Tiempo muerto en la justicia salvo para servicios esenciales

Tras varios días de confusión por la resistencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y mientras avanza sin freno el coronavirus, el acuerdo adoptado este viernes en materia de justicia abre un tiempo muerto en los tribunales que en principio no tendrá efectos nocivos. Pactada por el ministerio, el CGPJ y la Fiscalía, la paralización de la actividad judicial  deja en suspenso juicios y diligencias de toda índole. De momento y en espera de lo que este sábado anuncie el Gobierno, solo afecta a Madrid, País Vasco, Igualada (Barcelona) y Haro (La Rioja).

Pero ese acuerdo implica también una moratoria aplicable a los llamados plazos procesales para que no corran, por ejemplo, en contra de quien hubiera de presentar un recurso antes de determinado día. O para que esos plazos no sigan consumiendo horas y jornadas en perjuicio de las investigaciones judiciales con fecha límite de finalización: por ejemplo, el caso Púnica, cuya instrucción debía estar acabada el 6 de junio. Ya no es así. Los múltiples artículos legales que regulan periodos inalterables  –incluidos los de la prescripción de un delito– quedan así congelados mientras dure la emergencia sanitaria. 

En todos aquellos territorios a los que afecten las medidas que para un máximo de 15 días prorrogables prevea el decreto de estado de alarma, la máquina que mueven jueces y fiscales funcionará a cámara extremadamente lenta: esta vez, como fruto de un plan destinado a preservar la salud de los ciudadanos y a mantener solo los "servicios esenciales" asignados a la justicia. Es decir, solo habrá magistrados, funcionarios y aparato judicial en activo para lo urgente e imprescindible. O, lo que es lo mismo, para "cualquier trámite que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable". En ese apartado de acciones irrenunciables figura "el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores". Los entrecomillados pertenecen al acuerdo adoptado este viernes por el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.

Ninguna de las tres instituciones se aventura a pronosticar si la paralización sujetará únicamente a los tribunales de Madrid, País Vasco y de los partidos judiciales de Igualada y Haro o si a partir de este sábado la excepción será justamente la contraria: la de los juzgados que, como en un oasis, se ubiquen en algún territorio del país casi ajeno al Covid-19 y mantengan intacto lo que hasta hace menos de una semana parecía una pauta inalterable. O sea, juzgados de guardia atestados, interrogatorios maratonianos en los casos de máximo interés público o juicios como el del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que debía reanudarse este lunes en la Audiencia Nacional y queda suspendido.

Tampoco se celebrará una de las vistas orales que mayor expectación mediática habían suscitado en las últimas semanas: la que a partir del día 23 sentaría en el banquillo al ya célebre comisario José Manuel Villarejo por supuestas calumnias y denuncia falsa contra el exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldán. En una resolución dictada este mismo viernes por la titular del juzgado de lo Penal 8 de Madrid, la vista oral queda en suspenso.

La medida –escribe la magistrada– se adopta "para evitar el foco de contagio que representa la concentración de personas en las instalaciones de este juzgado" dadas "las deficientes condiciones del edificio y la falta de espacio en las dependencias en las que se hacinan las partes". Leído entre líneas, el texto de la jueza Pilar Casado viene a decir que juzgados como el suyo son el peor escenario para frenar la propagación de la pandemia. 

¿Y qué ocurre con la demoledora sentencia del caso Gürtelcaso Gürtel que en 2018 desencadenó el maremoto que le costó el Gobierno a Mariano Rajoy? Pendiente de varios recursos en el Tribunal Supremo –uno de ellos formulado por el PP–, los trabajos continuarán oficialmente adelante. Los magistrados de la Sala de lo Penal que han de pronunciarse sobre tales recursos pueden proseguir las deliberaciones por vía telemática. Así lo confirman fuentes del alto tribunal, aunque nada induce a creer que haya una resolución mientras persista el estado de alarma.

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Del Registro Civil a los ERE

Entre las tareas que salva del parón el acuerdo tripartito suscrito ayer por el ministerio y las dos instituciones que gobiernan a jueces y fiscales se cuentan también las del Registro Civil, que "prestará atención permanente durante las horas de audiencia". El comunicado difundido a tres bandas precisa que estos registros "deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios del artículo 52 del Código Civil". Es decir, aquellos en los que una de las personas contrayentes se encuentra en peligro de muerte.

Asimismo, y en el orden de los juzgados de lo social, se mantiene la celebración de "juicios declarados urgentes por la ley y las medidas urgentes y preferentes, así como los procesos de Expedientes de Regulación de Empleo [los ERE] y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo".