El independentismo busca fórmulas para recuperar la iniciativa y esconder sus discrepancias estratégicas

Después de meses de vaivenes, desencuentros y parálisis institucional, consecuencia de las dificultades que supuso la formación de nuevo Govern tras las elecciones del 21 de diciembre y de las problemas para articular mayorías estables en el Parlament, en parte como resultado de la peripecia judicial del procés, el independentismo catalán quiere aprovechar un calendario repleto de efemérides políticas favorables —la Diada y el primero aniversario del referéndum del 1 de octubre entre ellas— para recuperar la iniciativa política y tapar las discrepancias estratégicas entre Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP.

La defensa de los lazos amarillos frente a quienes como el PP y Cs quieren impedir su exhibición en público y la reivindicación de los presos del procés son ahora mismo el cemento que mantiene unidos a los diferentes sectores. La negociación de los presupuestos catalanes para 2018 y la visión contrapuesta sobre la mejor manera de avanzar hacia la independencia, son dos de las grietas que amenazan la unidad de acción.

El president de la Generalitat, Quim Torra, pondrá este martes letra a la hoja de ruta del soberanismo. Lo hará a partir de las siete de la tarde en el Teatro Nacional de Catalunya, un escenario cargado de significación para los independentistas, con un conferencia que ha titulado Nuestro momento. En ella, más allá de la retórica secesionista, se espera que el president verbalice los límites del diálogo con el Gobierno de Sánchez, esencialmente en torno a la situación de los presos.

Los dirigentes del procés encarcelados se han convertido en la demanda central del soberanismo, más urgente que las reivindicaciones sobre el derecho a decidir, hasta el punto de que ya son el nudo gordiano del que depende el frágil diálogo iniciado entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez.

Torra y ahora también Esquerra piden expresamente la intervención del Gobierno a través de la Fiscalía para que los presos dejen de ser acusados del delito de rebelión, el más grave de los tres por los que van a ser juzgados en el Tribunal Supremo y el único que puede mantener a los acusados en la cárcel durante décadas.

Unidos Podemos y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumaron este lunes a la petición. Y el lehendakari, Iñigo Urkullu, cuyo partido es también clave para el Gobierno, pidió a su vez “altura de miras”. El proceso judicial que planteado contra los políticos del procés está “revestido de una acusación de rebelión” que cree que “no existe”. “Sería bueno que los presos estuvieran en la calle para que pudieran expresarse en base al contexto que se quiere construir”, argumentó en declaraciones a Radio Euskadi.

Los soberanistas tienen ya todo listo para celebrar los actos institucionales de la Diada del 11 de Septiembre que organizan conjuntamente la Generalitat y el Parlament y que incluirán un petición expresa de libertad para los políticos encarcelados y a los que permanecen fuera de España para evitar la acción de la Justicia.

Todo apunta a que los presos y la movilización permanente para reclamar su libertad serán los ejes de unidad de acción del independentismo en los próximos meses. Y el principal obstáculo para que el Gobierno de Sánchez pueda construir la mayoría parlamentaria que necesita para sacar adelante sus proyectos en el Congreso de los Diputados.

Conferencia pactada

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, aseguró este lunes que el presidente Torra, ha consensuado con “con los miembros del Govern”, también con los de Esquerra, el contenido de su conferencia. Y a pesar de las discrepancias con Junts per Catalunya, apeló a la unidad de todos los actores que forman el soberanismo catalán.

El territorio común del independentismo se reduce en estos momentos a la defensa del derecho a colocar y lucir lazos amarillos en espacios públicos, frente al intento de la derecha —PP y Cs— de prohibirlos y a la exigencia de que el Gobierno intervenga, a través de la Fiscalía, para que los presos del procés no acaben siendo juzgados por el delito de rebelión. Más allá de ese estrecho margen empiezan las discrepancias.

La CUP, fiel a su estrategia rupturista, ya ha dejado claro que no dará su apoyo al proyecto de presupuestos para 2018 que el Govern de coalición formado por JxCat y Esquerra tienen que enviar al Parlament.

Esquerra, comprometida con la prolongación de la legislatura catalana, explora soluciones que permitan al Govern construir una mayoría que saque adelante los presupuestos con la ayuda de la marca catalana de Podemos —Catalunya en Comú— e incluso especula con la posibilidad de llegar a alguna clase de acuerdo con el PSC, una hipótesis que se alimenta de la necesidad que el Gobierno socialista tiene de los votos del PDeCAT de Esquerra para sacar adelante sus propio proyecto presupuestario.

La posición del partido de Oriol Junqueras, el preso más relevante del procés, sigue siendo la misma que defendió en las elecciones de diciembre: hace falta construir puentes más allá del soberanismo para ampliar la base social de independentismo. Por eso, y aunque no renuncian a la independencia y al derecho a decidir, los republicanos tratan de evitar cualquier desafío legal, huyen de la gesticulación y enfatizan la necesidad de negociar. Sobre todo con los comunes pero también con los socialistas.

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La estrategia de Esquerra de atraer voluntades a la reivindicación soberanista no puede ser más distinta de la de Puigdemont. El pasado mes de julio el expresident tomó el control del PDeCAT y activó la Crida Nacional por la República (CNR), un nuevo intento de reunir bajo una única organización a todos el independentista catalán. Esquerra sigue resistiéndose a ese canto de sirena, que busca reproducir en Cataluña el modelo que dio origen al hegemónico Partido Nacionalista Escocés. Ya lo hizo en noviembre cuando Puigdemont trató de conseguir, sin éxito, que el soberanismo se presentase a las elccciones en una candidatura única.

Mientras tanto, Torra —y Puigdemont— sigue jugando a la ambigüedad cuando se le pregunta acerca de la posibilidad de una nueva convocatoria electoral que trate de aprovechar la movilización social que está a punto de comenzar y que el soberanismo quiere culminar cuando se celebre el juicio contra los presos del procés, que según algunas fuentes no comenzará antes de finales de noviembre.

JxC y ERC se esfuerzan estos días para cerrar un acuerdo en torno al estatus de Puigdemont en el Parlament. Las discrepancias en torno a este asunto, que amenazan la mayoría independentista en la Cámara, ya llevaron a su presidente, el republicano Roger Torrent, a suspender indefinidamente las sesiones. Y así, cerrado, lleva el legislativo catalán desde mediados de julio.