Ni responsabilidad compartida ni solidaridad en la política migratoria: Europa y España la defienden, pero no la aplican

Siempre se ha dicho que existe una frontera invisible que divide los territorios del norte y los del sur. Pasa a nivel de ciudades como Madrid, a nivel nacional y, también, a nivel europeo. Afecta sobre todo al ámbito económico, pero también, sin duda, al migratorio. Ocurre en España, donde la frontera sur andaluza y ahora sobre todo la canariacanaria soportan la mayor presión de llegadas de migrantes de todo el país. Y ocurre en Europa, donde España, Italia, Grecia y Malta son, desde siempre, los receptores de la migración que entra en el continente.

Este miércoles, de hecho, se unieron para avisar de que "no pueden hacer frente" a todo. Y menos solos. Los gobiernos de Pedro Sánchez, de Giuseppe Conte (Italia), de Kyriakos Mitsotakis (Grecia) y de Robert Abela (Malta) enviaron un documento a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al del Consejo Europeo, Charles Michel; y a la canciller alemana, Angela Merkel, presidenta de turno de la UE. En él defendían la "redistribución obligatoria" de las personas que llegan y criticaban las "soluciones ad hoc". Sin embargo, expertos en migraciones critican que lo que España demanda en ese documento es lo que ella misma practica en su propio territorio. Y que las llamadas a la solidaridad por parte de Europa no son más que la utilización de un concepto "pervertido", dice Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.

La petición de los países del sur podría entenderse como una llamada de socorro. Sobre todo de España, que vive la crisis migratoria más grave que se recuerda en Canarias desde la crisis de los cayucos de 2006. Según los datos del Ministerio del Interior, del 1 de enero al 15 de noviembre han llegado a las costas de las islas un total de 16.760 personas, un 1.019,6% más que en el mismo periodo del año pasado. El impacto de la pandemia y el cierre de otras rutas migratorias son la explicación. Lo que pide junto a Italia, Grecia y Malta son "soluciones coordinadas y factibles". "Los Estados miembros de la primera línea no pueden hacer frente a la presión migratoria de toda la Unión Europea", argumentan. De ahí que pidan una "redistribución obligatoria" como "la principal herramienta de solidaridad". 

El problema es que ya hay una experiencia en eso. Y no funcionó. En 2015, en plena crisis de los refugiados derivada del conflicto sirio, Europa buscó un mecanismo para que las miles de personas que llegaban no quedaran atrapadas en los primeros países que pisaban. Se adoptaron unos compromisos que tras un arduo debate se fijaron como obligatorios pero que, sin embargo, nadie cumplió. Ni siquiera España. El objetivo era reubicar desde Grecia e Italia a 160.000 refugiados en un plazo de dos años. A España le correspondían 17.337, pero sólo acogió a 1.983 cuando la cuenta atrás llegó a cero. A día de hoy, confirma Verónica Barroso, responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional, tampoco se ha alcanzado esa cifra.

Sí la de reasentamientos, es decir, los traslados de personas de países externos a la Unión Europea, principalmente Turquía o Líbano. El compromiso adquirido por España era el de trasladar a nuestro país a 1.449 personas bajo este instrumento que, por otro lado, continúa vigente: el pasado 20 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Programa de Reasentamiento de Refugiados, que contemplaba la llegada de 1.200 personas durante este año. 

Un año después de cumplirse el plazo, en 2018, Europa había acogido al 35% de lo prometido. España al 16%. 

Objetivos de reubicación y reasentamiento adquiridos por la UE en 2015 incumplidos en 2018, un año fuera del plazo para alcanzarlos. | CEAR

Han pasado cinco años de aquello y ahora los países del sur vuelven a reclamar un mecanismo similar. Sin embargo, el contexto es diferente. La Comisión Europea presentó hace un mes —el 23 de septiembre— su propuesta de nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, el primer paso para desarrollar una política migratoria común. Según afirma (Cear), "había muchas expectativas puestas en ese documento", pero la "responsabilidad compartida" y la "solidaridad" que prometía quedó en nada sobre el papel. A falta de ser ratificado por los 27 Estados miembro de la Unión Europea, el acuerdo zanja el mismo debate que se tuvo en 2015 dando un giro de 180 grados. La solidaridad, denuncia Cear, es "a la carta". Por eso Ferrero Turrión dice que el concepto está tergiversado. "Se ofrece o reubicar o pagar los vuelos de retorno a los países terceros desde los que salen las personas migrantes", lamenta. Nada de un compromiso que cumplir. En este sentido, Sánchez pidió este viernes a los gobiernos de la UE y de los países ribereños del Mediterráneo "voluntad genuina" para afrontar de manera global y conjunta el desafío de las migraciones.

La decisión supone una pequeña victoria para los países que conforman el llamado Grupo de Visegrado —integrado por Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa—. Ellos nunca quisieron acoger, una actitud premeditada que llegó incluso a suponerles un tirón de orejas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sentenció el pasado mes de abril que todos excepto Eslovaquia habían incumplido sus obligaciones legales al ignorar sistemáticamente y durante años las cláusulas de los mecanismos europeos de reubicación de solicitantes de asilo y protección internacional. Según el tribunal, ni Polonia, ni Hungría, ni República Checa aceptaron ni informaron "a intervalos regulares y, como mínimo, cada tres meses, a un número adecuado de solicitantes de protección internacional que podían reubicar rápidamente en sus respectivos territorios". En resumen, no ejecutaron "las obligaciones subsiguientes en materia de reubicación". 

No sólo es Visegrado. Países que forman parte del núcleo duro de la Unión Europea como Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Finlandia y Suecia tampoco presionaron para que la solidaridad que se reclama sea de obligado cumplimiento. Por eso, según Ferrero Turrión, "ahora este pacto responde a las demandas que proceden de parte de unos países que basan sus peticiones en materia migratoria en la "securitización de la política migratoria". "Como el resto tampoco tiene un plan B, lo compra", critica. Y así funciona, han criticado las organizaciones defensoras de los derechos humanos en varias ocasiones, según recuerda Barroso, la gestión migratoria: se refuerzan las fronteras —una idea incluida en la propuesta del Pacto de Migración y Asilo de la UE— y se externaliza el control de la migración en terceros países —como hace habitualmente España con Marruecos—. "Europa aplica un concepto de solidaridad de manera perversa", concluye Ferrero Turrión. 

"La tendencia de la UE en los últimos años ha sido fortalecer fronteras y aumentar el control migratorio, a lo que no nos oponemos siempre y cuando haya garantías", dice Barroso. "Esa tendencia es preocupante", dice. 

España: ¿solidaridad y responsabilidad con Canarias?

En España ocurre algo parecido, pero a otro nivel. El pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó a Rabat para reunirse con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, con el objetivo de frenar la ruta migratoria a Canarias. Según informó Interior en un comunicado al término del encuentro, el ministro trasladó a Marruecos la necesidad de "incrementar" el control de los flujos migratorios. Marlaska destacó en este sentido los "buenos resultados" alcanzados gracias a las políticas y las actuaciones conjuntas desarrolladas entre España y Marruecos durante el pasado año 2019, "las cuales lograron revertir la tendencia creciente de llegadas en el año 2018". Sin embargo, esta política es la que expertos en migraciones insisten en tachar de inútil. 

Desalojan el muelle de Ariguineguín, en el que han llegado a estar hacinados más de 2.000 migrantes

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Además, España tampoco ha puesto en práctica esa responsabilidad y solidaridad con Canarias desde que comenzó la crisis, critica Ferrero Turrión. El presidente de las Islas, Ángel Víctor Torres, ha solicitado en varias ocasiones que se estudie el reparto de estas personas a otras comunidades. Regiones como Castilla y León o la Comunitat Valenciana se han mostrado dispuestas a poner en práctica ese concepto de solidaridad y responsabilidad compartida. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo fue muy diferente: el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció que 7.000 plazas propias de acogida en siete nuevos espacios en el archipiélago estarán listas "en muy breve plazo de tiempo". El objetivo es desahogar el muelle de Arguineguín donde llegaron a concentrarse hasta 2.000 migrantes en un improvisado campamento que ahora el Defensor del Pueblo ha instado a cerrar "de inmediato". 

Eso, unido al rechazo de Interior de trasladar a parte de estos migrantes a otras autonomías, es decir, a la Península —una herramienta que forma parte del protocolo de actuación articulado tras la crisis de los cayucos de 2006—, supone un "bloqueo" de estas personas, un "encapsulamiento" en Canarias"encapsulamiento", como han venido insistiendo desde las organizaciones que trabajan con estos colectivos. No obstante, según aseguraron fuentes oficiales conocedoras del dispositivo de traslados a Europa Press, desde enero se han trasladado a 2.000 migrantes a la Península. Pero desde entonces han llegado 16.760. 

Pero eso Ferrero Turrión tacha de "incoherencia" solicitar una cosa en Europa que en territorio nacional no se cumple. Y de alarmante que el argumento para no autorizar los traslados sea que hacerlo favorece el efecto llamada —algo inexistente, según los expertos— y la actuación de las mafias, tal y como dijo este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. "Han copiado el argumento de la extrema derecha. ¿Tratar a las personas con humanidad es favorecer el efecto llamada? Significa no haber entendido nada de la gestión migratoria", critica la profesora.