Belén Cardona
El nuevo curso fue inaugurado por nuestros actuales responsables en el Ministerio de Empleo con sendos comunicados de su gabinete de comunicación, en los que se anunció con gran entusiasmo, por una parte, el descenso del número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de agosto y, por otra, se presentó un informe sobre los efectos de la reforma laboral sobre el empleo, como “ejercicio de análisis y de transparencia inédito”, en palabras de la Ministra. Al tiempo que se anunciaba, como medida estrella del otoño, la simplificación de los modelos de contratos para incentivar la contratación estable.
El descenso del paro que se presentó como inaudito dentro de las tendencias de comportamiento del mercado laboral, se cifró en 31 personas durante el mes de agosto, en relación con el mes anterior, julio. Un descenso del paro que, en valores relativos, implicaba, según los propios datos de los Registros del Servicio Público Estatal sobre demandantes de empleo, paro, contratos y prestaciones por desempleo, una reducción de un 0,00%. De esta forma, el paro registrado se situaba en 4.698.783 al concluir el mes de agosto.
Llaman la atención muchos elementos que acompañan estas declaraciones, balances y propuestas de nuestros responsables. En primer lugar, el momento del año que se selecciona para analizar las cifras del desempleo y ofrecer a la opinión pública, elevando a la categoría de éxito lo que es un caso de manual, el natural incremento estacional de empleo durante los meses de verano, en una realidad económica en la que el sector servicios y del turismo encuentra su momento álgido durante el periodo estival. La selección del mes de agosto puede obedecer a la comprensible necesidad de nuestros gobernantes de ofrecer un dato esperanzador a los ciudadanos, azotados por el fatídico fenómeno del desempleo.
Pero llama todavía más la atención que a lo que casi podríamos denominar una anecdótica selección de un dato sobre desempleo, le acompañen datos adicionales que surgen de la selección y consiguiente comparación con parámetros, años e índices de desempleo, que pretenden dar consistencia a la afirmación de la disminución del desempleo durante el mes de agosto. Así, en algún momento del comunicado la comparación se efectúa con el año 2000, en otros con el año, 2006, 2007 e, incluso, en otros se abandona el siglo XXI para hacer incursiones en los años 1996 y 1999.
Y esta selección de la información que se incluye en el comunicado alrededor del dato de los 31 desempleados menos durante el mes de agosto, permite realizar afirmaciones conclusivas como que “se mantiene con vigor la tendencia de freno en el ritmo de crecimiento del paro registrado” o que se observa “un ritmo de contratación alentador dado el contexto de dificultad y prolongación de la crisis”.
Afirmaciones que hubiesen resultado imposibles de incluir o que, como mínimo, hubiesen chirriado si se hubiesen contemporizado con otros datos e informaciones incluidas en los propias estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal, que probablemente transmitirían a los ciudadanos información más útil y completa que la obtenida de comparaciones caprichosas e interesadas.
En esta línea, parece que cobra mayor sentido establecer comparaciones entre los datos del mes de agosto del 2013 con el mismo período en el año anterior. Y si lo hacemos, observamos que con respecto a agosto de 2012 el desempleo se ha incrementado en 73.149 personas (1,58%). Pero si fijamos la atención en las contrataciones efectivamente realizadas, el número de contratos registrados durante el mes de agosto es de 1.043.166, lo que supone una bajada de 628 (-0,06%) sobre el mismo mes del año 2012. Por su parte, la contratación acumulada en los primeros ocho meses de 2013 ha alcanzado la cifra de 9.285.453, lo que conlleva 44.050 contratos menos (-0,47%) que en igual periodo del año anterior.
Siendo uno de los propósitos declarados realizar un ejercicio de transparencia, hubiese sido interesante ofrecer, también, información sobre la calidad de las contrataciones realizadas, es decir sobre el carácter temporal o indefinido de las contrataciones realizadas. Así, en agosto del 2013 se registran 62.454 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 5,99% de toda los contratos y que supone un descenso de 11.986 (-16,10%) contratos sobre el mes de agosto del año anterior. Datos que parecen señalar que el influjo de la reforma laboral lejos de contribuir a la creación de empleo, sigue sirviendo para profundizar en la dualidad y precariedad del mercado laboral.
Pero además, existe otro dato incontestable que es el de número de cotizantes a la Seguridad Social. Durante el mes de agosto en el que la desocupación descendió en 31 personas con respecto al mes de anterior, dejaron de cotizar 99.069 afiliados y, si ampliamos el arco de observación, a lo que llevamos de año, la Seguridad Social ha perdido 568.000 cotizantes.
Con el conjunto de la información resulta difícilmente comprensible el entusiasmo del Ejecutivo en la presentación del dato del que nos hemos ocupado. Sin detenernos a reflexionar sobre cuan frívolo puede resultar construir un comunicado del Ministerio, cuyo centro es una disminución tan poco significativa del desempleo.
El mismo tono triunfalista impregnaba las manifestaciones de la Ministra de Empleo en su comparecencia del 29 de agosto de 2013, a propósito del Informe de evaluación de la reforma laboral. Se emplearon formulaciones grandilocuentes, ante las que cabe preguntarse cuáles son los fundamentos para pronunciarlas con tanta contundencia, como “por primera vez durante la crisis, un menor crecimiento económico no se ha traducido en un mayor ritmo de destrucción de empleo”, “la reforma ha evitado la destrucción de hasta 225.000 puestos de trabajo” o “durante los 12 meses posteriores a la reforma laboral España ha sido la nación desarrollada que más competitividad relativa ha ganado”, entre otras.
La única línea programática de acción futura que se presentó fue la intención de introducir una simplificación administrativa de los formularios actualmente existentes de modelos de contratos a 5, lo que supondrá sin duda una interesante simplificación burocrática para todos los implicados en el proceso de la contratación, ya sean agentes públicos o privados. Además de proponerse refundir la Ley de Empleo para incluir todos los incentivos existentes en materia de contratación. La Ministra entiende que esta medida de simplificación administrativa es de suficiente entidad como para incentivar la contratación estable. Siendo indudablemente una medida interesante esta que se propone, en cuanto a la simplificación y facilitación formal de la contratación, de nuevo, surge la perplejidad cuando a la misma se le atribuyen efectos sobre la creación de empleo de tanta relevancia.
En definitiva, parece aconsejable realizar un ejercicio prudente de contención del entusiasmo frente a los datos del empleo y dirigir la atención y los esfuerzos hacia el diseño de una política de empleo coherente e integradora, que encuentre su fundamento en los artículos 35 y 40 de la Constitución, que sitúa el derecho al trabajo como valor central de la ciudadanía social y que exige de los poderes públicos que potencien las “condiciones favorables para el progreso social y económico”, y “de manera especial” una política de pleno empleo.
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