Expertos y ONG critican la acogida 'voluntaria' de migrantes a golpe de talonario: “La crisis es política, no económica”

La Unión Europea publicó este martes su última propuesta en materia migratoria: poner precio a la acogida. Concretamente, 6.000 euros por migrante. La medida llega casi un mes después de que se produjera la reunión entre los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho, que acudieron a Bruselas el pasado 28 de junio para tratar de buscar puntos en común en sus políticas migratorias. Ahora es el momento en el que comienzan a matizarlos y empiezan a concretar en qué consistirán.

Y este ha sido el primero. La intención de la Comisión Europea es trazar un plan para apoyar de manera temporal a los países del Mediterráneo, como España, que permitan los desembarcos de buques de rescate en sus puertos y entregar, de forma paralela, 6.000 euros por cada solicitante de asilo acogido por parte de un Estado miembro. La primera parte de esta propuesta ya se conocía: los migrantes y refugiados, pretenden, llegarán a lo que han bautizado como "centros controlados". Una vez allí, se realizará una criba que distinguirá entre los potenciales solicitantes de asilo y los que cruzan las fronteras por motivos económicos. Los primeros tendrán derecho a ser reubicados dentro de la Unión Europea. Y aquí es donde llega la segunda medida, matizada este martes: el país que esté dispuesto a ello recibirá, por cada uno, 6.000 euros. 

No obstante, la intención de Bruselas es que estas medidas sean temporales hasta que los países miembros desbloqueen la reforma del sistema común de asilo, que generó profundas divisiones en el seno del Consejo Europeo. Y es que el tablero está dividido: de un lado, países como Italia –que tras el nombramiento del ultraderechista Matteo Salvini como ministro del Interior ha reforzado sus políticas migratorias xenófobas–, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, que mantienen el discurso de que "en Europa no cabemos todos", ejemplificado con el cierre de fronteras; del otro, los países que, como España, han tratado de poner en práctica otras medidas menos radicales, al menos de cara a la galería. 

Esta división, sin embargo, está ahora más presente que nunca porque el Consejo Europeo de finales de junio cambió sustancialmente los deberes migratorios de los Estados. Y aquí está, según los expertos y las organizaciones consultadas por infoLibre, el quid de la cuestión. La acogida ha pasado de ser obligatoria a ser voluntaria. Así, la creación de los "centros controlados" será a gusto de los Veintiocho, que también elegirán si quieren o no recibir a migrantes y refugiados en su territorio y recibir, así, los 6.000 euros procedentes de Bruselas. 

El argumento de Salvini es claro: Italia soporta demasiada presión migratoria sin ayuda de sus compañeros en la UE. Por ello, su demanda consiste en que las llegadas deben ser repartidas entre los Estados miembros. Pero, ¿es el aliciente económico una solución? Los expertos dudan seriamente de su eficacia. 

Ausencia de obligatoriedad

La primera razón por la que los expertos en materia migratoria rechazan solucionar la división a golpe de talonario es simple: si los Estados no acogían ni cuando se enfrentaban a multas si no lo hacían, ¿por qué lo iban a hacer ahora? En 2015, cuando las llegadas de migrantes y refugiados superaban todas las estadísticas, los Veintiocho adoptaron el compromiso de recibir una cuota determinada –y obligatoria– de personas en su territorio en el plazo de dos años. Pero se quedó sólo en eso, en un compromiso. Ninguno de los países de la UE, incluyendo a España, cumplió con su promesa. 

"A priori, la efectividad de la medida es dudosa", afirma Eva Garzón, responsable de Desplazamiento Global de Oxfam Intermón. "Creemos que la dimensión económica no va a ser determinante porque la crisis es más política que de otra índole, incluyendo la económica", añade. A su entender, según explica en conversación con este diario, sí debe existir una responsabilidad compartida entre todos los Estados, puesto que los países del Mediterráneo no deben ser los únicos encargados de la acogida y el asilo de todas las personas que llegan, vía marítima, a las fronteras europeas. 

Con ella coincide el catedrático y ex presidente de CEAR Javier de Lucas, que apunta a que "desde el momento en el que se abandona el término 'obligatorio' se desmonta el carácter europeo de la política migratoria". "La UE está recurriendo a lo de siempre: 'toma el dinero, ahora apáñate tú como puedas'", critica. La propuesta, por tanto, no es más que un "maquillaje". 

El Gobierno español, por su parte, todavía no se ha pronunciado. infoLibre contactó con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que señaló que, "hasta que no se precise un poco más", no harán ningún tipo de valoración. De momento, el presidente, Pedro Sánchez, continúa con su intento de desmarcarse de las políticas migratorias que llevó a cabo el Gobierno conservador liderado por Mariano Rajoy, aunque con el telón de fondo de la oposición, sobre todo de Unidos Podemos, que le reclaman una mayor distinción de las políticas del PP. 

Los Estados ya recibían fondos para destinar a la acogida

Los Estados europeos no sólo estaban obligados a reubicar a un número concreto de personas, sino que también recibían financiación por ello. Según informa Amnistía Internacional, la medida, por ello, "no es nueva". "La UE siempre ha ofrecido fondos a los Estados miembro para la acogida de migrantes. Lo hizo a través del programa de reubicación o con el Fondo de Ayuda a Refugiados", explican fuentes de la organización.

El llamado Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) es el instrumento del que se han dotado los Veintiocho para promover la "eficacia de los flujos migratorios" y el "fortalecimiento de una política común en materia de asilo e inmigración". Cada seis años se elabora una partida presupuestaria nueva (la actual se elaboró en 2014 y finaliza en 2020) que especifica la financiación de tres políticas diferenciadas: las de asilo, las de integración y las que en el lenguaje oficial se han venido a denominar retorno. Estas últimas son las que, En España, según ha comprobado este diario, se destinan al mantenimiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y a llevar a cabo las expulsiones de los indocumentados. Es la partida que, según el presupuesto que la UE elaboró para el periodo comprendido entre los años 2014 y 2020, tiene una mayor financiación. Más de 116 millones de euros. El asilo y la integración, juntas, suman algo más de 153 millones.

Y esta, precisamente, es otra de las críticas de los expertos. Según De Lucas, la financiación europea no debería ser utilizada para esto, sino para la acogida. "Es innecesario que los Estados gasten en lo que están gastando actualmente", critica.

Y, en el mismo sentido se pronuncia Garzón, que cree que la política migratoria de los Veintiocho se ha basado en el control y no en la acogida. "Desde hace décadas, la política migratoria europea tiene más que ver con el freno de la migración que con la gestión de los movimientos de las personas", lamenta. Así, afirma, se priva a los refugiados de acceder a la protección internacional que demandan y que, por ley, les corresponde. Y como no se sabe todavía a qué se destinarían los 6.000 euros propuestos por Bruselas se comprueba, una vez más y según señala, la dudosa eficacia de la medida.

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Así las cosas, hay quien ya ha calificado la propuesta de "victoria" para el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini. Es el caso de Daniel Rivas, miembro de Maydayterraneo, que no duda en afirmar que "la UE y sus Estados están comprando su discurso". "Pase lo que pase, Salvini siempre gana: si desembarcan en Italia conseguirá que se reubiquen en otros países –o eso se pretende con el incentivo económico– y, si no llegan a desembarcar, vence también porque es su pretensión", critica. 

Y además, según lamenta, se trata de otra victoria a nivel discursivo. El argumento que se fomenta proponiendo incentivos económicos para la acogida es, según Rivas, que la migración es "algo negativo" y "un esfuerzo" para los Estados. "A nosotros nos parece erróneo el planteamiento de la UE porque está convirtiendo la migración en algo que tiene consecuencias –encima, negativas–. La UE dice: 'como recibir personas es negativo, te premiamos con dinero'", explica. 

De momento, la propuesta solo se ha quedado en eso. Serán los Estados los que, tras valorarlo y discutirlo, acepten o no la medida de Bruselas. Aunque, según apuntan los expertos consultados, el carácter voluntario podría llevarles a aceptarla. Mientras tanto, continúa el bloqueo fronterizo de los puertos europeos, sobre todo de los italianos, algo que Human Rights Watch (HRW) ya ha criticado porque, a su entender, se ha convertido en "una receta para una mayor pérdida de vidas" y para mantener los abusos que sufren las personas "atrapadas" en Libia. España, por su parte, ya ha visto llegar a casi 20.000 migrantes a sus costas –superando ya las llegadas a Italia– y 294 fallecidos en el intento.