El legado y la Justicia. XXV aniversario del asesinato de los Jesuitas y sus empleadas en El Salvador

Almudena Bernabeu

Justicia era lo que los jesuitas perseguían, la justicia inherente a la igualdad, a la equidad, a la erradicación de la pobreza. Enseñanza cristiana fundamental abandonada y tergiversada para la mayoría de los salvadoreños durante siglos. Justicia en sus mentes no era posible sin verdad, la verdad de llamar a las cosas por su nombre cuando no se puede más y a pesar del miedo. La verdad de actuar de manera ecuánime y hacer espacio para todos, la verdad de ser justo aunque conlleve un gran peligro.

Tras su brutal asesinato el 16 de noviembre de 1989, el esfuerzo de obtener justicia en su nombre se ha convertido en uno de los legados más importantes de su muerte; una oportunidad de saberles en lo cierto, de recordarles, de abrazar la honestidad de sus vidas y vocaciones humanas. La realidad de su muerte y su martirio es tan profundo como la realidad de su obra y su vida -- y seguramente tan didáctica para el pueblo salvadoreño y para el mundo.

Ignacio Ellacuria, Ignacio Martin Baró, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López fueron asesinados por soldados del ejercito salvadoreño el 16 de noviembre de 1989 siguiendo ordenes precisas del alto mando del ejército, en aquel momento además, el gobierno. El Estado salvadoreño, por medio de sus representantes, decidió y llevo a cabo el asesinato de los cinco sacerdotes, de su empleada, Elba y de su hija Celina. Este espantoso y políticamente torpe asesinato precipitó el fin de la guerra y la firma de los acuerdos de paz, irónicamente aquello que pretendían postergar los militares. Una paz negociada entre el grupo guerrillero FMLN y el ejercito supuso sentarse a una mesa sin vencedores ni vencidos, y una posible pérdida de las prebendas económicas y sociales que el ejército intentó asegurarse mediante la represión y violencia durante tantos años.

El asesinato de los jesuitas y sus empleadas revolvió las tripas del mundo, también las del aliado más importante del ejército salvadoreño, las de Estados Unidos y algunos de sus representantes, donde sin sorpresas, se decidió dejar de apoyar económicamente la sin razón, aunque sin reprimenda ideológica, pero con un cierto coste político para las Fuerzas Armadas que contribuyó a asegurar el éxito de la firma de la paz. El asesinato de los jesuitas de la UCA y sus dos empleadas materializaba post mortem lo que los jesuitas habían perseguido incesantemente en vida: una solución negociada al conflicto, la firma de la paz y el cese de la violencia.

Justicia y Verdad nunca más se desligaron, y para la UCA y para El Salvador la necesidad de verdad inmediatamente después de la masacre se tradujo en 1990 en un primer proceso penal, un juicio que se celebró con innumerables irregularidades en San Salvador. Bajo presión, con notable riesgo, y de manera precaria, miembros de la Compañía de Jesús, familiares y fiscales sobrellevaron semanas de un juicio que concluyó con la absolución de los asesinos, soldados ejecutores de la masacre, quienes ya habían confesado su participación, y sólo dos condenas, las de los oficiales de la academia militar Guillermo Benavides y Yussy Mendoza, cuyo destino ya había sido decidido por el alto mando del Ejército. Entre los procesados no se encontraban los miembros del Alto Mando y del Gobierno de 1989, y mucho menos el presidente de la República en aquel momento, Alfredo Cristiani Burkard, sobre quien se extendió un velo de inocencia, tan ficticia como necesaria, en ese proceso de paz en el que se embarcaba El Salvador.

Un aspecto clave de esta justicia definida como verdad por los jesuitas era que pudiese llevarse a cabo en El Salvador, que fuera como fue y es, una pieza clave de ese proceso de transición a la paz. Que el asesinato de los jesuitas y sus empleadas no fuera por ni para nada que no fuera salvar, si se me permite la comparación bíblica, al pueblo salvadoreño.

Durante años se trabajó desde la UCA, más concretamente desde el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) de la mano de su director Benjamín Cuellar, por investigar y demandar legalmente esa verdad. Así se interpuso una denuncia penal que culminó, tras múltiples vicisitudes, en una de las decisiones más importantes en la historia de los esfuerzos de justicia en El Salvador: la consideración del asesinato como un delito de lesa humanidad y como tal, no “amnistiable”.

En 1993, tras la presentación del Informe de la Verdad realizado por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, y en el contexto del proceso de paz, ambas fuerzas negociadoras pactaron la firma de una ley de amnistía general de vocación temporal con el fin –teóricamente– de asegurar la estabilidad del proceso. Lo que de hecho pudo haber sido una decisión cauta y razonable teniendo en cuenta el valiente contenido del informe de la Comisión de la Verdad –el primero y último en la región de su clase en detallar nombres y apellidos de los responsables–, se ha convertido en un instrumento de chantaje político, miedo, y en definitiva un instrumento de impunidad.

A pesar de la valiente sentencia de 2000 de la Corte Suprema de Justicia en relación con el caso jesuitas y la amnistía, una artimaña legal adicional -la prescripción legal- impidió que se pudiera investigar y enjuiciar el caso en El Salvador. Tras considerarlo crimen de lesa humanidad, que por su naturaleza de ius cogens es imprescriptible, la fiscalía declaraba el asesinato prescrito.

Un deseo de justicia y verdad compartidos nos llevo a Benjamín Cuellar y a mi en 2004 a plantearnos la preparación de un caso ante la Audiencia Nacional de España. Clave en esas primeras conversaciones fue el padre Jon Cortina, jesuita de la UCA quien habiendo peleado desde el Salvador desde siempre y conociendo el proceso de justicia, estaba de acuerdo en la conveniencia de un esfuerzo esta vez en España. También fueron claves en este deseo Manuel Ollé y Luis Acebal, en aquel momento Presidente y Vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, respectivamente.

Hoy, reflexionar sobre el proceso que nos llevo a la interposición de la querella ante la Audiencia Nacional y escribir sobre su fundamento, me resulta imposible sin interrelacionar los tres escenarios que lo definieron, España, El Salvador y Estados Unidos, y más concretamente, sin hablar de los esfuerzos de justicia que se estaban dando, de la mano de las víctimas, de manera más o menos simultanea, en los tribunales de estos tres países y en los que tuve la suerte de involucrarme.

En El Salvador se cerraba el proceso por la voluntad oculta de no hacer nada. En Estados Unidos, desde el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) se consolidaba la idea de que los tribunales federales podían emitir sentencias y los jurados veredictos, condenando por daños y perjuicios a individuos, incluso generales salvadoreños, por tortura. En 2002, un jurado de West Palm Beach declaraba responsables por la tortura de tres ciudadanos salvadoreños a dos ex ministros de defensa y generales del ejército salvadoreño. Poco después, en 2004, y también de la mano de CJA, otro éxito concretaba el impacto de estos esfuerzos internacionales en El Salvador. Un juez federal de Fresno, California, discernía sobre el brutal asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en 1980 y encontraba elementos para calificarlo de delito de lesa humanidad y condenar al responsable del asesinato. La investigación del caso por el asesinato de Monseñor y un tercer caso por el asesinato de maestros y líderes estudiantiles, me permitió, con la inestimable ayuda de mis colegas en El Salvador y EEUU, localizar testigos, hacer acopio de documentación no disponible hasta la fecha y, quizá lo mas interesante, lograr el testimonio escondido y clave del conductor que condujo al asesino de Monseñor al lugar del asesinato y que se encontraba protegido en el programa de protección de testigos de EEUU.

Investigar y profundizar en El Salvador para el trabajo en Estados Unidos me permitió conocer, estudiar, escuchar y entender, las vicisitudes de la lucha por obtener verdad y justicia en El Salvador. Quiénes eran y cómo vivían las víctimas, entender su sentido de exclusión, sus anhelos. Me permitió conocer a la gente clave en la búsqueda de justicia, Jon Cortina con Pro Búsqueda y los niños robados y desaparecidos durante el conflicto, el IDHUCA de Benjamín Cuellar, Roberto Burgos, Lupita Hernández de Espinoza; la UCA de José María Tojeira, Jon Sobrino, Paulino Espinoza, Guayo; El Salvador de Beto Cuéllar, Héctor Dada, Rubén Zamora, Florentín Meléndez, Henry Campos, Hato Asbum, David Morales; la resistencia de María Julia Hernández, Monseñor Urioste, Erlinda Revelo, la madre Luz y tantos, hoy, amigos entrañables.

Los procesos en EEUU y la falta de proceso posible en El Salvador generaron las claves para una estrategia en España. Simultáneamente, la justicia universal de la Audiencia Nacional flaqueaba y tras las experiencias de Pinochet, Argentina-Scilingo, Guatemala, Tibet, Sahara Occidental, etc., y la tremenda aportación que estas causas habían supuesto para el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho panal internacional, era preciso acercar a la Audiencia una causa que consolidara el término justicia para todos, sin ideologías, sin caprichos. Lamentablemente, intereses y conveniencias políticas habían relativizado la justicia que por violaciones de derechos humanos, ya no era la misma para todos.

La causa ha prosperado enormemente desde que la querella criminal por delito de lesa humanidad y terrorismo de Estado fuera admitida a tramite. El trabajo realizado en el Juzgado Central de Instrucción núm.6, de la mano del Juez Eloy Velasco, ha contribuido a construir memoria, en España y en El Salvador, a acercar a personas y colectivos que desean la verdad y la justicia y hoy representa un gran reto para los tres gobiernos de esta ecuación.

En julio de 2011, Montano, uno de los miembros del alto mando responsable de preparar y ordenar el asesinato del padre Ellacuría y sus colegas, era arrestado en EEUU gracias al trabajo de la Audiencia Nacional. Aunque Estados Unidos ha decidido hacer valer su legalidad y conducir su propia investigación, juicio y condena por fraude inmigratorio, el trabajo y la prueba para esa sentencia se apoyó en gran parte en el trabajo realizado para el caso en España. Puntualmente, y tras sobrevivir la torpe reforma de la justicia universal de marzo pasado, el juez Velasco envió una solicitud ampliada de extradición a las autoridades de EEUU para que, cumplida la condena por fraude inmigratorio, Montano sea extraditado a España para ser juzgado. El gobierno del recientemente elegido presidente Salvador Sánchez Ceren dice que no obstaculizará dicho proceso, ni aun si EEUU consultara.

Las posibilidades de un juicio por el asesinato de los jesuitas, de desenmascarar formalmente la verdad tal y como ellos y el pueblo por el que murieron reclaman, está más cerca que nunca. Estados Unidos, El Salvador y España tienen, de nuevo en ese triangulo, la capacidad real de procurar justicia.

Hoy escribo esta reflexión para conmemorar con la gente de El Salvador el XXV aniversario del asesinato de los jesuitas de la UCA y sus dos empleadas, Elba y Celina; los amigos y colegas de ese El Salvador que me ayudó y me guió, que escuchó atento lo que ocurría en España y participó plenamente en lo que hicimos en Estados Unidos para obtener algo de justicia en El Salvador. Abrumada por el cariño y la emoción mostrada, el mensaje que tenían para mi en cada beso, en cada abrazo, en cada muestra de agradecimiento era el mismo: hay que seguir luchando pues este trabajo, es esperanza de justicia, justicia explicada y entendida como la explicaban y la entendían ellos; la justicia de la igualdad, de una vida con dignidad, de la erradicación de la pobreza; la justicia de oportunidades, de inclusión, la justicia de la educación, de la atención medica gratuita, justicia de construcción de un futuro sin olvido, justicia de libertad.