La Asamblea de Madrid suspende en accesibilidad justo cuando trataba de adentrarse en la verdad sobre las residencias

Viernes, primera hora de la mañana en el madrileño barrio de Vallecas. Han pasado ya más de doce horas desde el final del Pleno semanal, pero el trabajo en la Asamblea de Madrid no cesa. Buena parte de la atención informativa se centra en una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre el drama de las residencias durante la primera ola de la pandemia. La expectación es máxima. Entre la lista de comparecientes figura el primer plato fuerte a nivel político tras meses de intervenciones de colectivos, organizaciones o empresarios ligados al sector de los geriátricos. Es Carlos Mur, el exdirector de Coordinación Sociosanitaria que se encargó de firmar los protocolos de exclusión desvelados por infoLibre hace más de ocho meses. Sin embargo, algo sucede al comienzo de la sesión. "Al llegar, me he encontrado con que el primer compareciente no podía entrar", cuenta al otro lado del teléfono José Ángel Chamorro, presidente de la comisión. En la puerta espera en silla de ruedas el presidente de la asociación de personas con discapacidad Cermi Madrid, Óscar Moral. Y lo hace porque la sala asignada, que no es la habitual, no está habilitada para personas con movilidad reducida. Tras una breve reunión, todos los grupos deciden por unanimidad suspender la sesión. La falta de accesibilidad se convierte en un muro justo cuando los diputados iban a empezar a adentrarse en los niveles más políticos del drama de las residencias.

Hasta la fecha, la comisión se venía celebrando en una sala anexa a la que trabajan los medios de comunicación. En concreto, la José Prat, un espacio que sí está adaptado para personas con discapacidad. Sin embargo, la Mesa de la Asamblea decidió, cuando organizó el calendario para el nuevo periodo tras el parón navideño, que la comisión se trasladase al Caserón de San Bernardo, una sala algo más pequeña y que cuenta con barreras arquitectónicas. Un espacio al que, habitualmente, no se le suele dar mucho uso para la celebración de comisiones. "Hay veces que se utiliza para que puedan esperar los comparecientes o sus acompañantes", dice Chamorro. Pero nadie se percató hasta esta misma mañana de que dicho espacio no podía acoger la intervención de Moral. "Pedimos a los servicios de la cámara un cambio de sala, pero nos dijeron que no se podía porque ya estaban asignadas para otras comisiones", cuenta el presidente del órgano parlamentario de investigación. En la José Prat estaba fijada la de Educación. Y en la Dos de Mayo se encontraba reunida la de Transportes. Se buscaron otras alternativas, como retirar los sillones y que interviniese desde abajo del estrado. Pero el presidente del Cermi se negó.

"Me he negado no por prepotencia sino simplemente porque en este caso estoy representando a muchas personas y lo que no puede ser es que personas con discapacidad intervengan de manera distinta al resto de la ciudadanía", dijo Moral. La Comisión de Investigación decidió entonces suspender la sesión. "Hubiese sido discriminatorio que todos a los que habíamos llamado para comparecer lo hubiesen hecho y él no por las barreras que existen todavía", explica en conversación con este diario Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en el órgano. Todos los grupos parlamenterios respaldaron la decisión. Y la plasmaron en un acuerdo en el que mostraron su "decidida voluntad de acoger a todos los comparecientes en igualdad de condiciones",pidieron disculpas públicas a Moral y a todas las personas que representa y exigieron a la Mesa de la Asamblea, controlada por PP y Ciudadanos, que se acometan a la mayor brevedad posible "las obras, reformas y operaciones necesarias" para garantizar la plena accesibilidad de todos los ciudadanos a todas las instalaciones de la Cámara.

Chamorro explica que el Pleno está perfectamente acondicionado para personas con movilidad reducida. "Con una silla de ruedas sí que se puede acceder a los escaños, además puede regularse la altura del atril", dice. Tampoco hay muchos problemas en el edificio en el que se encuentran ubicados los distintos grupos políticos. El problema, no obstante, es que a pesar de los avances en materia de accesibilidad que hayan podido realizarse todavía sigan persistiendo muros en una de las principales instituciones de la región. "Es una vergüenza que instemos a otras instituciones y empresas a que cumplan con la accesibilidad universal y aquí sigamos teniendo esos problemas", apunta Paloma García, diputada de Unidas Podemos y portavoz del grupo en la comisión de investigación. En la misma línea se pronuncian Delgado y Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el órgano parlamentario, que recuerdan la legislación vigente en materia de accesibilidad universal. Porque de las tres salas donde se celebran comisiones, sólo una –la José Prat– está perfectamente adaptada. Dos de Mayo y Caserón de San Bernardo, todavía no.

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Los protocolos de exclusión

"La Asamblea de Madrid no es cualquier institución pública. Es la que se encarga de hacer las leyes, por eso no es comprensible que no las cumplan", apunta el diputado de Más Madrid, que denuncia del mismo modo el "deterioro y obsolescencia" de la institución: "Buscar documentos en la intranet es una locura, los sistemas de votación también fallan...". Según explican los diferentes grupos, el cambio de sala vino motivado, justamente, por la comparecencia del exdirector del Coordinación Sociosanitaria. "Como intervenía por videoconferencia, nos dijeron que no se podía hacer en la sala habitual", cuentan. No obstante, avisan de que, a pesar de la suspensión, ya han exigido a la Mesa de la Cámara que fije a la "mayor brevedad posible" una nueva fecha para la comparecencia. Principalmente, porque lo que pueda decir en la comisión de investigación es muy relevante a la hora de arrojar luz a nivel político sobre la catástrofe que se produjo en la primera ola en los geriátricos de la Comunidad de Madrid, durante la que murieron 9.470 residentes solo en los meses de marzo y abril.

La declaración de Mur es clave para arrojar luz sobre, justamente, los problemas de accesibilidad a la sanidad de gran cantidad de residentes en el comienzo de la crisis sanitaria. Fue él el que firmó digitalmente las cuatro versiones –18, 20, 24 y 25 de marzo– del Protocolo de exclusión de derivación hospitalaria. Todas ellas, unas con un lenguaje más descarnado que otras, mantenían como criterios para no trasladar a los ancianos enfermos tener un alto nivel de dependencia o de deterioro cognitivo. El resultado de la aplicación del Protocolo fue demoledor. Los tres días con menos derivaciones durante toda la primera ola de la pandemia fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de que la Consejería de Sanidad aprobase dicho documento. En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo, 5.343 mayores murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo.