No se puede poner un fotógrafo detrás de cada desahuciada

Fernando Flores

‘El Rayo Vallecano y el Ministerio de Economía se movilizan ante un dramático desahucio en Vallecas’, titula Expansión. Al parecer hay desahucios dramáticos y otros que resultan una fiesta.

Estamos en España, en la semana en que un joven delincuente que sobrepasa holgadamente la edad penal rompe audiencias por ser joven. La semana en que se ha reunido más gente en el funeral de una aristócrata que en una convocatoria en defensa de la sanidad pública (Maraña). La semana en que un caso más de abusos sexuales por sacerdotes silenciado por la jerarquía eclesiástica no escandaliza como síntoma de un delito monumental, colectivo y continuado que se ha venido cometiendo durante años en el seno de la Iglesia. Probablemente todo cuadra, y el hecho de que la atrocidad del desahucio fotografiado de una anciana finalmente habilite una campaña auto-publicitaria de club de fútbol (sí, es una campaña; si no, que lo hagan en silencio o que impugnen el sistema, como los Bukaneros) forma parte natural del medioambiente.

En octubre se han publicado los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios del segundo trimestre de 2014. Los datos confirman una subida de más de 4 puntos de los procedimientos de las ejecuciones hipotecarias, y un 3.7% más de desahucios que en el mismo período del años anterior (18.749 desahucios entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2014). La Ley 1/2013 ("de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios") en toda su expresión.

Todavía no existen estadísticas (ni se espera que los poderes públicos las elaboren) que nos informen sobre cómo afectan los “lanzamientos” a la salud de las personas, o cuáles son sus repercusiones sobre los derechos de la infancia y de las personas mayores. Lo que es del todo claro es que no se puede poner un fotógrafo detrás de cada desahuciada a la búsqueda del pulitzer que conmueva los corazones de los deportistas o la lista de pisos vacíos de la SAREB. En el camino están quedando muchas “cármenes” anónimas.

Ni las estrategias de comunicación ni la caridad tienen rango constitucional, pero el derecho a la vivienda –artículo 47 CE–, sí; y la obligación de los poderes públicos de promover el bienestar de las personas mayores “mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio” –artículo 50 CE–, también. Nos están dando limosna por derechos sociales. Sepamos que este gato por liebre, además de despreciable e ilegal, es muy mal negocio.