Rato se plantea un recurso ante el TC que difícilmente evitaría su entrada en prisión

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la condena a cuatro años y medio de cárcel para el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las famosas tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que causó un quebranto económico de más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012. La sentencia, que también mantiene las penas de entre cuatro meses y cuatro años y medio de prisión para 63 exdirectivos de la entidad, ratifica que Rato mantuvo “conscientemente” desde su llegada a la presidencia del banco un sistema “pervertido en su origen y en su traslado a la práctica”. Tras más de cinco años de un largo proceso judicial, las acusaciones celebran, en líneas generales, la decisión del Supremo y se mantienen a la espera del paso que pueda dar el expresidente de Bankia para intentar evitar su ingreso en prisión.

La resolución del alto tribunal, que confirma la sentencia dictada en febrero de 2017 por la Audiencia Nacional, apunta que durante casi una década se prescindió en la entidad “del camino legal” y se estableció “un sistema nuevo, consistente en utilizar el concepto permitido de indemnizaciones pero suprimiendo la exigencia legal de justificación documental del gasto”, lo que permitió a los titulares de las tarjetas utilizarlas en su propio beneficio. Así, el Supremo considera probado que los condenados “disponían a su antojo y sin control alguno” del dinero de la entidad, invirtiéndolo en lo que consideraban oportuno – restaurantes de lujo, salas de subastas, hoteles o tiendas de ropa exclusiva– y actuando “como si fueran dueños” de todas esas cantidades. En definitiva, que durante todos esos años no hubo más control que “los limites mensuales o anuales establecidos” en las black.

En cuanto a Rodrigo Rato,  el fallo apunta que no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el cargo. A pesar de ello, el exvicepresidente del Ejecutivo “mantuvo el sistema, e incluso lo amplió a otras personas” cuando accedió a la presidencia de Caja Madrid. “El recurrente fue informado de esa situación, y su decisión fue no solo mantener el sistema sino extenderlo a su favor y, posteriormente, ya en Bankia, de las otras personas mencionadas –los exdirectivos Ildefonso Sánchez Barcoj y José Manuel Fernández Norniella–“, asevera el alto tribunal, que recuerda que Rato también utilizó una tarjeta en provecho propio “a pesar de que debería haberse sentido advertido de la irregularidad de la situación por el consejero delegado [Francisco] Verdú, cuando rechazó la tarjeta que se le entregó”.

Además, el Supremo considera que la pena de cuatro años y medio impuesta al también ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) es proporcionada por su posición preeminente en las entidades de cuyo patrimonio “se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás”, una posición que le obligaba especialmente a la protección de los intereses de aquellas, “lo que desconoció durante un apreciable periodo de tiempo y por cuantías importantes”. “Ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables”, sentencia el Supremo.

¿Ingreso inmediato en prisión?

Desde 15MpaRato, la acusación ciudadana que impulsó el caso Bankia –otro frente judicial que afecta al exvicepresidente del Gobierno–, valoran “muy positivamente” la resolución del alto tribunal. “No solo se ha conseguido que la condena de cárcel a Rato se mantenga sino que hemos evitado que se siente un peligroso precedente de impunidad”, ha afirmado el colectivo en un comunicado, en el que pidieron el “inmediato ingreso en prisión” del expresidente de Bankia. “Ya tendría que estar en la cárcel”, asevera en conversación telefónica con este diario Simona Levi, co-fundadora de 15MpaRato, que celebra el trabajo realizado por “la ciudadanía” durante todos estos años. En abril de 2017, tras la primera sentencia condenatoria, la Audiencia Nacional decidió dejar al exvicepresidente del Gobierno en libertad sin fianza a la espera de que se emitiera sentencia firme tras analizar los recursos de los acusados.

El fallo del Supremo activa, por tanto, la cuenta atrás para el ingreso de Rato en prisión. Ahora, el alto tribunal deberá remitir la orden de ejecución de sentencia, tras lo cual el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional tendrá entre 5 y 10 días para ingresar en prisión. Sin embargo, las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre señalan que la defensa de Rato podría intentar bloquear la ejecución de la sentencia “interponiendo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o presentando una solicitud de indulto”. Tras conocerse la sentencia, la Fiscalía Anticorrupción ha dejado bien claro que se opondrá a cualquier intento de los condenados de retrasar su ingreso en prisión por cualquiera de las dos vías.

Las acusaciones tampoco descartan que Rato pueda intentar utilizar el cartucho del Constitucional para esquivar, de nuevo, su entrada en la cárcel. “Como vía, la opción más sencilla y técnicamente probable es que se plantee el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión de condena tanto para él como para todos aquellos que tengan una pena superior a dos años”, señala Raúl Maíllo, el abogado de la Confederación General de Trabajadores (CGT) en el proceso. Coincide con él Andrés Herzog, letrado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), acusación popular en el caso: “Supongo que lo intentarán llevar al Constitucional, pero no creo que eso les sirva. Lo tiene difícil, lo lógico es que entrara en prisión de forma más o menos inmediata”.

En este sentido, el TC establece dos supuestos en los que, con carácter general, casi nunca se produce una suspensión de la ejecución: “Los pronunciamientos con efectos fundamentalmente patrimoniales o de contenido económico” –siempre se puede restituir lo ejecutado– y “las penas privativas de libertad que tengan la condición de graves” –por encima de cinco años de prisión–. En el caso de Rato, la condena es de cuatro años y medio, inferior al límite que establece la jurisprudencia del TC. De hecho, estar por debajo de la línea roja de los cinco años fue clave para que en noviembre de 2017 el Constitucional suspendiese la ejecución de la pena al grupo de fascistas condenados por asaltar en 2013 la librería Blanquerna en Madrid. También es cierto que, en aquella ocasión, el Ministerio Fiscal “interesó la suspensión de la penas privativas de libertad”.

Por el momento, el expresidente de Bankia, no ha decidido si presentará un recurso de amparo ante el TC. "Todavía no tengo tomada ninguna decisión", se ha limitado a señalar Rato en contestación a la pregunta de Europa Press de si tiene previsto recurrir la sentencia al Tribunal Constitucional para frenar su entrada en prisión.

La Audiencia Nacional tiene la sentencia de Rato y decidirá sobre su posible encarcelación en los próximos días

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Devolución del dinero

El caso de las tarjetas black ha sido uno de los escándalos más sonados de los últimos años. Cuando José Ignacio Goirigolzarri relevó al exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, al frente de Bankia, justo después del rescate de 22.000 millones por parte del Estado, encargó una auditoría interna en la que salió a la luz el uso de tarjetas de crédito que se entregaron a los directivos entre 2003 y 2012 “fuera de los circuitos ordinarios”. Así, se descubrió que varios altos cargos de Caja Madrid y Bankia gastaron durante ese periodo 12,5 millones de euros de las arcas de la entidad. Rodrigo Rato, por ejemplo, cargó a la tarjeta 99.054,59 euros. Su antecesor en el cargo, por su parte, se pulió en gastos personales 436.688,42 euros.

Con su sentencia, el Supremo también confirma la responsabilidad civil subsidiaria de Blesa y del ex director gerente del FMI. En el fallo de 2017, la Audiencia Nacional hizo responsable a Miguel Blesa –y tras su fallecimiento a sus herederos– de los 9,34 millones de euros gastados durante su etapa al frente de la entidad, mientras que a Rato se le hacía responsable de los 2,6 millones de euros dilapidados durante su mandato. De estas cantidades, habría que descontar los gastos que los dos expresidentes hicieron con sus propias tarjetas y que terminaron restituyendo a las arcas de la entidad. “Prácticamente todos han devuelto el dinero que cargaron a las tarjetas black para conseguir una rebaja de las penas”, sentencia el abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC).