Lo que queda de ETA

Si hay algo que llama la atención a cualquiera que visite las calles y los pueblos del País Vasco, diez años después de que ETA pusiese fin a varias décadas de actividad terrorista, es la normalidad con la que la mayoría social ha pasado página. La naturalidad, al menos aparente, con la que el grueso de los ciudadanos vascos ha enterrado una larga y dolorosa historia de sufrimiento.

Permanecen, no obstante, las pancartas, los murales y los carteles que reivindican a los presos de ETA. Y los actos públicos de homenaje a quienes regresan a sus localidades de origen después de cumplir condena, como también la indignación de las familias de las víctimas y una controversia política cada vez más acusada ante la dificultad legal de prohibirlos antes de que tengan lugar.

ETA fue derrotada. Sobre eso hay pocas dudas. Así lo certificó la Estrategia de Seguridad Nacional en 2017 durante el mandato —poco sospechoso— de Mariano Rajoy. No obstante, PP, Vox y Ciudadanos se empeñan en mantener viva su memoria como arma política contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan de plegarse a las demandas de quienes, según la derecha, son sus herederos políticos. Son incluso la propia ETA, si nos atenemos a las acusaciones más graves que en ocasiones pronuncian sus dirigentes para tratar de desacreditar las decisión de PSOE y Unidas Podemos de incorporar a EH Bildu a las rutinas de negociación que tienen lugar en el Congreso para sacar adelante leyes, decretos y presupuestos.

Las que de verdad quedan son huellas imposibles de borrar. Las de las víctimas y sus familias, muchas de las cuales siguen sin tener no ya el consuelo de que los asesinos hayan sido condenados sino de no saber siquiera quién y cómo se cometió el crimen que cambió sus vidas para siempre. Y las de los miembros de ETA que sí fueron detenidos y condenados, gran parte de los cuales continúa en prisión. Algunos de ellos con un horizonte penitenciario de 40 años por delante después de que se les aplicase la reforma del Código Penal de 2003 para el cumplimiento íntegro de las penas.

Que ETA haya desaparecido no significa que la Policía, la Guardia Civil y la Audiencia Nacional hayan dejado de investigar. Especialmente los crímenes de sangre sobre cuya autoría aún no se ha dicho la última palabra porque no se conoce la identidad de todos los que intervinieron en el atentado. Uno de loas casos más llamativos es precisamente el del último atentado mortal de ETA, el que el 30 de julio de 2009 acabó con la vida de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Mallorca. Y cuya investigación sigue, 22 años, después, en vía muerta.

“La esperanza no la vamos a perder nunca”, asegura tajante Marcelo Azcárraga, el fiscal de la Audiencia Nacional encargado de coordinar la averiguación de los delitos sin resolver de ETA y otras organizaciones terroristas. Ni siquiera la esperanza de que “alguien” decida “dar un paso” al frente y “haga una declaración” que permita arrojar luz sobre los muchos asesinatos sobre los que todavía no se sabe toda o una parte de la verdad. Algo que, reconoce Azcárraga, “jamás” ha ocurrido. Nadie de ETA ha colaborado nunca en la resolución de las investigaciones que permanecen abiertas. Ni siquiera los presos que en su día se acogieron a la vía Nanclares. Ni aquellos que más distancia han puesto con la organización terrorista.

La falta de colaboración es una queja habitual de las organizaciones de víctimas, sobre todo desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió poner fin gradualmente a la política de dispersión. Una estrategia penitenciaria construida para minar la unidad de los presos y dificultar sus comunicaciones con la banda terrorista que ahora, diez años después del fin de sus actividades, ya no tiene sentido.

Crímenes sin resolver

A falta de una última actualización, que pretende completar de aquí a fin de año, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), asegura que los asesinatos cometidos por ETA que siguen sin resolver son 324. “No es un reproche al Estado”, subraya la letrada, que elogia sin reservas la labor de policías y guardia civiles así como de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Gracias a ellos, asegura, en los últimos años se han celebrado 20 juicios, 15 de los cuales han acabado en condena. Siete de ellos, causas abiertas recientemente. Gracias al esfuerzo de los investigadores, la AVT calcula que además se han reabierto un centenar de casos.

La amnistía de 1977 blindó cualquier posibilidad de investigar los asesinatos anteriores a esa fecha. Y la prescripción de las causas ha dejado y dejará fuera del alcance de los tribunales numerosos atentados —ya está pasando con atentados de los años ochenta, según fuentes de la Fiscalía—. Pero eso no desanima ni a la AVT ni a la Fiscalía, cuyo empeño tiene que ver no sólo con construir acusaciones que puedan ser tramitadas judicialmente sino con establecer la verdad de lo ocurrido. Algo que las familias, a falta de algo mejor, siguen necersitando.

No todo el mundo da por buena cifra de la AVT —324 casos sin resolver—. La asociación incluye en este cómputo, por ejemplo, atentados en los que se condenó a todos los miembros del comando pero no a su autor intelectual, la persona que dio la orden. O en los que no se identificó a uno o varios de los participantes. También figuran en el listado atentados cuyos autores no fueron condenados no por que no se sepa quiénes son sino porque ya murieron, algo que Ladrón de Guevara se propone depurar en los próximos meses para afinar lo más posible la cifra de casos pendientes de esclarecer.

Se trata, en cualquier caso, de una lista abultada. Tanto que el Parlamento Europeo, a través de la comisión de peticiones que preside la portavoz del PP en Europa, Dolors Montserrat, enviará en noviembre una misión al País Vasco para interesarse por estos casos y reunirse con víctimas y autoridades policiales y judiciales a petición de la asociación Dignidad y Justicia.

ETA asesinó entre 1968 y 2010 a un total de 843 personas, según el cómputo publicado por el Archivo Online sobre la Violencia Terrorista en Euskadi, de los que 755 han sido atribuidos a ETA militar, la versión de la organización terrorista que permaneció activa hasta el 20 de octubre de 2011.

Etxerat, la asociación de familiares de presos vascos, cifra en torno a 200 el número de personas vinculadas a ETA que cumplen en la actualidad penas de prisión. Entre ellos media docena que se niegan a acatar la decisión de la organización terrorista de poner fin a la violencia.

Las cifras sobre los presos varían constantemente. De esos dos centenares, hay en torno a 20 que cumplen condena en cárceles francesas. Del resto, una buena parte ya están en prisiones del País Vasco y Navarra (en torno a 80, siete de ellos en régimen de libertad provisional). Otro centenar, aproximadamente, se reparten en cárceles próximas a Euskadi.

La dispersión

“La versión más límite y cruel de la dispersión, con distancias de 2.000 km ida y vuelta cada semana [para las famillas de los presos], se ha acabado”, reconoce Etxerat. Aunque quedan todavía diez presos cumpliendo condena en prisiones de Madrid, Ávila y Salamanca, a más de 400 kilómetros del País Vasco. Y cuatro en centros penitenciarios franceses (París y Rennes) situados a más del doble de distancia.

En estos momentos, según la misma fuente, la mayoría de los presos de ETA están en 2º grado, la calificación ordinaria en las cárceles españolas, en la que los reos comparten zonas comunes, realizan actividades educativas o laborales y salen al patio. En este grado hay ahora mismo 157 presos de ETA, de los cuales seis reciben beneficios en aplicación del articulo 100.2 del reglamento penitenciario.

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En tercer grado, que implica un régimen de semilibertad, hay 10 presos. Es un grado que se alcanza en función de diferentes factores, entre los que está el haber cumplido una parte imortante de la pena. De ellos cuatro disfrutan de “prisión atenuada”. Esto significa que cumplen condena en sus domicilios. Se trata de un régimen del que sólo suelen beneficiarse presos gravemente enfermos.

En régimen de primer grado —que supone aislamiento físico y está reservado a los presos peligrosos o socialmente inadaptados— sólo hay un condenado de ETA. Otros siete presos están en situación preventiva o pendientes de clasificación.

¿Cuándo saldrá el último preso de ETA de prisión? Aunque en los próximos años está previsto que abandonan las cárceles la mayoría de ellos, la cifra de los que han sido condenados de acuerdo con la reforma del Código Penal de 2003 —que estableció el cumplimiento íntegro de las penas— se aproxima a los 60. Y su número podrá incrementarse en los próximos años a medida que Francia vaya entregando a los que vayan saliendo de sus cárceles pero que todavía tienen causas pendientes en España. La mayoría de ellos no saldrá de prisión hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XXI.