A por ellos o a por el futuro

No puede sorprendernos la sorpresa causada por el anuncio del preacuerdo para un “Gobierno de coalición progresista” día y medio después del cierre de las urnas. Sus firmantes son los primeros responsables de habernos convencido entre abril y noviembre de que serían incapaces de lograrlo. Como ocurre a menudo en las rupturas de parejas, los entornos que creyeron las barbaridades escuchadas de labios de los ‘ex’ (más aún quienes apostaron por dar la razón a una de las partes) son los primeros en quedar descolocados, sumidos en esa sensación contradictoria entre la alegría por el arreglo y la irritación por el tiempo y las energías perdidas. (Las respuestas más verosímiles a las principales preguntas que aún no han respondido ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias sobre las razones de su repentino giro las ha escrito aquí mismo José Miguel Contreras).

Menos aún puede sorprendernos la inmediata reacción desde sectores políticos, económicos, mediáticos y empresariales cuya primera tentación es la que expresa sin disimulos el portavoz del eufórico nacionalpopulismo español, Santiago Abascal: deslegitimar cualquier posible gobierno progresista. Si en cuarenta años nunca hubo “momento propicio” para exhumar al dictador de su mausoleo, tampoco lo hay (al menos desde 2004 y la ‘conspiranoia’ posterior a los atentados del 11-M alimentada por el PP y sus voceros en radio y prensa) para aceptar que una mayoría de izquierdas gobierne España, por mucho que esa mayoría obedezca a la representación parlamentaria salida de las urnas. Por resumirlo con un ejemplo: ningún demócrata pone en cuestión la legitimidad de que en Madrid gobiernen la segunda y tercera fuerza con el apoyo externo de la extrema derecha, pero “ellos” deciden que no es “legítimo” que el partido ganador de las elecciones generales intente gobernar en coalición con el cuarto y con el apoyo de otras formaciones que compartan un programa. Los mismos que llevan meses clamando sobre la absoluta prioridad del “desbloqueo político” se retratan ahora demostrando que se referían únicamente a un desbloqueo por la derecha, nunca con otro rumbo distinto. Ya se sabe que para ese discurso dominante la estabilidad sólo se garantiza desde la óptica neoliberal. No les vale ninguna otra alternativa, por moderada que sea (incluso light, en palabras del sindicalista Unai Sordo).

Aún es pronto para considerar factible la investidura, pero el simple hecho de que todos esos autoproclamados “guardianes de las esencias patrias” se hayan lanzado a poner palos en las ruedas significa que conviene no despistarse ni caer en la trampa de limitarnos a ocupar páginas, redes y telediarios comentando los mensajes apocalípticos que lanzan los habituales fabricantes del miedo o hilvanando quinielas diarias sobre posibles ministros o ministras o secretarios de Estado del PSOE, de Podemos o independientes. Con el añadido, esta vez, de que se abrirá seguro un debate nacional sobre la “idoneidad” de cada nombre para el desempeño de sus funciones. (¿Existirá otro pueblo en el mundo más aficionado que el nuestro a juzgar las habilidades o inutilidades de un político, un entrenador, un periodista, un futbolista, un mecánico o un albañil? ¡Lo que no sabremos nosotros acerca de todo lo que ignoramos!).

Es hora, sin embargo, de poner en valor la triple oportunidad que supone a mi juicio para España y sus gentes la conformación de un Gobierno progresista, apoyado en la realidad multipartidista, capaz de abordar el profundo cambio de época que vivimos en tres frentes muy concretos y en mi opinión capitales:

1.-  Economía, empleo y desigualdad.- El pacto entre PSOE y Unidas Podemos asume “los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”, lo cual desmonta por un lado todos los disparates que se escuchan sobre el advenimiento de políticas “comunistas” o “bolivarianas” y limita por otro la capacidad para abordar reformas rápidas y profundas que exigirían un gasto público que la famosa “estabilidad presupuestaria” impide, más aún en un ciclo internacional de desaceleración. Pero se abre una clara oportunidad para enterrar las políticas austericidas que han disparado la brecha de desigualdad en España y en todo el sur de Europa. Es hora de demostrar que el discurso único neoliberal es una peligrosa falacia que aún puede hacer más daño del ya causado. Desde Portugal, un gobierno de izquierdas ha demostrado que se pueden cumplir las directrices europeas con una fiscalidad más justa y progresiva, subiendo salarios y pensiones, gravando más a grandes empresas y fortunas, apoyando a pequeños empresarios y autónomos y facilitando las inversiones extranjeras. La clave de bóveda de un capitalismo más justo y equilibrado es la fiscalidad, y lo que nos separa de Europa no son los compromisos de estabilidad presupuestaria sino que seguimos unos seis puntos por debajo en presión fiscal y mantenemos un fraude bastante más elevadoseis puntos por debajo en presión fiscal. Por más que gesticulen, lo que preocupa a los poderes financieros y a las élites empresariales no es que se forme un gobierno ‘socio-comunista’, sino que se lleve a cabo un proyecto político que ponga límites a un capitalismo salvaje, especulativo y extractivo, que se caracteriza precisamente por incumplir las mínimas reglas de la libertad de mercado, al consentir el funcionamiento de oligopolios que imponen sus reglas, precios y condiciones a medida que han ido debilitando la capacidad regulatoria del Estado. Simplemente la apuesta por la transición ecológica, con un planteamiento de la economía condicionado por la emergencia climática, debe suponer un avance fundamental en la creación de empleo cualificado, que ayude a luchar contra la precariedad y a favor del trabajo digno.

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2.- Estado plural y convivencia.- Llevamos muchos años perdidos a la hora de afrontar los conflictos territoriales y los problemas de convivencia focalizados en Cataluña pero no exclusivos de esa comunidad. La negación de un complejo problema político por parte de los gobiernos del PP y el desbordamiento de la legalidad por parte del independentismo han conducido a una crisis constitucional cuya solución (como el propio Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han advertido en distintas sentencias) no puede encontrarse en la vía judicial o penal. Costará años, quizás generaciones, pero la única posibilidad de recuperar la convivencia y de superar un conflicto que fractura casi por la mitad a la sociedad catalana es abrir desde ya espacios de diálogo en los que empezar a discutir pasos concretos, desde el respeto a las mayorías y también a los derechos reivindicados pacíficamente por las minorías. Es falso que no existan alternativas al 155 o a la vía unilateral hacia la independencia. Es lamentable que se hayan derrochado toneladas de electoralismo fuera de Cataluña inflamando un discurso nacionalista español que tiene mucho que ver con el vertiginoso crecimiento de la ultraderecha nacionalpopulista. Quizás la pura necesidad de desbloqueo político y el riesgo de asumir la responsabilidad de otra repetición electoral terminen acelerando la exploración de instrumentos como la reforma constitucional, los referéndums pactados y la superación de complejos acerca de la plurinacionalidad del Estado español y su diversidad innegable y enriquecedora. Una vez que Vox ha salido de las entrañas del PP y está dispuesto a devorarlo como ya ha hecho con el espacio extremista al que Rivera condujo a Ciudadanos, quizás en el PP se asuma la necesidad de una reflexión profunda sobre el papel que quiere jugar en el tablero democrático y en la solución a los problemas de España. Del mismo modo que ERC, una vez demostrada la inviabilidad de la vía unilateralista y las ensoñaciones carlistas del sector de Puigdemont, tendrá que decidir si sigue defendiendo sus objetivos legítimos por vías estrictamente democráticas, dando la batalla política sin complejos también a quienes etiquetan como traidor al catalanismo a todo aquel que rechaza una hoja de ruta excluyente que acaba con políticos en la cárcel y que abona ese “¡a por ellos!” igualmente antidemocrático.

3.- Derechos y calidad democrática.- Si alejamos un poco la vista de la más reciente disputa electoral, del titular más comentado en el día de ayer o del último tuit o post que haya incendiado las redes, deberíamos ser conscientes de lo que esta coyuntura política supone sobre nuestro presente y futuro como país y sobre el sistema de convivencia que deseamos para nosotros y para nuestros hijos. Tenemos ya suficientes evidencias reales en los últimos años, y muy especialmente en los últimos meses, de la regresión que supone el desplazamiento hacia la extrema derecha de todo el espectro político conservador. Porque no sólo se trata del griterío xenófobo, antifeminista, contra la libertad sexual y de género o contra el derecho al aborto. No sólo debe alarmarnos el discurso apologético del franquismo que protagoniza Vox. Es que su influencia y capacidad de prescripción del discurso de aquellos a los que apoya para ejercer el poder en distintas comunidades autónomas se han ido traduciendo ya en medidas concretas que son saltos atrás, en la senda exactamente contraria a la recorrida por la sociedad española desde 1977. La lógica del progreso debería llevarnos a consolidar de una vez por todas la igualdad real entre hombres y mujeres, o el derecho a una muerte digna, o la reparación a todas las víctimas del franquismo después de haber exhumado (ya era hora) al dictador de su mausoleo…

Quienes soñaban con un cómodo regreso al bipartidismo o incluso con grandes coaliciones que blinden los intereses de las élites aunque dañen (quizás de forma irreparable) la esencia de nuestro sistema democrático, han comprobado que devolver la papeleta a la ciudadanía no resuelve el bloqueo político. Quienes desde abril tenían en sus manos intentar un gobierno progresista capaz de avanzar hacia un país más justo, moderno y plural, superador de los sectarismos, también han percibido el castigo por la frustración causada. La tozuda realidad multipartidista quizás nos conduzca, por la vía tan castiza de “hacer de la necesidad virtud” o de elegir “el mal menor” a una inevitable encrucijada en que las alternativas posibles se reduzcan a elegir entre el “¡a por ellos!” o “¡a por el futuro!”, entre la España de la palabra y la de los garrotazos, entre la que representa el poeta y flamante Premio Cervantes Joan Margarit y esa España a la que aspira el juez Serrano.