Ángeles Carmona: "La ley del 'sólo sí es sí' es necesaria, pero hay que definir más el consentimiento para no generar inseguridad jurídica"

Ángeles Carmona es presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace siete años. En entrevista telefónica con infoLibre a propósito del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, esta secretaria judicial con experiencia de más de una década en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla ve una prioridad ampliar el concepto de violencia de género más allá de la pareja o expareja así como seguir concienciando para implicar al entorno de la víctima y así ayudarla a denunciar y tener una red de apoyo. Insiste en que "archivo o sobreseimiento de las actuaciones no es igual a denuncia falsa" y revela que la sentencia del Supremo sobre el caso de La Manada de Pamplona supuso "un antes y un después" y se tradujo a muchos otros idiomas por el interés que suscitó fuera de España.

PREGUNTA: Después de quince años de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué balance hace sobre la evolución de este problema estructural?

RESPUESTA: El balance que hacemos sin duda es positivo. Por supuesto, tenemos que seguir lamentando por desgracia asesinatos de mujeres por violencia de género y desde luego la violencia de género sigue existiendo en nuestro país. No sólo en pareja, que es la que trata la Ley, sino toda la violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Es una cuestión de Estado, que es lo que hemos conseguido en estos últimos años, que esté en la agenda política, de los medios de comunicación, y es un gran triunfo que la Ley esté siendo imitada por legislaciones de los países de nuestro entorno y haya recibido premios internacionales, ni más ni menos que de ONU Mujeres. Por tanto, el balance que hacemos es que tenemos que estar muy orgullosas de que España sea uno de los países que ha abanderado esta lucha.

Ahora bien, la segunda lectura es que no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo y tenemos que seguir dando pasos adelante. Y uno de los pasos más importantes que se han hecho en los últimos años en España es el Pacto de Estado contra la violencia de género que se firmó hace un poco más de tres años y que va implementándose poco a poco. Todavía quedan reformas legislativas que el CGPJ propuso y están pendientes, pero poco a poco se van implementando y ese va a ser el gran paso adelante por la erradicación de todo tipo de violencia sobre la mujer.

P: ¿Qué tipo de reformas?

R: Ha habido reformas, y algunas muy importantes, pero todavía quedan por hacer. Por ejemplo, una de las reformas más importantes que se hicieron fue en 2015 cuando se introdujo a los menores como víctimas directas en el artículo 1 de la Ley. Pero hay que dar un paso más allá porque nos obliga el Pacto de Estado y también el Convenio de Estambul. Tenemos que ampliar el concepto de violencia de género a otras formas de violencia sobre la mujer que por desgracia ocurren también en España como son los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la trata de mujeres y niños, que es uno de los delitos más silenciados en el mundo. Y, por supuesto, los delitos contra la libertad sexual fuera de la pareja. Ese sería el gran paso importante que cabe esperar y estoy convencida de que se implementará en los próximos años.

P: Del análisis que ha hecho el Observatorio de los quince años de aplicación de la Ley, ¿qué datos ayudan a entender el problema estructural de la violencia de género?

R: Lo que tratamos sobre todo es de visibilizar los falsos mitos que existen sobre la violencia de género. Por ejemplo, hay quien piensa que la mayoría de las víctimas son mujeres extranjeras, que los maltratadores son extranjeros porque pertenecen a otro tipo de cultura más machista, y no es así. Hemos visto en nuestros estudios que la inmensa mayoría de los hechos delictivos se cometen contra mujeres españolas y la mayoría de los maltratadores son españoles. Hemos visto también en nuestras estadísticas factores muy importantes de vulnerabilidad de mujeres, por ejemplo que la inmensa mayoría de las víctimas son madres con hijos menores de edad. Hemos visto también que la inmensa mayoría de los asesinatos, un 75%, se producen en poblaciones inferiores a 100.000 habitantes, es decir, la ruralidad también es un factor de vulnerabilidad, lo cual nos ha ayudado a proponer medidas para que todas las campañas y todos los recursos se extiendan a todos los territorios.

Por otro lado, vemos que hay un porcentaje bastante alto de mujeres que se acoge a su derecho a no declarar y que eso eleva el riesgo de ser víctima de delitos más graves, y esto nos ha permitido proponer que se modifique el Código Penal para que esas mujeres puedan ser protegidas aunque se acojan a ese derecho a no declarar. Hemos propuesto en el Consejo que se elimine la atenuante de confesión en los casos de asesinatos por violencia de género porque hemos visto cómo se aminoran las penas, a veces entre dos y tres años de prisión, precisamente por esa confesión cuando esa confesión puede ser incluso un hecho de reivindicación, de jactancia, de culpabilidad de la víctima.

P: Según la estadística del Observatorio, las denuncias que presentan las víctimas en los juzgados o su entorno siguen siendo muy bajas, por debajo de atestados policiales o partes médicos. ¿Cree que se debe a una falta de confianza en el sistema judicial?

R: Lo que nosotros vemos es que la mayoría de las denuncias que se presentan en el juzgado se presentan a través de atestados policiales. Esto es algo muy bueno en el sentido de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están también especializadas en esta materia, tienen un sistema de valoración del riesgo que hace que la mujer se pueda sentir protegida desde el minuto uno. Desde el momento en que pone la denuncia, esa mujer se integra en el sistema vioGén, que es el sistema que utiliza el Ministerio del Interior, se le valora el riesgo y además se adoptan medidas policiales, como es, por ejemplo, la detención del maltratador. Si se presentara directamente en el juzgado, quizá no tendría una respuesta tan, tan inmediata. Por eso no es que desconfíen del sistema, ni muchísimo menos. Además, el atestado policial llega en el minuto a los juzgados y ahí se adoptan las medidas judiciales, que son autos de alejamiento, de prohibición de comunicación e incluso la prisión preventiva en muchas ocasiones.

Yo estoy convencida de que en España lo que hace falta todavía es concienciación del entorno de la víctima. Dejamos demasiada responsabilidad a la víctima de dar ese paso de denunciar y a veces ese paso es muy difícil o incluso imposible porque la víctima tiene terror, tiene miedo al maltratador. Tiene mucho sentimiento de culpa, quiere proteger a sus hijos y por eso no denuncia. Necesitamos la implicación del entorno y si no tiene ese apoyo, difícilmente va a dar ese paso tan importante de poner los hechos en comunicación de las autoridades. Sólo denunciando se puede poner en marcha todo el mecanismo integral de protección de la víctima. No queremos que haya impunidad. Esto es un delito público perseguido de oficio, muy grave, castigado con las penas más graves que existen en nuestro Código Penal y no queremos que el maltratador piense que maltratando no le va a pasar más. Necesitamos que toda la sociedad sepa que hay una respuesta contundente de todo el sistema judicial para que estos hechos sean castigados. Por eso decimos que la denuncia es tan importante. Ahora bien, no podemos dejar toda la responsabilidad a una mujer que está aterrorizada, por eso siempre hacemos un llamamiento a las familias, a las personas que están cerca, a los vecinos, a la gente que va por la calle, que si ve un hecho de estas características, lo ponga en conocimiento de las autoridades.

P: ¿A qué cree que se debe que haya un gran número de denuncias que acaban finalmente en archivo? ¿Faltan medios para investigar?

R: No, en absoluto. En España hay muchísimos medios para que los procedimientos continúen hasta el objetivo último, que es la condena, evidentemente, si realmente se acreditan los hechos. Ocurren varias cosas: como he dicho, hay veces que las propias mujeres se acogen a su derecho a no declarar, cosa completamente comprensible habida cuenta la situación tan difícil que están soportando; los propios maltratadores buscan la impunidad y cometen los delitos en la intimidad familiar, sin testigos, sin ninguna otra prueba que pueda acreditar que los hechos se han cometido y si no tenemos la declaración de la víctima, difícilmente ese procedimiento va a llegar a un juicio en el que se pueda romper el principio de presunción de inocencia, que es uno de los principios más importantes que tiene nuestra Constitución.

Esas son las dificultades más importantes que encontramos en los juzgados, pero herramientas, todas las del mundo. Tenemos unas unidades de valoración integral forense que valoran las secuelas psicológicas, la violencia psicológica, la violencia económica… Tipos de violencia que a veces es complicado acreditar porque no hay un parte de lesiones. Tenemos por supuesto una policía especializada y fiscales y un turno de oficio de abogados especializados, no sólo jueces. Tenemos órganos judiciales especializados, algo que es único en el mundo. Es decir, las herramientas están todas y las tenemos que utilizar lo mejor posible de la forma más profesional y seguir dando pasos adelante porque nuestro objetivo es que ni una sola mujer tenga que sufrir esta violencia, y en el caso de que la sufra, que la respuesta judicial sea absolutamente contundente.

P: Los que niegan que exista una violencia de género utilizan estas cifras de archivo para sus argumentaciones…

R: Esa es una forma de tergiversar un dato para tener un discurso absolutamente falso. Nadie cuenta cuántos procedimientos por robo se archivan porque no se conoce el autor y nadie dice que la gente que denuncia robos lo hace falsamente. En este ámbito de la violencia de género, sí que lo hacen. Archivo o sobreseimiento de las actuaciones no es igual a denuncia falsa. Ni tampoco la sentencia absolutoria es igual a denuncia falsa. Lo que hace siempre la Fiscalía en su Memoria anual es contabilizar las sentencias que se dictan en España por denuncia falsa en violencia de género y de ahí es de donde sale ese porcentaje del 0,019% de las denuncias presentadas. Este es el dato real, un dato tan ínfimo que es insignificante y muy inferior a las denuncias falsas por otros delitos. La única manera de desmentir esas afirmaciones es haciendo estudios como hacemos en el Observatorio, al igual que la Fiscalía.

P: Una reciente sentencia del Tribunal Supremo y el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal abogan por acabar con la dispensa de declarar para las víctimas aunque retiren la acusación. ¿Cree que es una forma de tratar de evitar que muchos casos terminen en archivo o, por el contrario, puede provocar que cada vez más víctimas se resistan a denunciar?

R: Esto ha provocado ríos de tinta entre los juristas porque es un tema de técnica jurídica complicada. Porque poniéndonos en la piel de esas mujeres, que están aterrorizadas, las pones en la tesitura de que hay que declarar sí o sí y es fácil imaginarse la perversión del sistema para una mujer a la que pretendemos proteger. Hay que tener mucho cuidado con ese artículo a ver cómo se modifica porque lo importante es no desproteger a la víctima y, de hecho, lo que dice el Pacto de Estado es que tenemos que proteger los espacios de impunidad. Evidentemente, si la mujer no declara, el maltratador se va de rositas y va a seguir maltratando a esa mujer o a otras mujeres con las que tenga relación y va a pensar que no pasa nada. La técnica jurídica es muy difícil.

Pero el paso dado por el Tribunal Supremo es muy importante: cuando una mujer ya ha venido al juzgado, ha contado su historia y después de eso vuelve y no declara, ahí es cuando no podemos permitir que el procedimiento se pare. Por eso, en el Observatorio propusimos que todas las declaraciones de la víctima fueran grabadas, con todas las garantías procesales que establece la ley, para el caso en que en el momento del juicio esa mujer, por lo que sea, no quiere ratificarse y se acoge a su derecho a no declarar, por lo menos tengamos esa declaración que sirva como indicio de algo junto con otras pruebas. Es muy delicado, estos delitos afectan de forma exacerbada a la dignidad de las personas y por lo tanto la técnica jurídica tiene que estar muy bien engarzada. Lo importante sobre todo es no desproteger a la víctima, que un archivo no deje a la víctima en una situación de vulnerabilidad extrema y seguir atendiéndola con recursos asistenciales o policiales.

P: ¿Qué impacto ha tenido el confinamiento domiciliario provocado por la pandemia en las mujeres que sufren violencia de género? Durante el confinamiento, subieron las llamadas y mensajes con peticiones de ayuda y, sin embargo, bajaron las denuncias. Después, aumentaron las denuncias considerablemente.

R: Hemos hecho un análisis importante, sobre todo de los tres meses de confinamiento total, cuando descendió en un 23% el número de denuncias. Y eso nos preocupa porque el CGPJ declaró que toda la actividad judicial relacionada con violencia de género era servicio esencial, no dejamos de trabajar en ningún momento. ¿Por qué hubo un descenso? Porque las mujeres que estaban conviviendo con su maltratador difícilmente podían encontrar un momento en el que salir a denunciar. Y cuando empezó la desescalada, vimos que aumentaron mucho las denuncias, denuncias que se referían a hechos del momento del confinamiento.

Hemos observado en esta época de confinamiento mucho más control por parte de los maltratadores a través de las redes sociales y quebrantamiento de prohibiciones de comunicación. Queremos que todas las mujeres sepan que todos los servicios siguen abiertos 24 horas al día, tanto de la policía como de los órganos asistenciales y judiciales, y que desde luego la denuncia es importante. Las mujeres que conviven con su maltratador tienen un riesgo enorme: todos los asesinatos que se produjeron en los tres meses de confinamiento se produjeron en el domicilio por parte de la pareja, dos delante de los hijos menores de edad. Hacemos un llamamiento a los vecinos: cualquier persona que oiga que una mujer está gritando en la casa de al lado, que llame a las autoridades para evitar delitos tan graves.

P: ¿Qué les diría a los que, en pleno 2021, siguen equiparando violencia machista o de género con violencia intrafamiliar o doméstica? ¿Qué ocurre si se mezclan los conceptos?

R: Lo que ocurre es que empezamos a dar pasos atrás en todos los adelantos y éxitos que hemos tenido en España dirigidos a la erradicación de la violencia. Es muy importante no mezclar conceptos. Es más, hay que ampliar el concepto de violencia de género a toda violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer. Poner nombre a las cosas es situarlas. La violencia doméstica que es como se llamaba antes a toda violencia que ocurría en un domicilio, en un núcleo familiar, pero ya desde antes de 2004 empezó a desgajarse de la violencia de género, que es muchísimo más específica y tiene unas motivaciones que se enraízan en el machismo de la sociedad patriarcal, en la discriminación histórica de la mujer desde que el hombre es hombre y desde que la mujer es mujer. Tiene unas raíces completamente diferentes a otro tipo de violencia. En España, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, lo que se hace es agravar los casos en los que la víctima es mujer por el hecho de ser mujer. Existe la agravante de género y eso es lo que significa este tratamiento especializado, se trata de una violencia diferente y llamarlo de una forma diferente es muy importante para concienciar a la sociedad.

P: El Pleno del CGPJ ha aprobado recientemente un informe crítico con algunos planteamientos de la conocida como Ley de 'sólo sí es sí', como la definición de consentimiento. Casos como el de La Manada de Pamplona evidenciaron diferentes interpretaciones sobre el consentimiento. ¿Qué soluciones se podrían plantear?

R: El informe del Consejo es favorable a esta ley integral porque el Pacto de Estado y el Convenio de Estambul dicen que España tiene que tener una ley sobre violencia sexual con perspectiva de género. Esta ley es necesaria. Dicho esto, el informe es un texto absolutamente técnico jurídico, nosotros no nos metemos en ningún momento en la oportunidad política, sólo revisamos si la técnica jurídica es ajustada al resto de la legislación que hay en España. El informe llamó la atención sobre la posibilidad de que, para no generar inseguridad jurídica, que el concepto de consentimiento estuviera un poco más definido.

La sentencia del Supremo sobre el caso de La Manada ha supuesto un antes y un después no sólo en la legislación española, sino que ha sido traducida a muchísimos idiomas porque tuvo mucho interés en el resto de los países. En esa sentencia está todo. Es la que dicta jurisprudencia e impregna el resto de sentencias que se dictan en España. Define perfectamente qué es lo que debe entenderse por consentimiento, qué es fuerza, qué es intimidación. Fue una sentencia revolucionaria porque incluye muchos pronunciamientos que eran necesarios para que la sociedad se diera cuenta de la gravedad de unos hechos tan terribles. Nuestro Tribunal Supremo tiene esa perspectiva de género en el ámbito de la violencia sexual. Y ahí fue donde se definió perfectamente todo. No tenemos más que palabras de agradecimiento y de felicitación al Supremo por la labor tan impresionante que está haciendo, no sólo por la sentencia de La Manada, la sentencia del asesinato de Diana Quer fue una sentencia magnífica que se refería a la violencia sexual también y en muchas otras sentencias de los últimos años se ve esa perspectiva de género, esa especialización de los jueces para adoptar resoluciones con esa perspectiva.

P: ¿Cuántos cursos de formación en perspectiva de género ha impartido el CGPJ? ¿Cuántos jueces y magistrados han participado?

R: Todos los jueces que quieran optar por una especialidad, que dentro de la carrera judicial quieran especializarse, ya sea en laboral, contencioso, menores, social… cualquiera tiene obligatoriamente que pasar por un curso de perspectiva de género. Por ahora, llevamos casi 800 jueces (en España hay 5.000). Las solicitudes que hemos recibido son muy superiores, creo que unas 1.500, pero no podemos dar el curso a tanta gente a la vez. Vamos poco a poco. Como también depende de las plazas que se vayan convocando de especialidades, de momento casi 800 lo han pedido. Han tenido un gran éxito estos cursos de formación, están siendo valorados como los mejores del Consejo y estamos viendo mucho interés de la carrera judicial. Todos los jueces, a la hora de adoptar una resolución cualquiera, ya sea en el ámbito laboral, necesitan esa perspectiva de género para que su resolución sea justa. Es lo que intentamos inculcar. Siempre la perspectiva de género es importante, en cualquier jurisdicción.

P: ¿Se sensibiliza en esos cursos contra el llamado síndrome de alienación parental?

R: Sí, por supuesto. En el Observatorio, que publicamos y actualizamos guías de actuación judicial, siempre venimos denunciando que ese síndrome no tiene ninguna base científica y no debe incluirse en las resoluciones. Hace unos años quizá estaba más generalizado, pero ahora hay resoluciones muy, muy puntuales. No está tan generalizado. Como nosotros tenemos mucha relación con muchas asociaciones, con turnos de oficio, siempre que hay alguna sentencia con un pronunciamiento en ese sentido, nos lo hacen saber y cada vez hay menos. Vemos cómo esa profesionalización de la carrera judicial en este ámbito se va extendiendo cada vez más. Es un tema de formación, sobre todo.

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P: Entre 2013 y 2019, el 97,3% de las excedencias por cuidados en la judicatura fueron concedidas a mujeres. ¿Es la conciliación la tarea pendiente en la justicia para que cada vez más mujeres accedan a puestos de responsabilidad?

R: Sin duda alguna, es así igual que ocurre en toda la sociedad. El tema del techo de cristal es real. La mayoría de las sentencias que se dictan en España las dictan mujeres porque mucho más del 50% de los jueces son mujeres. Sin embargo, si vas ascendiendo en el escalafón, vas viendo que en los altos tribunales, en el Supremo o en tribunales superiores de justicia, no hay ese 50% de mujeres. Es verdad que en los últimos años progresivamente vemos que hay un gran aumento y, de hecho, en casi todas las salas del Supremo hay mujeres. En la Sala Cuarta, la presidenta es una mujer (María Luisa Segoviano, elegida el pasado septiembre) y eso ha sido un gran logro de lo que me siento superorgullosa en este mandato del Consejo.

Ahora, lo que estamos viendo es que hay pocas mujeres que se presenten porque todavía las mujeres siguen conciliando su carrera profesional con la vida familiar y, por lo tanto, esa conciliación que sólo hacen las mujeres provoca que no puedan acceder a altos cargos. Es lo que nos queda por hacer en España, no sólo en el ámbito judicial desde luego, en todos los ámbitos profesionales, porque está claro que las mujeres ya llevamos muchos años integradas en la vida laboral y tenemos que dar ese paso que es muy importante.