Los funcionarios de prisiones salen a las calles: "Se está dejando morir el sistema penitenciario"

Las protestas de los funcionarios de prisiones no son nuevas. Desde hace casi un año han venido manifestándose contra su situación laboral y, este sábado, con la convocatoria de una marcha en Madrid, pretenden dar el pistoletazo de salida a un año de movilizaciones. "A partir del domingo las protestas se van a endurecer y se trasladarán a los centros de trabajo", afirma José Luis Pascual, presidente de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), uno de los sindicatos que, junto a CCOO y UGT, se sitúa al frente de las demandas de los trabajadores. 

"Nos manifestamos para protestar por el desmantelamiento del sistema, por la falta de personal y para conseguir la eliminación de la brecha salarial", explica Silvia Fernández, secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias. Denuncian que la Secretaría General del organismo, dependiente del Ministerio del Interior, está desmantelando el sistema penitenciario, "que es desigual, precario y con falta de personal". Por ello, marcharán a las 12.30 horas desde Cibeles hasta la confluencia de las calles Sevilla y Alcalá. 

Lo explican las propias organizaciones sindicales, que cifran en 3.200 el número de plazas sin cubrir. "El 15%" del total, lamenta Antonio González, responsable del Sindicato de Prisiones de UGT. "Desde noviembre de 2011 y hasta diciembre de 2017, el sistema ha perdido 757 funcionarios", detalla. ¿Por qué motivo? "No se contrata". Las oposiciones para acceder a estos puestos de trabajo, como explica, han estado congeladas. "Este domingo se realizan los exámenes para la convocatoria de este año", continúa. La oferta: 701 plazas para más de 12.000 aspirantes. 

Pero de la falta de personal encadena otro problema: hay centros cerrados porque no hay funcionarios para mantenerlos en funcionamiento y, en consecuencia, otros superan su capacidad. "Hay 50 departamentos cerrados y, a su vez, otros masificados, como la cárcel de Soto del Real en Madrid", explica Pascual. De esta forma, la separación interior –el sistema por el cual una prisión asigna a la persona la ubicación más adecuada en el centro en función de su personalidad e historial delictivo– tampoco se respeta. Y así lo que se provoca es un problema de seguridad.

"Se pone en peligro la integridad de los internos y del personal", critica Fernández. "En una visita que hice al centro de Soto del Real este jueves observé que solo había una funcionaria para 100 internos de todo tipo", denuncia. "En el caso de que pasara algo, es muy complicado que esta persona pueda controlarles a todos". 

"Un funcionario agredido cada día"

En los últimos cuatro años se han producido 2.211 agresiones a funcionarios de prisiones. "De media, se produce una al día", denuncia González, que exige trabajar en "condiciones dignas y seguras". Pero, según critica, las instituciones no lo han facilitado. "Teníamos que negociar un protocolo de seguridad para proteger a los trabajadores y al principio se negaron argumentando que los problemas se producen porque los internos tienen carencias educacionales y de personalidad", explica. Hasta el 8 de junio del año pasado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se comprometió a aprobar el Protocolo específico de actuación frente a las agresiones en los centros penitenciarios y centros de inserción social. "Lo hicieron después de que nos reuniéramos con Podemos, PSOE y Ciudadanos y estos aprobaran una Proposición No de Ley (PNL) para empezar a negociarlo", recuerda González. 

"Es objetivo prioritario de esta Administración velar por la vida, integridad física y salud, tanto de los internos como de los empleados públicos penitenciarios", recoge el documento. Pero, como insiste González, el reconocimiento de los factores de peligrosidad de estos trabajadores llegó después de numerosas peticiones. "No tienen voluntad política de cambiar nada. Todo lo que hemos conseguido nos ha costado muchísimo", denuncia. 

Estas "carencias sociales, educativas y culturales", sumadas a la "prevalencia de comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas", tal y como recoge el documento de Instituciones Penitenciarias, se ven agravadas, además, por la falta de personal sanitario. "Hay centros que llegan a estar un mes entero sin que sus internos reciban la visita de un médico", critica Pascual, que indica que el 25% de las plazas para el personal sanitario permanecen sin cubrir. "Se impide que personas que tienen que tomar una medicación diaria puedan hacerlo", lamenta. Pero el problema es también que las condiciones de "precariedad laboral" que sufre el funcionariado "tampoco hace que estas personas se sientan atraídas por este trabajo".

Congelación y desigualdad salarial

"Los funcionarios de prisiones llevamos años sufriendo la congelación salarial", explica González, que remarca también que "no hay retribuciones acordes a las funciones que realizan los trabajadores de los centros penitenciarios". Según el Anuario del Ministerio del Interior de 2016 –último disponible–, ese año había 51.029 presos dependientes de la Administración pública. Cataluña tiene transferidas las competencias y cuenta con 8.560 reclusos. Los funcionarios eran 23.351.

Pero ninguno de ellos tiene las mismas condiciones laborales. Ni siquiera en centros de la misma provincia. El sueldo de dos trabajadores que ocupan exactamente el mismo puesto de trabajo puede llegar a variar hasta en 6.000 euros, según explica Pascual. 

"Se cobra distinto salario aun en el mismo puesto debido a una estructura del sistema que estaba establecida hace 30 años", denuncia Fernández. Entonces, los sueldos de los trabajadores se fijaban en función de la categoría del centro en cuestión. "Había hasta nueve", recuerda. Los centros del País Vasco, por tener la categoría más especial, eran los que mejores retribuciones ofrecían. Aunque este sistema ya no exista, sí lo continúan haciendo las diferencias salariales. 

No tiene nada que ver con la ratio de funcionarios/reclusos –"de la cual no se tienen datos por la opacidad y el oscurantismo que mantiene la Administración", denuncia González–. "Hay centros en el País Vasco con 500 internos en los que los trabajadores cobran más que en una prisión de Madrid en la que hay 1.200 personas", lamenta Fernández. El aspecto clave en la desigualdad salarial es, explica, "el complemento específico", relacionado con la categoría del centro. 

Los funcionarios del Estado se manifestarán para exigir equiparación salarial: nunca menos de 1.200 euros

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Además, el sistema penitenciario se está viendo sometido a una progresiva privatización, según sostienen las fuentes sindicales consultadas por infoLibre. "Desde el año 2013, la Administración ha gastado 175,4 millones en seguridad privada", informa Pascual. Pero, al lado de estos agentes, siempre hay un funcionario del Estado. "Ese gasto es absurdo", critica. 

Según afirma González, los funcionarios de prisiones cumplen "con un mandato constitucional" favoreciendo la reeducación y la reinserción de los reclusos en la sociedad. "Por esta razón, debería ser una función pública, pero la están privatizando", denuncia. 

"Esta manifestación es solo el principio. Seguiremos con las movilizaciones", afirma Fernández. "No descartamos, incluso, convocar una huelga de aquí en adelante".