El TC empieza a debatir sobre los recursos de los presos del 'procés' pero deja para enero los de la libertad condicional

El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn mantienen desde hace casi una semana una huelga de hambre en la prisión barcelonesa de Lledoners para protestar contra la “demora injustificada” del Tribunal Constitucional a la hora de resolver la cascada de recursos que los líderes independentistas han interpuesto ante el órgano judicial. Los cuatro políticos encarcelados, para los que la Fiscalía pide penas que oscilan entre los 16 y 17 años de prisión por un delito de rebelión, señalan que mientras no se resuelvan todos estos escritos admitidos a trámite se estará bloqueando su acceso “a los tribunales internacionales y en particular a la justicia europea”. Hasta la fecha, el tribunal de garantías acumula casi una treintena de recursos de los líderes del procés, alguno de ellos presentado hace más de un año. Sobre la mesa, cuestiones como la prisión preventiva o la suspensión en el ejercicio de cargo público.

La huelga de hambre la comenzaron el pasado sábado Sànchez y Turull, a los que se les unieron cuarenta y ocho horas después los exconsellers Rull y Forn. Los cuatro cuentan con la “solidaridad absoluta” del Govern catalán, que ha criticado la vulneración del "derecho a la libertad, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la participación política”. El Síndic de Greuges de Cataluña, por su parte, ha abierto una actuación de oficio para garantizar los derechos de los cuatro políticos catalanes presos durante su huelga de hambre y ha pedido al Tribunal Constitucional que trate con “máxima urgencia” los recursos. “Las dilaciones excesivas en la resolución de estos recursos se podrían considerar como denegación de justicia y podrían abrir la puerta a recurrir por violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos ante el Tribunal Europeo, sin haber agotado todos los recursos internos”, ha señalado el defensor del pueblo catalán en un comunicado.

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha dejado claro que la huelga de hambre no alterará en ningún caso el criterio del Ministerio Público en relación con la causa del procés y ha roto una lanza a favor del Constitucional, que ya “ha manifestado sus tiempos”. El tribunal de garantías alegó que “la complejidad” del proceso, en el que “se integran derechos fundamentales y el análisis de cuestiones de estricta naturaleza penal”, está obligando al Constitucional “a desarrollar una labor minuciosa de estudio” para conseguir en el menor tiempo posible “la mayor protección de los derechos fundamentales implicados”. Hasta el momento, están por resolver 26 recursos. Y otros cuatro más están siendo estudiados para decidir si se tramitan o no.

En conversación con infoLibre, fuentes del Constitucional rechazan tajantemente las acusaciones de bloqueo vertidas por los líderes independentistas. En este sentido, explican que “normalmente” solo la tramitación de los recursos “tarda entre dos y tres meses” y niegan que se esté produciendo ningún “retraso”. En cuanto a la imposibilidad de acudir a la justicia europea hasta que no se agoten todas las vías en España, afirman que si alguna de las materias tiene “carácter excepcional” sí que podrán ir a Estrasburgo antes de que haya una sentencia definitiva. Las mismas fuentes detallan que se ha puesto en marcha por esta avalancha de escritos de amparo un equipo compuesto por cinco letrados y el secretario general adjunto del órgano judicial, todos ellos coordinados por el magistrado Cándido Conde-Pumpido debido al carácter penal de todos estos recursos.

Las fuentes del Constitucional pulsadas por este diario detallan que los escritos de amparo han sido ordenados, y serán resueltos, por materias. Y señalan que en el Pleno previo al parón navideño, que arrancará el próximo martes y que se alargará “durante casi dos semanas”, ya se abordarán los primeros recursos. En concreto, son los que guardan relación con el ámbito de competencias de la causa penal, interpuestos por la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya. En cuanto a los recursos interpuestos por el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y los Jordis contra su situación de prisión preventiva, las mismas fuentes concretan que se abordarán en el primer Pleno que se celebre el próximo mes de enero. En relación con el resto, prevén haberlos despachados antes de que arranque el juicio del procés.

  Prisión preventiva

De los escritos pendientes de resolución, trece están relacionados con la situación de prisión preventiva en la que están inmersos buena parte de los encausados desde hace meses. Entre ellos, se encuentran los dos más antiguos relacionados con el procésprocés que tiene sobre la mesa el Constitucional. En concreto, son los recursos interpuestos en noviembre de 2017 por Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, contra la decisión de la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de mantenerles en prisión provisional. El abogado del expresidente de la ANC, que no entiende cómo después de un año el tribunal de garantías sigue sin resolverlos, señala en su escrito que se ha producido una “vulneración del derecho de libertad” al entender que la magistrada no justificó “mínimamente” las razones por las que consideraba que existía “un riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva”.

Los recursos de los Jordis fueron admitidos por el Constitucional en febrero. Un mes después, el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras pidió amparo cuestionando la decisión del Supremo de mantenerle en prisión preventiva y solicitando que se le reconozcan los “derechos fundamentales a la libertad, a la libertad ideológica, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa, a la presunción de inocencia, a la legalidad, a la participación y representación políticas, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías”. El TC aceptó tramitar el escrito de Junqueras el pasado mes de mayo, justo el día en el que también admitió otro de Sànchez contra la denegación del Alto Tribunal de ponerle en libertad provisional. Y en junio, julio y octubre tomó la misma decisión con los otros cinco recursos que presentaron por esta misma cuestión el líder de Òmnium, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Rull y Turull –estos dos últimos, que comparten abogado, interpusieron uno conjunto–.

A finales de noviembre, la defensa de Rull, Turull y Sànchez volvió a poner sobre la mesa este mismo tema. Lo hizo interponiendo cuatro escritos incidentales ante el tribunal de garantías en los que solicita que se ponga en libertad al expresidente de la ANC –ahora líder del grupo parlamentario de Junts per Catalunya– y a los exconsellers. Para ello, invoca una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se reclama a Turquía que tome las medidas necesarias para terminar con la situación de prisión provisional del expresidente del partido prokurdo HDP, un encarcelamiento que en opinión de Estrasburgo busca “asfixiar el pluralismo y limitar el libre juego político”. Haciendo analogía con el caso turco, el abogado Jordi Pina exige al Constitucional que revoque “a la mayor brevedad” la preventiva de los presos independentistas hasta que no haya sentencia firme sobre el “caso procés”.

  Recursos de carácter político

La segunda pata de la avalancha de reclamaciones gira en torno a la situación política de los encausados. En este sentido, se han puesto sobre la mesa del tribunal de garantías hasta siete escritos diferentes. El primero en llegar fue el de Jordi Sànchez, que el pasado mes de abril recurrió ante el TC la decisión del Supremo de denegarle un permiso penitenciario para asistir al Parlament de Cataluña o, al menos, para participar por videoconferencia en el debate en el pleno de investidura para ser elegido nuevo president de la Generalitat. En el recurso, que fue admitido el pasado mes de mayo, la defensa del ahora presidente del grupo parlamentario JxCat alegaba “vulneración” del derecho a la participación en asuntos públicos y acceso a cargos públicos en relación a la presunción de inocencia.

Dos meses después, el Constitucional dio luz verde a la tramitación de otros cuatro recursos. Los dos primeros, fueron interpuestos por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, los exconsellers Rull y Turull y otros treinta diputados del Parlament contra cuatro autos del instructor de la causa del procés, entre ellos el de procesamiento, primer paso para impedirles ejercer su cargo público. Los recurrentes señalan que dicha resolución vulnera el derecho fundamental de los diputados catalanes a ejercer su cargo público en condiciones de igualdad. Puigdemont, Rull y Turull se presentaron como afectados directos, mientras que el resto de diputados lo hacían como perjudicados indirectos, pues no podrían votar a los tres anteriores en caso de que se propusiera como candidatos a presidir la Generalitat. El TC admitió ambos escritos al apreciar una “especial trascendencia constitucional”.

Ese mismo día, el Constitucional también aprobó tramitar otros dos recursos de amparo interpuestos por el expresidente de la ANC. El primer escrito iba dirigido contra la sanción que le impuso el pasado mes de abril la Comisión Disciplinaria de Soto del Real por enviar desde la cárcel un mensaje de voz que posteriormente fue emitido durante un mitin antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017, un castigo que a juicio de su defensa vulnera los derechos de Sànchez al privarle de “participar en la campaña electoral”. El segundo, se dirigía contra un auto de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo que desestimaba una petición previa del líder del grupo parlamentario JxCat para intervenir en un segundo pleno de investidura a la presidencia de la Generalitat.

A finales de julio, el Alto Tribunal confirmó finalmente la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes en prisión preventiva. Así, la Sala de Apelaciones desestimó los recursos presentados por los parlamentarios aseverando que la ley establece que una vez que el procesamiento es firme y se haya decretado prisión provisional por un delito relacionado “con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”, el procesado que tenga cargo público quedará “automáticamente suspendido”. Tras la decisión del Supremo, Junqueras y Romeva interpusieron un recurso conjunto de amparo ante el Constitucional, que lo admitió a comienzos de octubre. Un mes después, el tribunal de garantías acordó la tramitación de un segundo recurso contra el auto de la Sala de Apelaciones de Sànchez, Turull y Rull.

  COMPETENCIAS

El tercer frente abierto en el TC por los líderes independentistas está centrado en el ámbito competencial de la causa penal. En noviembre de 2017, el juez Llarena decidió asumir la investigación abierta en la Audiencia Nacional por el procés. Casi cuatro meses después de aquel movimiento, la expresidenta del Parlament y la exmiembro de la Mesa de la Cámara catalana Anna Simó recurrieron ante el tribunal de garantías alegando que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), y no el Supremo, el competente para seguir el caso judicial abierto contra ellas. En su escrito, el segundo más antiguo sobre la mesa del Constitucional –se presentó en febrero–, la defensa de ambas apunta que el Alto Tribunal sólo tendría competencia si la causa tuviera derivadas fuera de Cataluña, algo que, a su juicio, no sucede. “[Los hechos imputados] suceden en su totalidad en Cataluña, sin que ninguno de ellos haya tenido lugar en otro país o en el resto del Estado español”, recoge el escrito.

En la misma línea se ha pronunciado la defensa de las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel –huida en Suiza– y Mireia Boya, procesadas por desobediencia. El pasado mes de marzo, el abogado de las dirigentes políticas presentó dos recursos de amparo ante el Constitucional, admitidos a trámite el pasado mes de septiembre, señalando que el órgano competente para asumir la causa contra las exparlamentarias de la CUP es el TSJC. En sus escritos, la defensa cita derechos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como el de ser juzgadas “por un tribunal independiente, imparcial y prefijado por la ley” –no consideran que el Supremo lo sea– o el de tener una “tutela judicial efectiva”.

EL TC rechaza los recursos de Gabriel y Forcadell sobre la falta de competencia del TS

Ver más

  TRASLADOS, PROCESAMIENTOS Y RECUSACIONES

Además de todos estos, el Constitucional también se tendrá que pronunciar sobre otros tres recursos que afectan al exvicepresident de la Generalitat, a la expresidenta del Parlament y a otros tres líderes independentistas fugados. En el caso de Junqueras, el TC tiene pendiente resolver un recurso interpuesto por el político de ERC, que fue admitido a trámite el pasado mes de mayo, contra la decisión del Tribunal Supremo de denegarle el traslado a una prisión catalana, un recurso que habría perdido ya su objeto al encontrarse Junqueras desde hace meses encarcelado en el centro penitenciario de Lledoners. En relación con Forcadell, deberá pronunciarse sobre el recurso de amparo de la expresidenta de la Cámara catalana contra el auto del Supremo que rechazaba la recusación del magistrado Pablo Llarena. En opinión del letrado de Forcadell, se ha vulnerado el derecho de su defendida a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, a la defensa y al juez imparcial.

En cuanto a los líderes independentistas fugados, el tribunal de garantías tiene sobre su mesa un recurso interpuesto por el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers de Educación y Cultura Clara Ponsati y Lluís Puig, respectivamente, contra su procesamiento por rebelión y malversación de fondos públicos. En el escrito, admitido a trámite el pasado mes de octubre, los tres líderes independentistas solicitan la revocación del auto del juez Llarena del pasado 23 de marzo y la anulación de todas las actuaciones contra ellos al no haberse podido defender por estar huidos. La defensa, además, niega que se haya dado el requisito de violencia necesario para imputarles el delito de rebelión, denuncia que se han producido varias violaciones de procedimiento y pide que se anule toda la causa por el procés al entender, al igual que Forcadell y las exdiputadas de la CUP, que el caso debería haber estado en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.