Europa occidental se desengancha del carbón pero España se resiste

El carbón como fuente de electricidad, uno de los principales causantes del cambio climático y un problema de salud por contaminación en muchas regiones, prácticamente ha desaparecido o está camino de desaparecer en Europa Occidental. Si ponemos a Alemania como frontera continental, casi todos los países a su izquierda tienen planes de cierre de sus centrales térmicas, donde se quema este peligroso combustible. Casi todos, excepto España. El país está cada vez más solo en su defensa del carbón como parte indispensable del mix eléctrico y, en vez de alinearse con países de su entorno como Reino Unido, Francia, Portugal o Italia, se alinea con Alemania y Polonia (donde la presencia de este fósil en el panorama energético es notable) o con los países orientales y bálticos del continente, que carecen en su mayoría de planes de cierre de las térmicas. A diferencia de España, la mayoría de los países occidentales tienen fecha para la clausura definitiva: 2025 o 2030.

La importancia del carbón, su potencial contaminante y su papel en la generación de energía es, evidentemente, distinto en cada país. Alemania y Polonia son, con mucho, los que lideran el ranking de contaminación por CO2 de sus térmicas en Europa, seguidos, en este orden, de la República Checa, España, Italia, Países Bajos y Reino Unido. En cuanto a los MW de electricidad que generan sus centrales, y que nos permite, de manera estimada, comprobar la importancia del combustible en cada país, los líderes son los mismos, pero en distinto orden: Alemania, Polonia, Reino Unido, España, República Checa, Italia y Países Bajos. De estos países, solo Alemania y Polonia (los grandes contaminadores), República Checa y España carecen de planes de cierre.

Los datos proceden de Europe Beyond Coal, una plataforma de cientos de organizaciones ecologistas en todo el continente que recopila las cifras ofrecidas por Eurostat o el IPCC –la voz más autorizada en cambio climático–, entre otras instituciones. Cuentan con un mapa que habla por sí solo: en naranja, los países que no tienen sobre la mesa ningún plan de cierre. En azul, los países que se lo han planteado, aunque el plan no está aún concretado. Y en verde, los que ya han puesto fecha a la clausura total de todas las térmicas.

 

Mapa de Europe Beyond Coal de los planes de cierre de las térmicas de carbón en Europa.

Sin embargo, hay que atender al contexto de cada plan para entender las diferencias entre países: no se trata de una historia de "buenos países limpios" y "malos contaminadores". Francia, por ejemplo, tiene un plan de cierre pero es fácil ejecutarlo en su caso, con la mayoría del mix eléctrico ocupado con centrales nucleares que, además, le otorgan soberanía energética: no depende de países vecinos para alumbrar sus casas.

El caso de Alemania es especialmente interesante: el 40% de su electricidad procede del carbón pese a contar con un fuerte movimiento ecologista y una sociedad concienciada acerca de los peligros del cambio climático. Se explica por varias razones. El Ejecutivo de Angela Merkel, tras el incidente de Fukushima, ha ejecutado un plan durante la última década para deshacerse de sus nucleares. Las energías renovables han contado con un impulso considerable, pero no basta para compensar el impacto de los fósiles en un país industrial, en parte por culpa de las interconexiones eléctricas. Las grandes plantas eólicas y fotovoltaicas están en el norte, y llevar esa electricidad al sur es caro. La posición de los cables, subterráneos o a ras de suelo, ha generado polémica en el país germano.

Los plazos del resto de países en el top de uso de carbón para generar electricidad son similares. Países Bajos, con un 23% de su capacidad ocupada por el carbón, se ha puesto 2030 como límite.Italia y Reino Unido han puesto 2025 como fecha, aunque si bien los italianos han decretado el cierre, Reino Unido ha apostado por severas restricciones. El Ejecutivo de Theresa May planteó el pasado enero un límite de emisión de CO2 a partir de ese año a todas las instalaciones, lo que obligará a las eléctricas a instalar tecnología de captura de contaminantes o clausurarlas.  El caso británico es un gran ejemplo para la directora del Instituto de Derecho y Medio Ambiente (Iddma), Ana Barreira. En 2016, el 9% de la electricidad del país fue generada gracias al carbón. Pero llevan reduciendo el porcentaje años, desde una Ley de Cambio Climático planteada en 2008. Desde 2012, asegura Barreira, se ha reducido un 80% el papel del combustible en el mix eléctrico. "Prevén que en 2025 les va a quedar 1.500 MW, de los 44.000 que tienen instalados ahora mismo", explica. 

El plan es a largo plazo, pero constante y con resultados. Se basa en la estrategia conocida como Clean Growth (crecimiento limpio), con la que plantean una transición también laboral, para emplear a mineros y trabajadores de las plantas en sectores renovables y sostenibles. Reino Unido fue, junto a Canadá, impulsor del compromiso para acabar con el carbón en la pasada cumbre del clima de Bonn. No se adhirieron las potencias carboníferas, Alemania y Polonia... a las que se le sumó España en la negativa.

Un aislamiento técnico, geográfico y político

Más allá de las razones políticas que motiven que España –con un 15% de la electricidad generada por el sucio combustible en 2016– se esté quedando atrás en la transición energética, también hay razones técnicas que hacen más o menos difícil el adiós al carbón. "De las palabras a los hechos va un paso, y la realidad de algunos países es muy dura", advierte el responsable de Carbón de la Agencia Internacional de la Energía, Carlos Fernández. Pone el ejemplo de Bélgica, que en 2016 cerró su última central eléctrica alimentada con este combustible. "Por su situación geográfica, tiene conexión con varios países. No tiene mucha capacidad pero sí está interconectada. Si España hiciera lo mismo, mañana estaríamos a oscuras", porque al estar "semiaislada" geográficamente, esas conexiones son más difíciles.

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El aislamiento es geográfico pero también de intenciones. Este último miércoles se votaba en la comisión de Energía del Parlamento Europeo la nueva Directiva de Mercado Interno de Electricidad. Los diputados del PP, el partido que sustenta el Ejecutivo español, han defendido una enmienda para que los gobiernos puedan oponerse al cierre de plantas eléctricas que no ha apoyado nadie. La iniciativa ignorada va en consonancia con la intención del Gobierno de frenar el cierre de las térmicas que le quedan a Iberdrola a golpe de decreto.

La norma presentada por la cartera de Álvaro Nadal está siendo investigada por Bruselas y ha sido acusada de imponer "excesiva discrecionalidad" e "inseguridad jurídica" por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que además aseguró que, pese al semiaislamiento que señala Fernández, "el sistema español tiene un exceso de capacidad y podría prescindir de una parte importante de sus centrales de carbón". El índice de cobertura eléctrica de España está en 1.3, superando el 1.1 establecido como mínimo, según Red Eléctrica Española (REE).

La Unión Europea vigila con atención la querencia de España a sus centrales de carbón. La Comisión investiga si España incumplió las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea al otorgar, desde 2007, 440 millones de euros en ayudas a las centrales. Además, el club comunitario establece un límite ineludible para el país: la Directiva de Emisiones Industriales, en vigor desde enero de 2016, que plantea un límite para la contaminación de, entre otras instalaciones, las térmicas. La propia norma fijó excepciones a las que se acogieron 17 de las 19 centrales de carbón españolas, y una de ellas, que plantea un periodo de transición para que las plantas se adapten a los límites de óxidos de nitrógeno, CO2 y partículas en suspensión termina en julio de 2020: no se sabe qué va a pasar cuando llegue la fecha límite porque ninguna ha empezado con las obras necesarias.