Obstruir a la Justicia, insultar a los ciudadanos

Que un partido pague en dinero negro a sus dirigentes y se financie ilegalmente es una violación de las normas más elementales de una democracia. Y si se demuestra debería provocar la dimisión de todos los implicados, hayan sido sobrecogedores, pagadores o encubridores. Pero en el caso Bárcenas hay otros dos asuntos que tienen ya enorme gravedad: los posibles delitos de obstrucción a la Justicia y la corrupción moral que subyace en algunas explicaciones públicas de los portavoces del PP.

El Código Penal dedica el Título XX de su Libro II a los delitos contra la Administración de Justicia. 27 artículos en total. Dado que en la sede nacional del PP quien no es registrador, es abogado del Estado o fiscal, cabe suponer que las oposiciones que aprobaron incluían el estudio del Código Penal. Así que no pueden alegar ignorancia. Por tanto, los Rajoys, las Cospedales y los Gallardones seguro que saben lo siguiente:

1) Es un delito la destrucción de pruebas que puedan servir en un proceso judicial. En concreto, el artículo 465.2 del Código Penal castiga al particular que "destruyere, inutilizare u ocultare documentos". Pues bien, está comprobado que la dirección del PP destruyó o inutilizó los discos duros de los dos ordenadores de su extesorero Luis Bárcenas. Además, cuando saltó el caso Gürtel en febrero de 2009 y el PP temía que el entonces juez instructor Baltasar Garzón ordenase un registro de la sede del partido, Bárcenas entregó a su segundo (Cristóbal Páez) los documentos de la contabilidad B para que los ocultase. Así lo han admitido ambos, ahora enemigos confesos, en su declaración judicial. Por último, y esto es lo único que aún no está demostrado, Bárcenas acusó a Mariano Rajoy de destruir personalmente una copia con apuntes de la contabilidad B cuando se la entregó al abandonar el puesto de tesorero. 

2) Es un delito el encubrimiento. En concreto, el artículo 451 señala que incurren en dicha infracción quienes no son autores ni cómplices, pero intervienen mediante alguna de las siguientes actuaciones: auxiliando al delincuente para que "se beneficie del provecho, producto o precio del delito", ocultando o alterando "el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento" o ayudando al delincuente a "eludir la investigación de la autoridad siempre que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas".

Hace algunas semanas parecía legítimo preguntarse si Mariano Rajoy había cometido un delito de encubrimiento. Ahora, los indicios empiezan a acumularse. No sólo están los SMS cariñosos a Bárcenas animándole a resistir o que uno de los mensajes del presidente a su tesorero confesase: "Luis, nada es fácil, pero hacemos lo que podemos. Ánimo". Es que la propia secretaria general del PP admitió en sede judicial que Rajoy y Arenas habían llegado a un pacto con Bárcenas para mantenerle un sueldazo de 20.000 euros al mes, secretaria, chófer y garaje, después de su teórica "salida" del partido. Así que cabe preguntarse lo siguiente: si fue Rajoy quien pactó las condiciones laborales de Bárcenas, ¿quién aprobó la estrategia legal del partido, que se personó como acusación popular, pero cuyas actuaciones tenían como objetivo lograr el archivo de la causa o el entorpecimiento de la investigación? ¿Y quién autorizó que Bárcenas se llevase nueve o diez cajas con documentos de la sede del partido, en las que es más que posible que hubiese pruebas de los delitos cometidos? ¿Y quién permitió que el PP retuviese primero los ordenadores del tesorero, en vez de ponerlos a disposición de la Justicia, y luego destruyese los discos duros? Lógicamente, todo apunta a Mariano Rajoy, ya que era el único con poder para tomar decisiones tan importantes.

En todo caso, es necesario abrir una investigación inmediata sobre la posible comisión de estos delitos contra la Administración de Justicia. La Fiscalía debería actuar de oficio, pero si no lo hace debe ser el juez Pablo Ruz quien tome la iniciativa cuanto antes. Además, alguien debería explicar por qué durante cuatro años no se ha ordenado registrar la sede del PP y la casa de Bárcenas o por qué no se han requisado hasta ahora los ordenadores del tesorero.

La segunda cuestión que debería despertar una indignación generalizada es la política de comunicación del PP. No hace falta extenderse mucho en este asunto, porque cualquier persona con sus facultades mentales intactas llega a la misma conclusión: hablar de "indemnización en diferido en forma de simulación" o afirmar que los discos duros de un ordenador que pueden contener pruebas de graves delitos se destruyen para respetar la Ley de Protección de Datos es tomar a los ciudadanos por imbéciles. Es reírse de ellos a la cara.

Está mal que los políticos cobren en negro y engañen a Hacienda. Es reprochable que los partidos se financien ilegalmente. Es grave que los dirigentes obstruyan a la Justicia. ¿Pero es también necesario insultar la inteligencia de los ciudadanos?