La legislación sobre conciertos apenas penaliza el cobro de cuotas irregulares en la escuela privada subvencionada

La legislación sobre conciertos educativos favorece que apenas se penalice el cobro irregular de cuotas en los centros privados sostenidos con fondos públicos. Según datos recabados por infoLibre sólo siete de las 17 comunidades autónomas –Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia– realizan inspecciones de oficio. Y cuando detectan irregularidades o actúan tras una denuncia, los casos acaban, como mucho, en una comisión de conciliación que se zanja con la devolución del importe indebidamente cobrado pero sin sanciones para los colegios.

Así ocurrió el curso pasado con siete casos en el País Vasco; con tres, respectivamente, en La Rioja y Aragón; uno en Castilla-La Mancha, otro en Canarias o con varios en Galicia que el Gobierno regional no ha cuantificado. En Madrid, la Consejería de Educación remitió informes a 167 centros –el 30% de los 560 que hay en total– para que corrigiesen cuestiones relacionadas con el cobro indebido de cuotas por actividades complementarias. Se subsanaros todas menos dos, en las que actuaron comisiones de conciliación. Sólo un centro se enfrenta al expediente sancionador, con multas de hasta 6.900 euros por unidad concertada en infantil y primaria y 8.344 euros en secundaria. En el resto de autonomías consultadas no hubo que casos que requirieran la participación de la inspección. Andalucía y Cantabria declinaron participar en este reportaje.

No obstante, desde varios Ejecutivos autonómicos reconocen que aunque es "habitual" que a las direcciones generales lleguen quejas anónimas o llamadas de las familias denunciando estos hechos, cuando se les reclama que formalicen estas denuncias no lo hagan por temor a represalias, lo que dificulta la tarea de inspección por parte de la Administración.  

Los centros concertados –privados sostenidos con fondos públicos– no pueden cobrar a las familias por clases ordinarias y las actividades complementarias que se realizan dentro del horario lectivo (excursiones, visitas culturales...), las extraescolares y los servicios complementarios (transporte, comedor...), cuyo precio debe ser autorizado por la Administración y tener un carácter "no lucrativo", no son obligatorias.

Tampoco son obligatorias otras aportaciones habituales como las cuotas fijas para material escolar al margen del que aporte cada alumno por "alquiler" de equipos informáticos o por el servicio de orientación, ni las donaciones a las fundaciones que suelen tener este tipo de centros. Además, de estas últimas las familias pueden desgravarse hasta el 75% de los primeros 150 euros donados y el 30% para el resto del capital donado en sus declaraciones de la renta si las entidades en cuestión están acogidas a la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucrativos. 

Voluntariedad 

La normativa es clara, pero no siempre se cumple el requisito de dejar claro ese carácter de voluntariedad. Cada primavera, con la apertura del período de matriculación, vuelve a ponerse encima de la mesa el debate sobre el cobro de cuotas en los colegios concertados, que en ocasiones también se camufla a través de denominaciones tan diversas como "donativo colaborador", "aportación voluntaria" o "desgaste de patio", según explica Leticia Cardenal, presidenta de Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), mayoritaria en la enseñanza pública. 

"Por nuestro conocimiento del ámbito educativo sabemos que el cobro de estas cuotas irregulares es una práctica absolutamente generalizada. Los colegios suelen omitir que son voluntarias y los padres acceden a pagarlas", añade Cardenal, que alude a los informes que Federación de Asociaciones de Padres (FAPA) Giner de los Ríos, mayoritaria en la enseñanza pública madrileña, y la Asociación de Colegios Privados CICAE registraron hace unos meses.  

Según este documento, realizado en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el 77% de los centros no menciona la voluntariedad de cuotas en la visita informativa de los padres. En el 23% restante sus responsables sí mencionan en las visitas o dejan por escrito que estos pagos no son obligatorios, si bien tienden a matizar después verbalmente que sí lo son. Estos pagos por actividades voluntarias, sumando servicios complementarios, alcanzan los 148 euros mensuales de media en los centros consultados, según dicho informe. 

CEAPA denuncia la situación de "desprotección" en la que quedan las familias pues, para conseguir una plaza escolar en estos colegios, deben aceptar sí o sí las condiciones de cuota mensual que se les exigen a pesar de que los centros no les informan del carácter no obligatorio de las actividades que sustentan esos pagos e incluso de que omiten en sus circulares datos tales como el contenido de esas actividades o el horario en el que se desarrollan. Y apunta a la ausencia de un control público efectivo. 

Según Cardenal, estas prácticas explican también la alta fragmentación que existe en la red de centros educativos según los recursos de las familias. En este sentido, un estudio reciente de dos profesores de la Autónoma de Madrid alertó de que España es el sexto país de la UE con mayor segregación en las aulas por motivos socioeconómicos. 

Profesionales y usuarios piden que la mejora de la economía se traslade a sanidad y educación

Ver más

A preguntas de este periódico sobre los pasos necesarios para acabar con esta brecha, uno de los autores de este documento, F. Javier Murillo, apuntó a la necesidad de que se haga efectivo el cumplimiento de la legislación en lo que se refiere a que los centros educativos no pueden excluir a ningún estudiante y, en concreto, a los centros concertados que hacen un papel de selección que va "más allá de lo que les corresponde".

En la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa), mayoritaria en la concertada, rebajan la existencia de esta práctica a "algún caso puntual". Su presidente, José Caballero, asegura que no es ni mucho menos una práctica generalizada y que las familias, cuando deciden escolarizar a sus hijos en centros concertados, lo hacen "totalmente informados" de que este tipo de cuotas son voluntarias. "Si hay algún caso, que se denuncie y se cumpla la ley", asevera. 

Por otro lado, también los colegios privados no subvencionados están en pie de guerra contra estas cuotas porque sostienen que generan una competencia "absolutamente desleal" respecto a sus centros, pues los concertados reciben financiación pública (el salario de los docentes y el funcionamiento de los centros corre a cargo de la Administración) y al mismo tiempo cobran cuotas voluntarias en ocasiones sin dejar claro que lo son, tal y como sostiene Elena Cid, directora gerente de CICAE.