Las elecciones no afectan a Franco

El Gobierno ha ordenado este viernes la exhumación de Franco, tal y como anunció el lunes el Ejecutivo, al comienzo de una semana que se preveía convulsa: solo un día después comenzaba el juicio del procès en el Tribunal Supremo y, en paralelo, el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso. Y, tal como se preveía, las cuentas fueron rechazadas. PP, Ciudadanos y los independentistas situaron así al Gobierno al borde del adelanto electoral que Pedro Sánchez ha anunciado en una declaración institucional en la Moncloa. Los comicios se celebrarán el próximo 28 de abril. ¿Afectará la convocatoria a la exhumación del dictador?

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha aprobado el acuerdo por el que se concluye el procedimiento administrativo y se aprueba la exhumación y traslado de los restos del dictador. "Hemos cumplido un acuerdo de convivencia, de reencuentro y de conciliación con nuestra memoria histórica. Se ha hecho todo lo que se tenía que hacer en el tiempo que se debía de hacer, con los requisitos que debían de hacerse y la seriedad procesal y jurídica que esta decisión merecía", ha dicho Delgado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

El acuerdo del Consejo da a la familia quince días para adoptar un acuerdo unánime antes de hacerse cargo de los restos y señalar un lugar para su inhumación. Y prohíbe expresamente que ese lugar sea la Catedral de la Almudena, en Madrid, o cualquier otro que permita rendirle homenaje, tal y como establece la vigente ley de Memoria Histórica, o que pueda afectar al orden público. Si los miembros de la familia del dictador no se ponen de acuerdo u optan por el silencio, al cabo de los quince días fijados será el Consejo de MInistros el que decida el destino de los restos.

La ministra Delgado no quiso hacer “justicia ficción” y anticipar qué pasará si la familia recurre al Tribunal Supremo y el Alto tribunal ordena suspender la exhumación. Fuentes del Gobierno, sin embargo, calculan que todo el procedimiento, incluida la resolución de un hipotético recurso por parte del Supremo, no se prolongará ya más de mes y medio, de manera que podría porcederse a la exhumación, en el peor de los casos, a finales de marzo o comienzos de abril.

La exhumación fue, en pleno verano, el anuncio estrella de un recién estrenado Gobierno que luchaba en los primeros días en la Moncloa para diferenciarse del anterior Ejecutivo del Partido Popular. El Congreso le sirvió como escenario para anunciarlo. "Es el momento de cerrar heridas que han estado abiertas demasiado tiempo", dijo Pedro Sánchez. Y añadió: "Su materialización, a falta de los últimos retoques, será en breve, en muy breve espacio de tiempo". Esta última afirmación, en cambio, no ha podido cumplirse. Han pasado casi siete meses y Franco continúa en Cuelgamuros. Este viernes han ordenado la exhumación y dado un periodo de 15 días a la familia para que diga dónde quiere enterrar el cadáver.

Las fuentes consultadas por infoLibre creen que este adelanto electoral no afectará a la exhumación. "Va a seguir adelante, es un tema que no va a quedar atrás", afirma Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Exactamente lo mismo que opinan Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), y Alicia Cárdenas, investigadora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Hay margen, coinciden todos. Pero no solo eso. Con la orden que dé el Ejecutivo este viernes, el único escollo posible que podría entorpecer o paralizar la exhumación es la justicia. En concreto, el Tribunal Supremo. "La única traba estará en el plano jurídico, no en el político, a no ser que el Gobierno cambie de parecer, lo que es bastante improbable", asegura Cárdenas. 

El Tribunal Supremo tendrá la última palabra

Hace semanas, el prior del Valle de los Caídos se pronunció oficialmente sobre la exhumación. Lo hizo con una negativa. El benedictino Santiago Cantera remitió el 26 de diciembre una misiva al Gobierno en la que desautorizaba la exhumación del general golpista. El prior, que fue candidato de Falange Española Independiente en las elecciones de 1993 y en los comicios europeos de 1994, argumentó que la medida no contaba con el consenso de la familia Franco y que tampoco había finalizado el pleito judicial. 

La respuesta, no obstante, no fue una sorpresa para el Gobierno. La posición de la Iglesia se había basado, hasta entonces, en apelar a un acuerdo entre el Ejecutivo y la familia. Así lo dijo el Arzobispado de Madrid y la Conferencia Episcopal. Pero el acuerdo no parece posible. La familia Franco, desde el primer momento, se mostró contraria a la exhumación. De hecho, interpusieron un recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el que solicitaban la nulidad del acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el 8 de noviembre para la exhumación de los restos del dictador. Pedían, así, que en tanto se analizaba el fondo del asunto, se paralizara cualquier actuación tendente a trasladar al general golpista fuera del Valle de los Caídos. Pero como el acuerdo no suponía ni la inmediata exhumación de los restos de Franco ni producía una situación irreversible, el Tribunal rechazó la petición de los Franco. 

Es el acuerdo de este viernes el que la familia sí podrá recurrir al Supremo. Y el Alto Tribunal, en ese momento, tendrá la última palabra sobre la exhumación. 

Los Franco, a partir de este viernes, tendrán 15 días para señalar un lugar distinto a La Almudena para enterrar al dictador. Distinto porque, como ya dijo el Gobierno en un informe, la sepultura en ese lugar podría generar problemas de conflictividad social. Durante esos 15 días, además, está previsto que aleguen ante el Alto Tribunal buscando que declare nula la exhumación. "Si la familia no presenta ninguna alegación de peso, que no lo va a hacer, no habrá problema", confía Silva.

De este modo, hay dos posibles escenarios, explica Cárdenas. Por un lado, si el Tribunal lo admite a trámite, se podrá pronunciar sobre las medidas cautelares y, entonces sí, podría paralizar la exhumación hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Por otro, en cambio, puede dar luz verde al proceso mientras lo valora. En ese caso, si al final se pronunciara a favor de la familia, Franco podría ser devuelto a su tumba en Cuelgamuros.

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Las fuentes consultadas creen que el Gobierno tratará de llevar adelante la exhumación. Más aun con unas elecciones generales en el horizonte. "Esto es ya una cuestión de honor y una apuesta muy personal por parte del Gobierno y del propio presidente", argumenta Peinado, quien afirma que la semana que viene varias asociaciones como la suya se reunirán con el director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, para ver "en qué punto está la situación". 

Cárdenas coincide. "Yo creo que el Gobierno no se va a echar atrás porque esta ha sido una de sus medidas estrella", dice. "Van a seguir con el tema encima de la mesa porque es ya incluso una seña de identidad de este Gobierno", añade. 

Y es que, incluso, una exhumación culminada beneficia electoralmente, al igual que una fracasada tendría un "castigo" en las urnas. Al menos, según lo entiende Silva. "Electoralmente, al PSOE le interesa mucho la exhumación, y más yendo hacia donde vamos", explica.