Dos amigos registradores

El martes 20 de febrero de 1990, Francisco Riquelme constituyó una empresa de nombre Inlimur SL. Un día después, Mariano Rajoy envió un escrito al Ministerio de Justicia recomendándolo como su sustituto para el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante). Fue una semana ajetreada para los dos amigos, que desde entonces mantienen el codiciado registro de una forma peculiar: Rajoy es un titular que lleva 23 años sin ocupar la plaza y su sustituto "accidental permanente" es titular de otro registro en Elche. En otras palabras: el tandem Rajoy-Riquelme ha impedido durante más de dos décadas que otro registrador ocupe la plaza de Santa Pola, que en los años de bonanza inmobiliaria facturó cientos de miles de euos al año.

La decisión de Riquelme de hacerse empresario parece que ha sido acertada. Inlimur SL nació con un capital social de 90.000 euros y ya va por 1,8 millones de euros. España para algunos va bien. Y al empresario-registrador no le afecta demasiado la crisis: desde 2008, ha invertido más de medio millón en la sociedad de inversión inmobiliaria. 

Seguro que el político-registrador no tiene nada que ver con Inlimur SL. El nombre de Rajoy no aparece por ningún lado en los documentos que figuran en el Registro Mercantil y tampoco en la declaración de bienes realizada por el presidente ante el Congreso. Como mucho, los malpensados podrán argumentar que algo tendrá que ver en la prosperidad de Inlimur SL la decisión de Rajoy de recomendarlo como heredero del registro de Santa Pola.

Los malpensados no suelen tener razón. Pero estaría bien que Rajoy, además de aprobar leyes de transparencia, diese ejemplo en algún momento. Y ahora tiene sobre su mesa siete preguntas muy fáciles de responder. Se contestan con un "sí", un "no" o una cifra.

1. ¿Cuánto ingresó entre 1981 y 1985 en su doble faceta de político y registrador?

2. ¿Cobró de forma irregular durante 464 días del Registro de Berga?

3. ¿Tuvo algún ingreso procedente de los Registros de Berga, Elche-4 y Santa Pola desde la aprobación de la ley 30/1984, que prohibía a los políticos con cargo público cobrar como funcionarios, hasta el año 1998?

4. ¿Cuántos meses tardó en adaptarse a dicha ley 30/1984?

5. ¿Incumplió la legislación entre 1987 y 1989 al residir en Galicia mientras ejercía como registrador a mil kilómetros de distancia, en Santa Pola?

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6. ¿Tuvo conocimiento de que su expediente como registrador se envió a un archivo secreto durante el Gobierno de Aznar, del que él mismo formaba parte?

7) ¿Ha tenido algún tipo de relación, directa o indirecta, con la empresa Inlimur SL?

Si todas estas preguntas se responden con un "no" o con un "cero", el político-registrador no tiene ningún problema. En caso contrario, debería empezar a dar explicaciones detalladas a la opinión pública sobre sus actividades privadas.