Del silencio al 'Blesaleaks'

Desde el pasado 29 de noviembre, cuando infoLibre publicó los primeros correos secretos que desvelaban las gestiones de Aznar y su amigo Blesa en favor de una empresa privada de material bélico, han ocurrido unas cuantas cosas que merece la pena recapitular. Durante la primera semana, con la excepción de la cita reflejada por eldiario.es tras esa primera entrega, ningún medio impreso ni digital se ocupó de las sucesivas aportaciones informativas de infoLibre sobre un escándalo que afecta al bolsillo de los contribuyentes y a la higiene democrática. Sólo lo hicieron determinados espacios y profesionales independientes que valoraron la trascendencia de la denuncia documentada por Alicia Gutiérrez y Tono Calleja. En los últimos días ha habido cambios muy significativos en el tratamiento periodístico, político y judicial del caso.

LOS MEDIOS

En el plano periodístico, parece que se ha disparado finalmente el interés por conocer (y difundir) el contenido de más de 8.000 correos electrónicos que pasaron por la cuenta del entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y que hasta hace sólo quince días aparentaban constituir una especie de alucinación de algún juez deseoso de protagonismo. En este caso se trata de Elpidio José Silva, magistrado que encarceló a Blesa y que ya fue suspendido en sus funciones acusado de prevaricación. Aunque no se percibe mayor interés en conocer los detalles que conectan a un expresidente del Gobierno con el excompañero de pupitre al que nombró para dirigir uno de los bancos que más dinero han costado a la caja común de los españoles, en los últimos días sí encuentran altavoces diferentes los correos electrónicos que van completando el dibujo de un presunto pero gigantesco latrocinio.

Lo cual está muy bien, por mucho que haya tratamientos periodísticos que disimulen mal la pretensión de dibujar perfiles favorables de los personajes que de uno u otro modo tienen intereses en el medio en cuestión. Esos intereses (crematísticos sobre todo) llevan a situar en el mismo plano (o mayor) de importancia el nepotismo a favor de un pintor amigo del amigo que practica el enchufismo sin el menor complejo, que el hecho de que un expresidente del Gobierno que cobra una pensión vitalicia se dedique a favorecer los intereses de una compañía armamentística a la que se concedieron adjudicaciones millonarias desde el Ejecutivo que presidía. Como si diera igual una cosa que la otra. O conducen a pensar que el uso de una tarjeta de crédito "en negro" (conducta obviamente impresentable) es la almendra de una picaresca poco menos que genéticamente española. 

Nadie sabe aún cuáles pueden ser las derivaciones de más de 8.000 correos electrónicos que reflejan la gestión de un banco público que ha obligado a un rescate financiero absolutamente lesivo para los bolsillos de los ciudadanos. Lo que sí podemos imaginar es el riesgo de confundir lo accesorio con lo importante. La saturación es desinformación. Y fluye la sospecha de que hemos entrado en una vorágine que puede ayudar a confundir a la ciudadanía, como ocurrió en su día con el caso Wikileaks. Era tal la magnitud de los hechos denunciados, y tan intensa y rápida la comunicación de los mismos, que finalmente no resultaba fácil distinguir lo legal de lo ilegal, lo democrático de lo autoritario y lo éticamente impresentable de lo pragmáticamente admisible. ¿Alguien recuerda que haya rodado alguna cabeza política, diplomática o judicial por las denuncias de Wikileaks? Sólo las de quienes aportaron el contenido de las denuncias.

Como suele recordar Edwy Plenel, exdirector de Le Monde, fundador de Mediapart y socio de infoLibre, la información independiente debe tener consecuencias, generar debate público y provocar efectos políticos y hasta judiciales. Tiene que ser útil para los ciudadanos. Eso es lo que está en juego: la utilidad del periodismo en una democracia sana.

LA POLÍTICA

En el plano político, varias formaciones han decidido actuar a raíz de los datos aportados por infoLibre y otros medios. Han exigido explicaciones a quienes aparecen en los correos secretos de Blesa como implicados en actuaciones política y judicialmente sospechosas. Además del PSOE e Izquierda Unida, hay otros grupos como UPyD, el Partido X o la plataforma 15-MpaRato que están impulsando activamente la investigación del caso, con mayor intensidad incluso que los propios representantes de la oposición mayoritaria.

Si los mecanismos democráticos funcionaran, deberían tener que acudir al Parlamento todos aquellos que se niegan a dar explicaciones públicas sobre los datos documentados. Desde el expresidente del Gobierno a su amigo y expresidente de Caja Madrid; desde el responsable de la actuación de la fundación FAES (receptora millonaria de dinero público) hasta el máximo ejecutivo de Iberia, compañía privatizada y rendida luego a los intereses de la británica British Airways con el sacrificio de recursos de todos los españoles.  

Pero conviene no olvidar el papel crucial que están ejerciendo las asociaciones civiles, de defensa de los consumidores, a la hora de no enterrar el presunto latrocinio. Algunas de ellas son parte en la acusación de los procesos pendientes, de modo que pueden ejercer ese rol que evite la impunidad a la que parecen acogerse con absoluta prepotencia los personajes afectados.

LA JUSTICIA

En el plano judicial radica la herramienta más eficaz para frenar la vergüenza nacional que significa este Blesaleaks. En los últimos días, infoLibre ha publicado varios documentos que demuestran (al menos de forma indiciaria pero muy convincente) que la dirección de Caja Madrid, incluído su presidente Miguel Blesa, conocía perfectamente desde 2006 que las preferentes eran un producto tramposo, que daría pérdidas a los ahorradores que invirtieran en él. Los correos a los que hemos tenido acceso son de una claridad meridiana. Pese a ello, el banco emitió preferentes en 2009 y 2010 por un valor total (y falsario) de unos 3.800 millones de euros, y ordenó a toda su red de sucursales venderlas con convicción, hasta el punto de compensar las quejas de inversores institucionales ("cualitativamente importantes") aplicando un coste mayor a los ahorradores y clientes particulares. Este mismo domingo publicamos un nuevo correo que demuestra la preocupación de la cúpula de Caja Madrid (ya en 2007) sobre la posibilidad de que hubiera denuncias ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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En mitad de este escándalo político-judicial-periodístico, la Audiencia Nacional ha decidido esta misma semana ordenar que se investigue a Miguel Blesa y a otros antiguos consejeros de la entidad por planificar esa venta presuntamente fraudulenta de preferentes, que atrapó a pensionistas que ignoraban los riesgos y que confiaban en la garantía "100%" de la inversión que les ofrecían los responsables de sus sucursales. El documento de una oficina de Guadalajara reproducido por infoLibre con sello de Caja Madrid es absolutamente revelador.

Hay quien pretende alimentar el morbo de los correos electrónicos de Miguel Blesa (como ya ocurrió con el caso Urdangarin) centrando los focos en asuntos de carácter personal o incluso sexual. Todo vale (con bastante retraso) para difuminar la atención de lo esencial: el cuarto banco más importante de España fue gestionado mediante engaños y trampas que perjudicaron a los contribuyentes y a los pequeños ahorradores; fue dirigido con nepotismo y con la práctica de favores políticos y de amistad, que incluían gestiones privadas en las que participaban el expresidente del Gobierno José María Aznar y familiares suyos, que además utilizaban la estructura de la fundación FAES, fábrica de ideas del PP y receptora de fondos públicos. Suena casi a broma de mal gusto que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a instancias del fiscal-jefe Manuel Moix, niegue al juez Silva hacer uso de los correos de Blesa en su defensa con el argumento de que podrían afectar a "la intimidad" y al "secreto de las comunicaciones". Hasta el momento la única cuestión personal claramente afectada es la biografía del propio magistrado, mientras se protege el contenido de correos que apuntan a graves responsabilidades de la cúpula del banco.   

Hay materia documental más que sobrada para actuar en lo judicial y en lo político con absoluta contundencia. Los grupos de la oposición no pueden conformarse con preguntas parlamentarias y comunicados genéricos. Salvo que se pretenda diluir lo importante a base de ruido, y convertir el Blesaleaks en uno de esos enormes casos que se dilatan en el tiempo y se difuminan en la memoria.