El veto del PP a jueces cercanos a Unidas Podemos impide un acuerdo para renovar el CGPJ

"El Gobierno y el Partido Popular han mantenido contactos telefónicos y reuniones durante el día de hoy para intentar alcanzar un acuerdo para la renovación del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Ambas partes constatan que existen escollos que han impedido alcanzar un pacto". Este es el mensaje lanzado a las 00.21 horas de este viernes desde la Secretaría de Estado de Comunicación a los periodistas. El texto, similar al remitido desde la dirección nacional del Partido Popular —salvo que en el del PP en vez de hablarse de "Gobierno" se hablaba de "Partido Socialista"—, ponía fin a una intensa jornada de negociaciones entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición. Unas negociaciones que, por momentos, parecieron encarriladas a lo largo de la tarde, pero que después encallaron por la negativa del partido de Pablo Casado a aceptar a cualquier juez que ellos consideren próximo a Unidas Podemos. Así lo admiten ambas partes de la negociación.

A principios de semana, cuando desde PSOE y PP se hablaba de la posibilidad de un acuerdo "inminente" para el desbloqueo institucional, desde Génova justificaban su acercamiento al Gobierno y su permanencia en la mesa de negociaciones en el hecho de que se les había permitido "vetar" a los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada, "propuestos", decían, por Pablo Iglesias. Rosell es exdiputada de Unidas Podemos y De Prada fue un hombre clave en la sentencia Gürtel, que dio pie a la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Moncloa. Pero, en las últimas horas ambos nombres volvieron a sonar hasta el punto de los conservadores culpan del fracaso del proceso al empeño del Gobierno, señalando a la parte socialista, en mantener a De Prada "como vocal" del CGPJ.

Los conservadores atribuyen ese "empeño" de Pedro Sánchez en mantener a este juez a la presiones del vicepresidente Pablo Iglesias. Todo, apuntan, se debe a sus "líos internos", en alusión a las diferencias exhibidas en las últimas semanas en el seno del Gobierno de coalición a cuenta del paquete legislativo de Igualdad y de la ley de vivienda.

"El PSOE ha planteado que el juez De Prada forme parte como vocal del consejo. Este juez no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello. Por tanto se trata de un fraude de ley, un juez que pretende entrar al consejo por la puerta de atrás, por el turno de juristas, sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros", mantienen las fuentes de la dirección nacional del PP consultadas por infoLibre.

Mientras, en el Ejecutivo achacan la actitud de Casado y los suyos a las presiones de Vox y a sus dudas a la hora de distanciarse de la extrema derecha.

La pelota, "en el tejado del PSOE"

¿Hay marcha atrás? Si nos atenemos a lo que sostiene el PP, es complicado si antes no hay un viraje en la Moncloa. "El PP mantendrá la coherencia en las condiciones planteadas. La pelota está en el tejado del PSOE".

El anuncio, por parte del Gobierno y del PP de la existencia de escollos que impiden alcanzar el pacto pretendido llega doce horas después de que PP y PSOE informaran de un acuerdo, en el que también participaron Unidas Podemos y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para el Consejo de RTVE. El Pleno del Congreso eligió a José Manuel Pérez Tornero, Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, María Carmen Sastre Bellas, Jenaro Castro Muiña y Juan José Baños Loinaz como miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. Todos ellos se hicieron con el respaldo de dos tercios de la Cámara, es decir, un total de 234 votos. Ciudadanos y Vox se desmarcaron de la votación.

Una llamada de Sánchez a Casado

El empujón definitivo para que Gobierno y PSOE se sentaran a hablar lo dio la semana pasada, tras una llamada telefónica de Pedro Sánchez a Pablo Casado. El miércoles pasado, el presidente Sánchez y el líder del PP conversaron, entre otras materias, de la renovación de órganos constitucionales cuyo mandato estaba expirado, "como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE, así como del voto rogado para los ciudadanos españoles residentes en el exterior", señalaban desde la Moncloa, donde se calificaba el encuentro como una "constructiva conversación telefónica sobre el reforzamiento institucional".

Desde el Partido Popular, el mensaje fue más plano. Desde la dirección nacional del PP insistían en que Pablo Casado había "reiterado" al presidente "sus condiciones para el reforzamiento de la independencia de los órganos constitucionales, la neutralidad de los medios públicos y el consenso para la reforma de la ley electoral".

Ya habían transcurrido las elecciones catalanas y España enfila, salvo sorpresa, un largo periodo sin citas antes las urnas, el clima perfecto, coincidían en la Moncloa y en el PP para desbloquear las instituciones pendientes de renovación.

En el caso del CGPJ, el pacto estuvo a punto de cerrarse el pasado verano. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del Partido Popular tenían prácticamente cerrado el acuerdo, a la espera de que Pablo Casado y Pedro Sánchez cerrasen los últimos flecos. Pero todo se estropeó el día que el jefe de los conservadores anunción que prescindía de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, y ésta se despedía del cargo alertando de un pacto entre PSOE y PP en materia de Justicia. Tampoco ayudaron, explicaban en Génova, las críticas de Unidas Podemos a Juan Carlos I después de que el emérito abandonara España.

Desde ese momento, habían sido varios los intentos de acercamiento, pero el PP se agarraba con fuerza a que su disposición era máxima, pero que Pedro Sánchez tenía antes que garantizarles que Unidas Podemos no iba a participar en el proceso, que se iba a despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y que se iba a retirar del registro del Congreso una reforma planteada por PSOE y Unidas Podemos para sortear su negativa a acordar la renovación del CGPJ.

Los antecedentes

El mandato del CGPJ, que dura cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, socialistas y conservadores llegaron a pactar para su presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del dirigente conservadorIgnacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "por la puerta de atrás".

El pasado octubre, PSOE y Unidas Podemos dieron el primer paso para el desbloqueo del CGPJ con una iniciativa para cambiar el modelo de elección presentada por ambos grupos parlamentarios en el Congreso. El texto sigue en el registro del Congreso pero su tramitación está paralizada. Este fue el gesto que Pedro Sánchez tuvo con Pablo Casado durante la moción de censura que Abascal planteó al jefe de los socialistas y que sólo contó con el apoyo de la extrema derecha. Ellos no daban trámite a la proposición de ley a cambio de que el PP volviese a la mesa de negociación.

Esta semana, en los momentos en los que las negociaciones se han puesto cuesta arriba, desde sectores de Unidas Podemos se ha advertido de que quizá ha llegado el momento de sacar esta ley del cajón.

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Sortear los votos del PP

El texto presentado por Unidas Podemos y los socialistas refleja que "cada una de las Cámaras [Congreso y Senado] elegirá, en votación única y por mayoría de tres quintos de sus miembros, a seis candidatos provenientes de la carrera judicial". Y prosigue: "Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta".

Con este requisito de mayoría absoluta, los votos de los diputados del Partido Popular ya no serían necesarios porque Sánchez tendría alternativas como la del denominado bloque de la investidura o sus socios para los Presupuestos Generales del Estado.