Del Pino y el patriotismo… holandés

Rafael del Pino y Calvo-Sotelo es propietario de la tercera mayor fortuna del país, calculada en 3.800 millones de euros por la revista Forbes (ver aquí). Quizás preocupado por su “estabilidad económica”, el presidente de Ferrovial se subió en 2022 su retribución personal un 16%, para alcanzar los 5,2 millones (ver aquí). La gran constructora acaba de anunciar la decisión de trasladar su sede social a Países Bajos, con el argumento de que Holanda tiene “las mejores calificaciones crediticias apoyadas en bajos niveles de endeudamiento sobre PIB” (ver aquí). Dicho de otra forma, alega Del Pino que en Holanda hay más “seguridad jurídica”, sin explicar el motivo por el que esta compañía española se siente insegura mientras la inversión extranjera en España ha crecido casi un 55% en los tres primeros trimestres de 2022 (ver aquí). ¿Acaso son imbéciles los grandes inversores internacionales, o más bien Del Pino y su equipo consideran idiotas a los ciudadanos españoles? Lo que sí sabe todo el mundo es que Holanda mantiene una serie de privilegios fiscales que le permiten hacer dumping respecto al resto de la UE (algo a estas alturas inaudito).

No por estar acostumbrados a los insultos a la inteligencia produce menos irritación el gesto de Ferrovial. Es todo lo contrario de lo que significa empatía y un mínimo respeto al Estado al que esta compañía, como la mayoría de las que componen el Ibex-35, deben el grueso de su músculo empresarial acumulado. Sin los recursos públicos a los que ha tenido acceso durante los últimos 71 años, ni siquiera existiría. Porque Ferrovial nació en 1952, fundada por Rafael del Pino y Moreno, padre del actual presidente, cuñado de Leopoldo Calvo-Sotelo, primo segundo del golpista Jaime Milans del Bosch y ejemplo perfecto de ese “capitalismo a la española” que viene funcionando con la precisión de un reloj de cuco desde el periodo de la Restauración. Su primera adjudicación consistió en la renovación de todas las vías de Renfe (de ahí el imaginativo nombre) y ya no ha parado de construir lo que haga falta con un altísimo porcentaje de financiación estatal o autonómica y, en los últimos años, accediendo a concursos en medio mundo, siempre arropada y empujada por la diplomacia española. Patriotismo en una sola dirección.

¿Sabrá Rafael del Pino el significado de la palabra “empatía” o tendrá de ese concepto la misma impresión demostrada por el flamante presidente (autónomo) de la CEOE, Antonio Garamendi? Ambos se permiten lanzar de cuando en cuando llamamientos a la moderación salarial al tiempo que el primero se sube ¡un 16%! su retribución en pleno año de guerra de Ucrania y de inflación galopante, mientras el segundo dirige la patronal ¡con contrato de autónomo! y consigue subirse sus emolumentos un 9%, hasta redondearlos en cerca de 400.000 euros (ver aquí). Insisto: son más que abundantes las evidencias de que estos individuos toman por idiotas a los ciudadanos, y a los sindicatos y a los representantes parlamentarios y al Gobierno de la nación. Sólo así se explica que al señor Del Pino no se le mueva una ceja cuando sostiene que en España no hay suficiente “seguridad jurídica”.

¿Sabrá Rafael del Pino el significado de la palabra “empatía” o tendrá de ese concepto la misma impresión demostrada por el flamante presidente (autónomo) de la CEOE, Antonio Garamendi?

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha denunciado este mismo miércoles la “falta de compromiso con su país” de Ferrovial al trasladar su domicilio fiscal a Holanda (ver aquí). No sólo tiene toda la razón Calviño (que ha llamado a Del Pino para pedirle explicaciones) sino que, a mi modesto entender, lo que ahora corresponde al Gobierno es salvaguardar la “seguridad y estabilidad económica” de la ciudadanía española.

Me explico. Parece evidente que los Del Pino, Garamendi y no sabemos aún cuántos más apellidos de los que conforman el modelo de “capitalismo de amiguetes” tan bien retratado en ensayos como Capitalismo a la española, de Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, o Las redes de poder en España, de Andrés Villena, no entienden ni por asomo los sacrificios de las clases medias-bajas mayoritarias en España ni el hartazgo que existe hacia los privilegios de ese 1% cuya voracidad en el margen de beneficios demuestra no tener límite. Así que nunca es tarde para que el Gobierno de coalición al que tanto las grandes fortunas como las derechas vienen deslegitimando desde el minuto uno de su elección decida seguir dando pasos en el combate contra la desigualdad y hacia un sistema económico de libre mercado de verdad, no sometido a actuaciones oligopólicas y chantajistas. Por ejemplo: convendría estudiar los criterios exigibles a la hora de acceder a cualquier adjudicación pública: prioridad absoluta para las empresas con sede fiscal en España. Es muy sencillo, y todos estos supuestos patriotas, nacionalistas en casi todo excepto lo que afecta a su bolsillo y a su aportación a la caja común, tendrán que entenderlo en un plis-plas. ¿Prefieren tributar en Holanda? Pues que consigan allí sus contratos. Bromas las justas. 

Si estos individuos leyeran y escucharan un poco más, incluso a renombrados referentes del capitalismo tecnológico y financiero moderno, podrían fijarse en lo que desde hace años explica, por ejemplo, Bill Gates, cuando advierte que no es sostenible que la carga principal de los impuestos esté en las rentas del trabajo y no en las del capital: "Me sorprende que no se hayan aumentado más los impuestos. Por ejemplo, las tasas de ganancias del capital podrían ser las mismas que las tasas de ingresos ordinarios” (ver aquí). No hay que estudiar en Harvard ni en Chicago para entenderlo: si usted o yo “trabajamos” casi tres días por semana para pagar al fisco, ¿es asumible que el impuesto de sociedades efectivo siga por debajo del 15%?

Ser patriota significa defender los intereses de la comunidad en la que uno nace, estudia, vive, trabaja, hace negocios, se relaciona, enferma, se cura o muere. Quien va a lo suyo, atropellando o hasta burlándose de los sacrificios o la contribución de los demás, debe pagar un precio reputacional y crematístico por ello.

Allá el PP con su posicionamiento en defensa de grandes fortunas que dan la espalda a la ciudadanía, llevado por esa otra voracidad que consiste en aprovecharlo todo para tumbar al gobierno “social-comunista”. Están demostrando infinitamente más responsabilidad social los sindicatos, que acaban de proponer este mismo miércoles subidas salariales graduales de 2022 a 2024 por debajo de la inflación y ponderando la situación real de cada empresa (ver aquí), que estos patriotas de hojalata, herederos de constructoras creadas a la sombra del franquismo y acostumbradas a chantajear a los poderes elegidos con esa expresión tan española: “Usted no sabe con quién está hablando”.

P.D. El caso Mediador o también llamado del Tito Berni es vomitivo y cutre a más no poder (ver aquí). Que un diputado (más vale que no sea ni uno solo más) en 2021 aún se creyera impune para poner en práctica el manual más burdo de la corrupción indica la estulticia del tipo, y también (no lo olvidemos) la osadía de unos empresarios que siguen viendo factible comprar voluntades y personas a su antojo. Dicho/escrito esto, resulta también ofensivo el hiperbólico intento del PP y de sus altavoces mediáticos para meter en la misma coctelera este escándalo y el de la Operación Kitchen, quizás el entramado más grave y peligroso de las últimas décadas, por cuanto implica el uso de las estructuras policiales del Estado para obstruir a la justicia y ocultar la corrupción del partido en el gobierno (ver aquí). Otra vez asoma la tentación Del Pino: no nos tomen por idiotas. Si quieren sacar comparaciones al Tito Berni, háganlo con la senadora y alcaldesa de Marbella (confirmada candidata por el PP pese al aluvión de indicios), con la número tres de Ayuso (ver aquí) u otros casos meridianos de corruptelas. Investíguense y hágase la luz, pero no pretendan difuminar la actuación delictiva de todo un ministro del Interior (de la máxima confianza del presidente) con la del último mono de una bancada.