La Mesa aplaza la decisión sobre si suspender a los diputados presos

Los dirigentes catalanes presos que juraron este martes como diputados no conocerán su futuro, al menos, hasta este miércoles. Será ese día cuando la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidirá la fecha para la que convocará la primera reunión de la Mesa, aunque en sus primeras declaraciones tras ser elegida tampoco aclaró si suspenderá automáticamente la condición de diputados de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, como piden PP y Ciudadanos, o se limitará por ahora a pedir a los letrados del Congreso que redacten un informe sobre esa eventual suspensión. Si la Mesa no suspende a los cuatro diputados presos en su primera reunión, tampoco podrá tomar una determinación sobre si les permitirá delegar su voto.

Batet fue elegida presidenta del Congreso en la sesión constitutiva de este martes y, en sus primeras declaraciones como máxima responsable de la Cámara Baja, anunció que se reunirá el miércoles con el rey para comunicarle la puesta en marcha de la legislatura. No obstante, la nueva presidenta ni siquiera concretó la hora a la que tendrá lugar su encuentro con el jefe del Estado y se limitó a señalar que la primera reunión de la Mesa se celebrará tras esta conversación, que tendrá "un orden del día muy extenso". En esta línea, Batet echó balones fuera cuando se le preguntó por el futuro de los cuatro diputados en prisión preventiva y señaló que, antes de pronunciarse, prefiere tener "un minuto de sosiego" para leer toda la documentación.

Y es que parece haber pocas dudas de que Junqueras, Sànchez, Rull y Turull serán suspendidos como diputados, pero no está tan claro ni el procedimiento ni los tiempos que se seguirán para ello. El Supremo permitió a los cuatro parlamentarios independentistas presos participar en la primera sesión del Congreso porque esa era la única manera de que pudieran convertirse en diputados de pleno derecho, tal y como decidieron los electores el pasado 28 de abril. En la primera sesión de las Cortes de esta legislatura, Sànchez, Turull, Rull y Junqueras prometieron respetar la Constitución "por imperativo legal" y, en el caso del líder de ERC, "como preso político".

A partir de ahí, la primera decisión de calado que tendrá que tomar la Mesa del Congreso cuando se reúna será precisamente si suspende inmediatamente o no la condición de diputados de estos cuatro dirigentes que se encuentran en prisión preventiva. PP y Ciudadanos pidieron este martes que Junqueras, Sànchez, Rull y Turull fueran suspendidos automáticamente por encontrarse encarcelados. Pero la mayoría con la que cuentan PSOE y Unidas Podemos en la nueva Mesa podría únicamente aprobar en su primera reunión pedir a los letrados del Congreso un informe jurídico sobre cómo se debe proceder.

Tampoco está claro, además, si los dirigentes independentistas podrán delegar su voto, en el caso de ser finalmente suspendidos en el ejercicio de sus funciones. De ello hay un claro precedente que data del año pasado, cuando el año pasado el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, suspendió en el Parlament catalán a los diputados procesados en firme y encarcelados de forma preventiva. Llarena sugirió entonces a la Cámara catalana que aprobara alguna fórmula que permitiera a los afectados delegar sus votos, de manera que la suspensión no afectase a las mayorías parlamentarias, y así se hizo, con el apoyo del PSC. Esta vez el Supremo no ha dado ninguna indicación al Congreso, así que será la nueva Mesa la que tendrá que resolver la cuestión.

Una suspensión "obvia" y "evidente"

El abogado de Junqueras cree que la suspensión sería "un precedente muy grave"

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En cualquier caso, los principales partidos coinciden en que la norma no permite a los políticos catalanes presos ejercer como diputados, por lo que lo más probable es que la Mesa termine suspendiéndoles, aunque no lo haga inmediatamente. Así lo señaló la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que calificó de "obvia" y "evidente" esta acción por estar "claramente contemplada en el reglamento del Congreso". Calvo se refería al artículo 21 de esa norma, que plantea que quedarán suspendidos los electos que se encuentren "en situación de prisión preventiva". La normativa establece la necesidad de que el Congreso, previamente, curse un suplicatorio, pero el Supremo ha determinado que, en este caso, no es necesario porque Junqueras, Rull, Turull y Sànchez han sido elegidos estando ya procesados.

PSOE y Unidas Podemos coinciden en que la interpretación de la norma, aunque su valoración sobre la eventual suspensión es diferente. La vicepresidenta Calvo insistía en la mañana del martes en que los recién nombrados diputados están encausados y eso "solo tiene una lectura": la de que "no pueden ejercer su cargo" porque el "reglamento del Congreso que lo dice con claridad". Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, admitía que la Mesa debe cumplir la ley, "los informes de los letrados y lo que diga el Supremo", pero también señalaba que su "opinión política" es que "deberían ejercer sus derechos como diputados porque han sido elegidos por la ciudadanía” y porque “aún no han sido condenados".

No obstante, no solo es el reglamento del Congreso el que prohíbiría a los diputados encarcelados ejercer como parlamentarios. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -el que esgrimió para reforzar su petición el líder del PP, Pablo Casado- también deja pocas opciones a la Mesa a la hora de decidir sobre la suspensión de los parlamentarios catalanes. Esta norma dice, textualmente, que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".