El mismo Partido Popular que no pierde ocasión alguna para repetir su mantra de que hay que bajar los impuestos es el que luego vota en contra del decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la crisis de Ucrania y es el mismo PP que aprovecha las arcas públicas de las comunidades donde gobierna para financiar a entidades privadas y dar ayudas a quienes tienen rentas altas. Es decir, unos Robin Hood en toda regla, pero a la inversa. Utilizan los recursos públicos obtenidos a través de los impuestos de todos —en un sistema tributario que ya de por sí es injusto— para subvencionar a quienes no lo necesitan.
Los ejemplos de estas prácticas son muchísimos y tal vez sea justamente por ello que cada vez nos escandaliza menos algo que es por definición injusto e inmoral. Pero cuando se hace con la educación da más rabia y duele más.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la vez que afirma que en Madrid “no hay clasismo, ni clases sociales, ni ciudadanos que valgan más o menos por su poder adquisitivo”, aprueba para el próximo año académico 2022/23 una financiación total de 73 millones de euros para cursar estudios de Bachillerato (43 millones para 15.130 becas) y Formación Profesional de Grado Superior (30,5 millones para 11.813 becas) en centros privados, y lo hace en son de “la igualdad de oportunidades”. No sólo se extienden estas ayudas que antes se otorgaban a alumnos de centros públicos y concertados (esto último ya de por sí injusto) a centros privados, sino que también aumenta el umbral de la renta máxima per cápita de las familias beneficiarias, pasando de 10.000 a 35.913 euros. Es decir, que una familia compuesta por cuatro miembros, dos padres y dos hijos, con unos ingresos de 143.652 € pueden ser beneficiarios de esta ayuda, si llega un tercer hijo y un aumento de sueldo, alcanzando los 179.565 €, seguirán pudiendo obtener las becas y así a seguir.
Esta decisión es una clarísima muestra de lo que supone la influencia de la ultraderecha, pues si poca duda cabe de que son políticas a las que el Partido Popular aspiraba, también es cierto que no se atrevía con tanta desfachatez. Cabe recordar que esta medida no entraba en el programa de Ayuso y que ella misma se opuso a otorgar estas ayudas para centros privados cuando gobernaba con Ciudadanos, en febrero de 2020.
Ahora bien, ¿quiénes son los verdaderos beneficiarios?: las entidades privadas. Pues, en palabras de la propia Elena Cid, directora de la Asociación de Colegios Privados e Independientes, esta medida servirá para alumnos de nuevo ingreso, no para “nuestras familias”. Es decir, con el dinero de todos, incluidos los que menos tienen, se están inyectando 73 millones de euros en centros de educación privada en concepto de nuevas matrículas.
Y, ¿quiénes son los principales perjudicados?: el sistema de educación pública madrileño y los centenares de miles de estudiantes que en él se forman. Pues, afirman las responsables de Educación de CCOO Madrid y de UGT, con ese presupuesto se podrían construir cinco centros públicos de 600 plazas cada uno o bien contratar hasta 1.600 nuevos profesores para que baje la ratio de alumnos por aula. Así como una infinitud de otras acciones, por ejemplo, destinar esas ayudas a las familias verdaderamente desfavorecidas.
En definitiva, esta no es tanto una medida en favor de los estudiantes pertenecientes a centros privados, sino en contra de los alumnos de la educación pública. Forma parte de la ofensiva que desde hace años lleva a cabo el Partido Popular contra el sistema educativo público, pero que en los últimos años ha llegado a niveles delirantes: mientras que en solo diez años las matriculaciones en centros de FP privadas se incrementaron en más de un 150%, en las públicas lo hicieron en un 29%, de hecho el verano pasado miles de jóvenes se quedaron sin poder acceder a una FP pública por falta de plazas. Asimismo, el Bachillerato privado ha crecido en los últimos cuatro años cinco veces más que el público.
Sin embargo, afirman los diputados de Vox —sin sonrojarse— que los estudiantes de los centros privados están siendo discriminados. No recuerdo haberles escuchado, ni a ellos ni al PP de Ayuso, pronunciar la palabra “igualdad” más que cuando la asocian a la de “oportunidades”, que, entonces sí, la repiten como una cantinela. A lo mejor se piensan que en los colegios públicos no nos enseñan algo tan sencillo como que si ofreces a todo el mundo lo mismo, sin discriminar, estás reproduciendo y acentuando las desigualdades previas; que apostar por una sociedad más justa y equitativa no consiste en dar a cada cual según lo que supuestamente merece, sino en función de lo que cada uno necesita.
Pero es que en este caso ni siquiera estamos ante un intento, que sería gravísimo, de derivar los recursos públicos a centros privados para que, como dijera Pedro Duque pocos meses antes de ser nombrado ministro de Universidades, “sigan corriendo por delante de la escuela pública”. Principalmente porque de sobra sabemos que esto es falso, basta con mirar cualquiera de esos absurdos rankings de excelencia que se publican periódicamente. Esta medida, que bien podríamos calificar de desfalco moral, aprobada en son de la libertad de elección y la igualdad de oportunidades, no tiene por objetivo que los jóvenes que “más lo merezcan” puedan acudir a un bachillerato donde se enseñan mejor las matemáticas o a una FP con mayores recursos materiales —que, repito, sería gravísimo—, sino salvaguardar y fomentar el privilegio y los contactos que proporciona acudir a centros exclusivos por el mero hecho de ser más caros. Se está utilizando el dinero público para que los chavales de unos pocos sigan yendo a las fiestas de cumpleaños y de graduación de una cierta élite, a costa del abandono de la educación de la mayoría.
Bien es cierto que la cuestión relativa a la financiación de la educación es amplia, compleja y estructural. Comienza con las guarderías y llega hasta la investigación, con los contratos predoctorales y postdoctorales, y tiene como una de sus mayores problemáticas que no deja de ser concebida como un gasto en vez de como una inversión. Pero esta noticia es demasiado indignante y merece que recuperemos el sentido del escándalo.
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