemento de carrera profesional.

Sí deberán tener el nivel de catalán requerido en el plazo de dos años los trabajadores que tengan la condición de personal sin plaza en propiedad y los que se encuentren en comisión de servicio. El borrador también establece que los niveles de lengua catalana superiores a los requeridos en cada una de las categorías serán baremados como mérito y que se pondrá en marcha un plan de aprendizaje de la lengua en los centros de trabajo a través del Servei de Política Lingüística del IB-Salut.

Esta última versión rebaja sustancialmente las condiciones establecidas tanto en la ley de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública, aprobada en abril de 2016 [consultar, aquí], como en el primer borrador del decreto. Por ejemplo, en ambos se establecía que médicos, enfermeras y auxiliares tenían que acreditar el nivel de B2 (nivel avanzado), mientras que el último texto se limita al B1 (nivel umbral). Además, la ley requería la acreditación de los conocimientos de catalán directamente en el procedimiento de selección, sin moratoria de ningún tipo. El decreto sí preveía esa prórroga pero sólo para categorías deficitarias de personal. 

A través de la citada ley de abril de 2016, la actual mayoría de izquierdas del Parlament de Baleares derogó la norma aprobada en julio de 2012, bajo el Govern de Bauzá, que estableció el catalán como mérito para acceder a la función pública y no como requisito indispensable. Ese texto legislativo fue avalado en octubre de 2013 por Tribunal Constitucional al desestimar un recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista del Senado. 

Aunque no satisface todas sus reivindicaciones, esta última versión del decreto sí cuenta con un respaldo sindical mayoritario. Cuatro de las seis organizaciones presentes en la mesa sectorial que abordó este asunto el pasado 9 de febrero dieron su voto a favor. En concreto, el sindicato de enfermería Satse, el de auxiliares de enfermería SAE, UGT y CCOO, que cuentan con un 65% de la representación en este órgano. En contra se posicionaron el sindicato médicoSimebal y CSIF, que cuentan con el otro 35%. 

Representantes de estas dos últimas organizaciones participaron en la manifestación que recorrió el pasado domingo las calles del centro de Palma de Mallorca bajo el lema "los idiomas no salvan vidas". Apoyada por el PP y Ciudadanos, la movilización estaba convocada por la plataforma unionista Mos Movem, donde participan activamente las empresarias Manuela Cañadas y Úrsula Mascaró, lo que evidencia que es una cuestión que trasciende el ámbito sanitario. El objetivo de Mos Movem es intentar parar unas políticas que, a su juicio, son de corte nacionalista y persiguen adherir a las islas a "unos ficticios Països Catalans".

Normativa

Lo cierto es que el Estatuto de autonomía de las Islas Baleares dispone que la lengua catalana tiene, junto con la castellana, el "carácter de idioma oficial". Además, en su artículo 4.3, establece que las instituciones del archipiélago "garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos de las Illes Balears".  

La Ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1986 y modificada en 2016, dispone que el Govern autonómico debe "regular, mediante disposiciones reglamentarias, el uso normal de la lengua catalana, oralmente o por escrito, en las actividades administrativas de los órganos de su competencia" y "asegurar el uso de la lengua catalana en todas las funciones y actividades de tipo administrativo que realicen las instituciones y sus organismos dependientes". También establece que "las bases de convocatoria para proveer de plazas en la comunidad autónoma y en las corporaciones locales deben incluir una referencia expresa al conocimiento de la lengua catalana". 

A pesar de esta regulación, tanto el sindicato médico como CSIF sostienen que el conocimiento de la lengua cooficial debe constituir un mérito, no un requisito y piden que se vuelva a la regulación prevista en 2012. Los médicos entienden que la aprobación de este decreto puede tener "notorios inconvenientes" para la atracción de facultativos a las islas y consideran que afecta al derecho de libre circulación de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud. 

Los médicos también califican de "arbitrario" y "desproporcionado" exigir el certificado lingüístico para acceder a la carrera profesional –un sistema que permite a los profesionales mejorar sus retribuciones tras acreditar ciertos méritos–, pues entienden que "tienen derecho a progresar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de los objetivos del IB-Salut".

Los médicos marchan en Madrid para luchar contra los recortes en la sanidad y recuperar los "derechos perdidos" en la crisis

Ver más

Por su parte, CSIF cree que el borrador de decreto "es una medida estrictamente política, innecesaria y carente de argumentación objetiva y demostrable en el ámbito sanitario", que "impide la captación de profesionales muy limitada por la insularidad" y "condiciona el desarrollo profesional de las distintas categorías profesionales del IB-Salut y las discrimina en su aplicación". La organización ha anunciado que emprenderá "todas las acciones legales necesarias" para pararlo, aunque no las ha concretado. 

Los sindicatos que votaron a favor, por otro lado, respaldan su apoyo al texto en el hecho de que "modula" las efectos de la ley de 2016 y "evita la exclusión" de profesionales en el acceso al empleo fijo y temporal, tal y como subrayan en el sindicato Satse. En CCOO ponen en valor las "mejoras" que contiene el último borrador respecto a la versión anterior y recuerdan que no se puede ir en contra de la ley vigente sobre política lingüística. 

A partir de ahora, el borrador tiene que pasar por el Consell Consultiu y, posteriormente, ser aprobado por el Consell del Govern.