Cinco años tras la tragedia de Angrois: las víctimas confían en que la comisión desmonte la “verdad oficial”

"El 24 de julio de 2013 el viaje terminó para siempre para 80 personas y se destrozaron otras muchas vidas, las de la gente que perdió a sus seres queridos. Para otros comenzó una dura batalla entre la vida y la muerte y dejó heridas que cambiaron nuestras vidas". Son las palabras de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, que este martes conmemora el quinto aniversario del accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, que se cobró la vida de 80 personas y dejó heridas a otras 144. Eran las 20:40 de la tarde. El convoy cubría la ruta entre Madrid y Ferrol (A Coruña), pero nunca llegó a su destino. Tres minutos antes de entrar en la estación de Santiago, el tren descarriló en la curva de A Grandeira, en Angrois. En aquel momento, comenzó la dura batalla de los familiares de los ocupantes del Alvia, una lucha que, tras un lustro, ha dado sus primeros frutos. 

La primera hipótesis que explicó los motivos del accidente fue la velocidad y, por tanto, el único responsable de lo ocurrido fue el maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, que atravesó el punto kilométrico 84,413 a 179 kilómetros por hora. Sin embargo, posteriormente se desveló que las causas del accidente iban mucho más allá. Y que, de hecho, el propio conductor del Alvia ya había avisado del peligro que suponía la curva. "Era un accidente anunciado", dijo. 

Lo aseguró en la comisión de investigación parlamentaria que echó andar el pasado mes de junio. La venían solicitando los familiares de las víctimas desde hacía años, pues la investigación judicial no era suficiente. Hay responsables políticos, sostienen, y estos tienen que asumir sus responsabilidades. Confían, así, en que se desmonte la "verdad oficial". "Durante cinco años, la maquinaria del Estado ha trabajado para eximir la responsabilidad de quienes fueron negligentes, tratando por todos los medios de echar toda la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista, evitando cualquier tipo de responsabilidad y contaminando a la opinión pública con mentiras", critica la plataforma a través de un comunicado. 

La investigación también continúa abierta en los tribunales y ya cuenta con un total de siete imputados. Sin embargo, según afirma a infoLibre Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de víctimas, la principal reivindicación es que, de una vez por todas, los responsables políticos implicados en la tragedia asuman sus responsabilidades. 

Responsabilidad de dos ministros de Fomento

Después del accidente y de que se achacara a un error humano, comenzaron a salir a la luz algunos datos relevantes que implicaban a más personas. La seguridad, tal y como dijo el propio maquinista, no estaba garantizada. El proyecto, además, salpica a tres Gobiernos distintos y a cinco ministros de Fomento diferentes. La planificación y edificación del tramo de alta velocidad Ourense-Santiago, de 87,1 kilómetros, recorre tres Gobiernos: el de José María Aznar, el de José Luis Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy; y cinco ministros de Fomento: Rafael Arias-Salgado, Francisco Álvarez-Cascos, Magdalena Álvarez, José Blanco y Ana Pastor. 

Precisamente estos dos últimos –Blanco, ministro en el Ejecutivo socialista de Zapatero, y Pastor, ministra con Rajoy y actual presidenta del Congreso de los Diputados– son los que, a juicio de las víctimas, deberían asumir responsabilidades. Blanco dirigía Fomento cuando se produjo el cambio del proyecto original y el que suprimió el sistema de seguridad en el tramo más peligroso, donde aparece la primera curva después de una larga recta. El proyecto, tal y como estaba, llevaba años aprobado y ya estaba en ejecución. Pero a esta decisión se sumó la de su sucesora en el cargo, Pastor, que desconectó el sistema de frenado automático ECTS/ERTMS. ¿El motivo? Generaba demasiados retrasos. 

"Exigimos la dimisión de Ana Pastor y además entendemos que José Blanco debería dejar su cargo de eurodiputado", denuncia Domínguez, que explica que estas dos personas tuvieron, de manera directa, responsabilidad en el accidente. 

Los dos exministros han rechazado reiteradamente esas acusaciones. Blanco alega que sólo tomó "la decisión política de garantizar recursos para el AVE". Otro tipo de decisiones que se fuesen adoptando "con criterios técnicos o no" sobre la concreción de esa decisión política, dijo, no son responsabilidad suya sino de quien las tomase.

Pastor, por su parte, se mostró en un primer momento colaborativa con las víctimas. Fue una posición que, sin embargo, abandonó pronto. El 9 de agosto del año 2013, poco más de dos semanas después del accidente, la entonces ministra de Fomento compareció en el Congreso en una sesión extraordinaria para informar sobre las acciones de la cartera que dirigía en relación a lo sucedido en la curva de Angrois. Durante su intervención, se comprometió a impulsar una serie de acciones que los años han ido guardando en un cajón. Dijo, además, que se mostraría dispuesta a ayudar a la Justicia. En este contexto, afirmaba su voluntad de impulsar una investigación independiente, no sólo por parte de los juzgados, sino también mediante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). En el año 2017, no obstante, Bruselas se percató de que tal independencia no había existido en absoluto. La Comisión Europea reclamó entonces a Fomento reabrir la investigación para esta vez "llevarla a cabo con total independencia".

"También pidió una auditoría al entonces secretario de Estado, Rafael Catalá, sobre el cumplimiento de la normativa de la línea Ourense-Santiago", añade Domínguez. "Todavía no ha salido por ningún lado", lamenta. 

Responsabilidad de los altos cargos de Renfe y Adif

Pero Domínguez tampoco olvida a los responsables de seguridad de Renfe y de Adif, ambos imputados en el proceso judicial abierto para esclarecer las causas y los responsables del accidente. El director de Seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, "que debería ser cesado de forma inmediata", fue quien solicitó a su homólogo en Adif, Andrés Cortabitarte –actual subdirector de Innovación de Adif–, autorización para desconectar el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) y circular sólo con el sistema convencional de control puntual (el ASFA). Se suponía que esta situación se mantendría hasta que Renfe solucionara ese problema. No se hizo hasta 2014, un año después de la tragedia. Cortabitarte, en cambio, declaró desconocer este cambio. 

El juez citó a declarar a Lanchares por haber tomado esta autorización sin ni siquiera haber evaluado los riesgos que supondría. "Como responsable de seguridad me siento, digamos, fracasado y lamento el accidente", dijo en el Congreso de los Diputados, en la subcomisión de análisis del sistema ferroviario español creada tras el siniestro. 

Pero es que, además, y según declaró en la comisión de investigación del Congreso, el jefe de Tráfico de Renfe, Nicolás Izquierdo, no leyó la advertencia sobre la peligrosidad de la curva de Angrois a pesar de haber recibido el aviso. Se justificó porque, aseguró, el informe "era muy extenso". 

Tanto Lanchares como Cortabitarte, finalmente, fueron imputados junto al maquinista, otro cargo de Adif y tres de Ineco, la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que no evaluó la curva de Angrois. El motivo: Adif sólo solicitó la evaluación hasta el tramo anterior a la curva de A Grandeira. 

Reunión con José Luis Ábalos

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El nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se reunirá con los familiares de las víctimas en el mes de septiembre. Después de la reunión que mantuvieron con Pastor, que esquivó el encuentro durante gran parte de estos cinco años, la plataforma que preside Domínguez envió una carta al nuevo ministro socialista para saber si piensa "cesar a los altos cargos imputados de Renfe y Adif" y para solicitarle "la auditoría sobre el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad en la circulación que la exministra encargó" a Rafael Catalá.

Además, le instaron a que la institución "colabore tanto con el juzgado como con la comisión de investigación parlamentaria entregando toda la documentación que se solicite". "Esta es la única forma de obtener verdad y justicia, por la que luchamos, para que así podamos descansar y no se genere más dolor", concluyó la carta. 

Por el momento, la imputación de seis personas más además del maquinista –el único responsable, según la "verdad oficial"– y las comparecencias que se han venido produciendo en la comisión de investigación –que se retomarán con los cargos políticos tras los meses de verano– generan optimismo en los familiares de las víctimas. "Hemos conseguido que la lucha sirva. Gracias a nuestra batalla de cinco años y a base de mucho esfuerzo hemos pasado de un imputado a siete y tenemos una comisión de investigación parlamentaria. Estamos contentos", concluye Domínguez.