La estrategia de Unidas Podemos y sus efectos

Las discrepancias dentro del Gobierno se han convertido en uno de los asuntos de moda en la agenda política. Desde el verano hasta aquí, se han sucedido diferentes controversias. Unidas Podemos decidió asumir un mayor protagonismo público al sentirse opacado dentro del Gobierno. Sus declaraciones sobre la monarquía, Puigdemont, la calidad democrática o su disconformidad respecto a reformas legales sobre asuntos como la igualdad o la vivienda han abierto sonoras polémicas.

Pablo Iglesias y los líderes de la formación defienden abiertamente esta estrategia. Consideran que les permite que se visualicen las diferencias existentes a la hora de interpretar el acuerdo de coalición que firmaron. Así empezó todo. Es difícil saber cómo acabará. El asunto da la sensación de que está hinchado más de la cuenta. Ojalá este fuera el principal problema que tiene nuestro país.

La derecha preocupada por las discrepancias

La derecha vive en España una profunda crisis acentuada por la división entre varios partidos que luchan por el mismo electorado. Incapaces de ponerse de acuerdo, han convertido en su principal línea argumental estos días el ataque a la existencia de criterios diferentes en la coalición de gobierno. Llama la atención que una oposición dividida e irreconciliable sea la que denuncie falta de unidad a otros partidos.

Desde la derecha política y mediática se exige a Pedro Sánchez que cese al actual vicepresidente, al que acusan de representar una amenaza para el orden constitucional. Los líderes de las formaciones de oposición pueden opinar lo que deseen, aunque queda fuera de toda duda su nulo derecho a imponer al presidente la toma de una decisión que sólo a él le compete. Sánchez ya ha dejado claro que no piensa ni remotamente romper la coalición de gobierno.

Unidas Podemos discrepa

Unidas Podemos ha expuesto públicamente sus diferencias respecto a los socialistas ¿Dónde está el problema real? Que existan distintos puntos de vista en dos partidos apoyados por electorados diferentes tiene bastante lógica. Carecería de sentido que dos formaciones, que en los últimos años han protagonizado continuos enfrentamientos políticos, pasaran a coincidir en todas sus propuestas.

Pablo Iglesias y los suyos tienen toda la legitimidad para plantear públicamente sus opiniones, aunque haya gran cantidad de gente que no las comparta. Más absurdo sería que se quedaran callados o que ocultaran a sus votantes sus planteamientos. Si alguna ley no sale adelante como ellos desean, independientemente de que la acaben respaldando o no, parece razonable que expliquen a sus seguidores lo que piensan.

Excluir a los votantes de UP

Los poderes del Estado emanan del pueblo español según la Constitución. El texto no añade nada que indique que unos tienen más derechos que otros por tener unas ideas u otras. De hecho, consagra la libertad y la pluralidad. Si Unidas Podemos acierta o se equivoca con su particular estrategia, lo determinarán los electores en las urnas. Así funciona la democracia. La opinión trascendente y decisiva le corresponde siempre a los ciudadanos. Por este motivo, resulta especialmente sorprendente vivir situaciones como la negativa del PP a admitir que UP pueda proponer candidatos al CGPJ.

Según nuestro marco constitucional, el gobierno de los jueces depende indirectamente de la voluntad popular emanada de las urnas, a través de sus representantes políticos. Poco más de cinco millones de españoles votaron a los populares en las últimas elecciones. Pablo Casado y su equipo tienen absoluta legitimación para defender que esos ciudadanos se sientan representados en el estamento judicial. A la vez, consideran que los más de tres millones de españoles que votaron a Unidas Podemos carecen de ese mismo derecho. Les ha faltado explicar en qué momento se ha establecido en nuestro país que un español votante del PP debe tener un sólo derecho más que uno de cualquier otra formación con la que no coincide en su ideología.

Los socialistas y sus propuestas

El PSOE obtuvo en las últimas elecciones un número de escaños muy superior al de Unidas Podemos (120 frente a 35). Como resultado, el Ejecutivo está presidido por Pedro Sánchez y no es posible que desde el Gobierno se promueva reforma legislativa alguna sin su consentimiento. Los socialistas tienen la posición que las urnas les han dado. La lógica lleva a pensar que, de cara a plantear cualquier iniciativa, intenten consensuar siempre el apoyo de su socio de Gobierno. La práctica totalidad de las decisiones tomadas durante este primer año de legislatura ha contado con el apoyo conjunto de los 155 diputados que representan a ambas formaciones.

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Por lo que ha trascendido estas últimas semanas, hay algunas cuestiones en las que Unidas Podemos rechaza respaldar a los socialistas y viceversa. La democracia tiene una evidente solución a la cuestión. Si Pedro Sánchez desea sacar adelante algún cambio legislativo necesita obtener un apoyo mayoritario del Parlamento. Si no tiene el respaldo de Pablo Iglesias será imprescindible que consiga otros acuerdos. Más difícil lo tiene Unidas Podemos para sacar adelante una reforma legislativa si no consigue que la secunden los socialistas.

Demasiada sobreactuación

El gobierno de coalición no puede caer en la absurda trampa de llevar sus lógicas diferencias internas más allá de lo razonable. Hace justamente un año, en esta columna semanal, escribí sobre la conformación del mapa político español. El artículo se titulaba La Tercera España. En él, defendía la incapacidad de la derecha para formar gobierno en nuestro país mientras siguiera enfrentada a las fuerzas nacionalistas periféricas. Apostaba porque viviríamos una legislatura muy conflictiva que sólo tendría una amenaza real. Textualmente, decía lo siguiente: “La gobernabilidad del país tiene la desgraciada garantía de que va a resultar especialmente odiosa. A cambio, la izquierda tiene asegurado el gobierno. No hay otra opción. El único peligro real sería su división interna y, una vez más, la ruptura. Nunca despreciemos nuestra capacidad de autodestrucción”.