Montoro, sobre la malversación: "Un análisis contable siempre puede resultar engañoso"

El tercer miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy en prestar declaración como testigo en el juicio del procés fue el que fuera titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Durante su comparecencia en el Tribunal Supremo, el exministro señaló que el departamento que él dirigía envió hasta en cuatro denuncias a la Fiscalía General del Estado y tres más al Tribunal de Cuentas al considerar que se podían haber utilizado fondos públicos para la celebración del referéndum. Sin embargo, dio un paso atrás en relación con las declaraciones realizadas al respecto hace un año durante una entrevista y reconoció que, a pesar de haber ejercido un “control absoluto” sobre las cuentas de la Generalitat de Cataluña, no se puede “nunca excluir” la posibilidad de malversación porque “un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar engañoso”.

El extitular de Hacienda hizo saltar la polémica hace casi un año cuando, en una entrevista concedida al diario El Mundo, negó categóricamente que el procés se hubiera financiado con fondos públicos. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”, apuntó Montoro, que defendió así los sistemas de control sobre las cuentas catalanas en vigor. Estas declaraciones llevaron al instructor de la causa, el magistrado Pablo Llarena, a pedir al titular de Hacienda que le informase “a la mayor brevedad posible” sobre el soporte objetivo en el que se basaba para afirmar tal extremo.

Buena parte de la comparecencia del exministro de Hacienda giró, justamente, en torno a estas declaraciones. “Afirmo que yo mismo veo indicios de prevaricación en que funcionarios convoquen actos ilícitos para los que abren locales públicos, que significa que usas recursos públicos en un fin declarado judicialmente ilegal. A mi entender existe un motivo claro de prevaricación”, respondió a preguntas del fiscal Javier Zaragoza el titular de Hacienda, quien insistió en que lo que él quiso decir en aquel momento es que “como había un control de las cuentas” no existía “posibilidad de convocar un referéndum”. “A veces simplificamos demasiado asuntos complejos”, se explicó el exministro, que recordó que la Generalitat “estaba sometida presupuestariamente”, lo que implicaba un “control absoluto de todos los pagos y créditos utilizados en Cataluña”.

Siete denuncias

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Con estas aclaraciones sobre la mesa, el extitular de Hacienda señaló que cuando hay indicios de ilegalidad se presentan las correspondientes denuncias. Y esto fue, señaló, lo que hizo la cartera que él dirigía. “Detectamos indicios de posible utilización de fondos públicos”, recalcó Montoro, que explicó que fruto de estas sospechas interpusieron hasta siete “denuncias”: cuatro de ellas ante la Fiscalía y otras tres ante el Tribunal de Cuentas. A pesar de ello, el fiscal Zaragoza insistió nuevamente y preguntó al testigo si ese “control absoluto” impide que se hayan podido producir “actuaciones fraudulentas” para la celebración del referéndum. En ese punto, el exministro del Ejecutivo de Mariano Rajoy aseveró que “nunca” pueden excluir esa posibilidad porque “un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar engañoso o defraudado”. “Y para eso están las investigaciones policiales y judiciales”, sentenció.

La testifical de Montoro, solicitada por la acusación popular, era una de las más esperadas, habida cuenta de que la malversación de caudales públicos es uno de los dos pilares sobre los que se sostiene la causa. En concreto, Fiscalía y Abogacía consideran acreditado que los exmiembros del Govern enjuiciados desviaron fondos públicos para la organización de la consulta burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat. Una supervisión que se inició en 2015 y que poco a poco fue endureciéndose. De las certificaciones mensuales que Hacienda exigía a los interventores de las consejerías se pasó a las semanales, en las que se debía constatar que no se había gastado un euro en actividades relacionadas con el referéndum. Finalmente, todos los miércoles la Intervención General de Cataluña tenía que enviar a Hacienda un certificado final junto con los individuales. En el relato de los hechos, por tanto, ambas acusaciones coinciden.

El Ministerio Público y los servicios jurídicos del Estado, sin embargo, discrepan sustancialmente en las cantidades malversadas. La Fiscalía calcula que la Generalitat destinó para el referéndum unos 3,07 millones. La Abogacía, lo reduce a 1,97 millones. Una de las causas de esa diferencia de cifras estriba en los 900.906,7 euros en que la empresa pública Segipsa (Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio) ha tasado el coste económico que supuso el uso durante el 1 de octubre de los 2.259 locales que la Generalitat habilitó como colegios electorales. El Ministerio Público incluye esa tasación pericial como parte del total malversado, mientras que los servicios jurídicos del Estado no. Ambas acusaciones también discrepan en lo relativo a los desembolsos para cartelería –la Abogacía dice que no le consta “cuantía de fondos públicos” y la Fiscalía estima unos 38.431,2 euros– y la contratación de observadores internacionales.