Hay quien sostiene que el curso político que estos días se inicia va a ser más sereno, menos tenso. Sin citas electorales a la vista en tres años –dicen– es imposible mantener el clima de crispación permanente. Lo dudo mucho. Las derechas creen que Puigdemont no va a dar un respiro a Sánchez, que tendrá que prorrogar de nuevo los Presupuestos, y esa situación de debilidad permitirá a PP y Vox, Feijóo y Abascal o viceversa, exigir un día sí y otro también elecciones anticipadas. Nada nuevo: ¡Sánchez, váyase! Y eso sin contar con el acoso judicial, ¡quien pueda hacer, que haga! Aznar (otra vez) dixit.
El acuerdo para la renovación del Poder Judicial no era el comienzo de una forma distinta de oposición, sino el final de un bloqueo que estaba desgastando ya al PP ante Europa y ante cualquier demócrata cabal después de cinco años largos de incumplimiento de la Constitución. Se daba por hecho que el equilibrio absoluto (diez vocales propuestos por la derecha y diez por la izquierda) incluiría la elección inmediata de una presidenta de perfil progresista, acorde con la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de coalición. Pues no. El (lamentable) espectáculo continúa. Se inicia la cuenta atrás para la apertura del año judicial y las derechas siguen presionando para conseguir nombramientos, cargos en tribunales y control de comisiones clave del Consejo. Hay una voracidad de poder conservador en este país que viene de siglo y medio atrás, como mínimo. Melancolía de la Restauración en pleno siglo XXI.
Lo cierto es que las primeras señales enviadas tras las vacaciones indican que a Feijóo le preocupa más su competencia directa con Vox por el espacio de la extrema derecha que dar solidez a un proyecto de derecha democrática homologable en Europa y responsable en los asuntos de Estado o de emergencia nacional. Podemos comprobarlo en los dos temas principales (no nuevos) que dominan la actualidad: la inmigración y la financiación autonómica.
En el primero, Feijóo se apunta a un discurso que alimenta la xenofobia y distorsiona la realidad, olvidando por supuesto la obligación humanitaria y jurídica que tenemos con quienes llegan a nuestras costas buscando un futuro mejor. Relaciona migración y criminalidad sin el menor pudor y sin ninguna prueba. Se han cumplido treinta años de la llegada a Canarias de la primera patera. En tres décadas, 232.000 inmigrantes por esa ruta en un país de casi 48 millones de habitantes (ver aquí). Con una población envejecida y un sistema económico necesitado de una fuerza laboral imprescindible para sostener un Estado del Bienestar en riesgo. No parece importar, ni siquiera cuando se trata de acoger a unos centenares de menores de los más de cinco mil que siguen hacinados en las islas desde hace meses.
La llamada migración circular que Sánchez pretende extender en el viaje de estos días a tres países africanos es una vía razonable y deseable a largo plazo, aunque no resuelva la emergencia actual y la que se prevé para los próximos meses de mar calmado. Feijóo acusa al Gobierno de alentar el “efecto llamada”, a pesar de que esa fórmula –con distintas denominaciones (migración regulada, por ejemplo)– es reclamada por las empresas y figura incluso en los programas del PP. No plantea Feijóo alternativa alguna a la reforma de la ley de extranjería pese al SOS que lanzan los gobiernos del propio PP en Canarias, Ceuta o Melilla.
¿Pretenden las izquierdas mantener como mensaje clave el del miedo al autoritarismo? Es posible frenar la ola reaccionaria desde la esperanza basada en hechos y valores, con objetivos factibles y optimismo democrático
Y algo similar ocurre con la financiación autonómica, necesitada de una reforma y actualización profunda 15 años después del último pacto, en 2009. Es cierto que esa reforma se plantea derivada del acuerdo entre el PSC y ERC para el gobierno de la Generalitat. Se aprueba una fórmula de “financiación singular” para Cataluña que, más allá del rechazo absoluto de las derechas, causa división en las propias filas socialistas: Borrell considera que ese acuerdo supone un Concierto similar al vasco y un “salto hacia la soberanía fiscal catalana” (ver aquí); Octavio Granado, que negoció la última reforma de la financiación y dirigió durante años la Seguridad Social, cree sin embargo que el acuerdo con ERC en lo que avanza es en el federalismo y puede “tener efectos positivos en toda España” (ver aquí). ¿Es o no es un Concierto? Depende de cómo se concrete en la tramitación parlamentaria y lo que se negocie con las demás autonomías (ver aquí). Pero de entrada no será un Concierto como el vasco porque eso exigiría una reforma constitucional ahora imposible.
Hemos conocido esta semana un Manifiesto de los barones del PP para mostrar una imagen unitaria contra el acuerdo catalán (ver aquí). Lo que no hemos conocido es qué propuesta tiene Feijóo sobre financiación autonómica: ¿va a defender o no la singularidad catalana? ¿Y las singularidades que reclaman Andalucía, Valencia, Galicia o Castilla y León? Ha convocado a los dirigentes populares de las once comunidades donde gobierna (en la mayoría gracias al apoyo de Vox pese a su salida de los Ejecutivos) a una cumbre en Madrid el próximo 6 de septiembre. Veremos si de ahí sale algo más que una foto.
Cabe otra forma de mirar la realidad política y la compleja andadura de los tres próximos años sin citas electorales. Hay una oportunidad de elevar la vista hacia el futuro. Más allá de lo que hagan las derechas, ¿pretenden las izquierdas mantener como mensaje clave el del miedo al autoritarismo? Convendría fijarse en lo ocurrido en la Convención Demócrata que ha proclamado a Kamala Harris como candidata frente a Trump. El eje de su discurso se ancla en “la esperanza” como motor político frente al miedo y al odio que siembra constantemente el populismo trumpista. Ante un modelo de sociedad atemorizada, anclada en la incertidumbre y contaminada de la mañana a la noche por bulos o medias verdades que revuelven las tripas, una hoja de ruta ambiciosa en los asuntos que más preocupan (la vivienda, la gestión de las migraciones, el desempleo juvenil, la precariedad laboral…) y esperanzadora, optimista desde la fortaleza democrática.
Traído a lo nuestro, hay una oportunidad de asumir con valentía la realidad plurinacional que ya condiciona el presente y el futuro de España, para gestionarla sin complejos, con eficacia, con objetivos marcados de forma que se supere la imagen de debilidad permanente que ofrece el Gobierno de coalición pese a los datos económicos que ya pocos discuten y los avances sociales que tanto molestan a los sectores más retrógrados. Lo de “hacer de la necesidad virtud” debería pasar a mejor vida. Es posible frenar la ola reaccionaria desde la esperanza basada en hechos y valores, con objetivos factibles y optimismo democrático. Veremos.
Hay quien sostiene que el curso político que estos días se inicia va a ser más sereno, menos tenso. Sin citas electorales a la vista en tres años –dicen– es imposible mantener el clima de crispación permanente. Lo dudo mucho. Las derechas creen que Puigdemont no va a dar un respiro a Sánchez, que tendrá que prorrogar de nuevo los Presupuestos, y esa situación de debilidad permitirá a PP y Vox, Feijóo y Abascal o viceversa, exigir un día sí y otro también elecciones anticipadas. Nada nuevo: ¡Sánchez, váyase! Y eso sin contar con el acoso judicial, ¡quien pueda hacer, que haga! Aznar (otra vez) dixit.