Rebaja en la petición de penas para Correa y Costa por confesar la financiación del PP pero insuficiente para eludir la cárcel

La Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir una rebaja drástica en las penas aplicables a los dos acusados de mayor relevancia mediática y política -Francisco Correa y Ricardo Costa- en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de Valencia gracias a la trama Gürtel y a la ayuda de grandes adjudicatarios de la Generalitat. Ambos confesaron en el juicio que el PP se nutría de dinero negro y que parte de los gastos de las campañas electorales de 2007 y 2008 fueron sufragados por empresarios afines mediante facturas falsas abonadas a Orange Market.

Para el jefe de la trama, Francisco Correa, Anticorrupción solicitaba 22 años que ahora se ven reducidos a 7,3 años mientras que para el antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, reclama cuatro años y tres meses, casi la mitad de lo que originalmente pedía. No obstante, la reducción no permitiría eludir la prisión a Costa -Correa ya cumple condena por el primer juicio de la serie, el de los contratos de Fitur- la sentencia resulta finalmente condenatoria y aplica las penas solicitadas por Anticorrupción. Y no lo permitiría porque las penas superan el umbral de los dos años. En medio de la sesión, y justo cuando acababa de terminar su informe la fiscal, el juez que dirige la vista, José María Vázquez Honrubia, ha informado de que ya ha llegado la transferencia de Suiza con 2,2 millones de Correa, que busca así mostrar su cooperación con la justicia.

La declaración de Costa en este juicio asestó el mazazo definitivo al PP valenciano, al que, paradójicamente, la Fiscalía no lo considera en esta causa beneficiario económico -partícipe a título lucrativo- de los delitos atribuidos a los acusados. "Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro", admitió el que fue secretario general del PP valenciano en la etapa de Francisco Camps. 

La fiscal ha argumentado que no incluyó al PP como presunto partícipe a título luctrativo porque ni el delito electoral ni el de falsedad documental "no generan" responsabilidad civil. En el momento en que se produjeron los hechos -ha remarcado- la financiación irregular no estaba tipificada como delito. Hoy, lo que ocurrió en las campañas de 2007 y 2008 constituiría "un delito del artículo 304 bis del Código Penal". Es decir, un delito de financiación ilegal.

Costa señaló a Camps como la persona de la que procedía "el encargo" de recaudar dinero negro de empresarios que tenían adjudicaciones públicas de la Generalitat. Lo supo, según sus palabras, en 2005. Pero aquel era "un sistema preestablecido ya anteriormente". Esta mañana, la fiscal ha hecho la que parece una alusión inequívoca a por qué Camps nunca estuvo imputado en este caso: "Habría sido muy de agradecer que algunas cosas se contaran en 2010".

En relación con falsedad o electorales se han puesto de manifiesto también la posibilidad de que hubiera un partícipe

Los otros dos miembros de la cúpula de la red Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, también han visto reducidas las respectivas penas de prisión solicitadas por la Fiscalía. Para Crespo, la fiscal Miriam Segura solicita ahora 13 años y seis meses frente a los 22 originales; para El Bigotes reclama 16 años y seis meses en lugar de los 27 iniciales. Ambos admitieron igualmente durante las sesiones del juicio que el PP se benefició de una financiación opaca.

Una deuda "inconfesable"

En la exposición de su informe de conclusiones, la fiscal Miriam Segura ha relatado cómo los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano generaron "una deuda muy elevada que se fue pagando con dinero negro y facturas". Una "deuda inconfesable", ha abundado la fiscal.

La investigación concluyó que esa deuda ya ascendía a un millón de euros tras los comicios autonómicos y locales de 2007. En caso de duda sobre las cifras, ha remarcado la fiscal, la Fiscalía siempre acudió a la más baja. Es decir, aquella que más beneficiaba a los acusados.

La falsedad documental que se atribuye a los acusados -19 en total, de los que 13 han admitido total o parcialmente los delitos- no fue coyuntural, ha enfatizado la representante del ministerio público. "Lo que se ha construido ad hoc es un conjunto de facturas en A que complementan los pagos en B". Esas facturas falsas en A son las que abonaron los empresarios que en este juicio han compartido banquillo con cinco antiguos políticos del PP valenciano y con cinco miembros de la red Gürtel.

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La declaración judicial del antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, hizo que por primera vez en la historia judicial española, la financiación de un partido al margen de la ley fuese admitida por los contratistas públicos que pagaron, por los responsables de la empresa que cobró en negro y con facturas falsas por la organización de actos electorales y –es el caso de Costa– por quien se situaba en el puente de mando de la formación política que aplicó en su beneficio ese sistema.

En esta causa han sido juzgados nueve empresarios, que confesaron a cambio de aceptar el pago de una multa para conjurar así el peligro de prisión. Los nueve asumieron el pago de facturas falsas por 1,2 millones de euros. Todas ellas ocultaban servicios prestados por Orange Market al PPe 2007 en las campañas de las autonómicas y las municipales de 2007, así como en las generales de 2008. Entre los actos que se financiaron de forma opaca figuran dos mítines de Mariano Rajoy en la plaza de toros de Valencia.