La Guardia Civil: conflicto estratégico

Que la Guardia Civil es uno de los más importantes baluartes del Estado en relación con la seguridad y un instrumento capital para posibilitar el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos los ciudadanos, no ofrece dudas. Tampoco las genera la afirmación de que los ámbitos complejos y exigentes en los que centra su actuación exigen una continua adaptación y modernización a los nuevos escenarios que se producen en un mundo en permanente y continua evolución, a las nuevas formas de delincuencia y las novedades que demandan la ciudadanía de las Fuerzas de Seguridad.

Los máximos responsables de la Guardia Civil trabajan para que este cuerpo policial esté en primera línea en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, con especial incidencia en el tráfico de drogas y centran su atención sobre la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas, la ordenación de flujos migratorios, la protección del medio ambiente y las emergencias y la seguridad ciudadana, entre otras líneas temáticas de actuación. Esto está expresamente recogido en su Plan Estratégico 2017-2021, cuya revisión deberá comenzar en los próximos meses.

Entre los objetivos estratégicos de este plan encontramos la política de personal y de gestión del capital humano de la Guardia Civil que se condensaba en la idea de “poner a disposición de la Institución más y mejores guardias civiles, perfectamente preparados, capacitados y motivados para el ejercicio de sus funciones, mejorando al mismo tiempo las condiciones en las que desarrollan su trabajo y su calidad de vida”. Los y las guardias civiles son, según se dice en el plan, el pilar básico del Cuerpo y la política de personal, especificada en normas jurídicas, debe adaptarse a la realidad social y normativa general, “para mejorar la ordenación y gestión de los recursos humanos mediante el establecimiento de un sistema integral que, partiendo de un adecuado proceso de selección, proporcione la necesaria formación a lo largo de la carrera profesional y ofrezca suficientes oportunidades de promoción”. Este objetivo del planeamiento estratégico de la Guardia Civil se traduce en varias líneas de actuación también estratégicas y de largo alcance. Entre ellas destacaremos tres. La primera, el fomento de la promoción y el desarrollo y la carrera profesional de los guardias civiles; la segunda, la mejora de las condiciones de vida, de trabajo y de igualdad de los guardias civiles; y, por último, la tercera, el fomento de los cauces de comunicación, participación y expresión para los miembros del Cuerpo.

Si ponemos en relación estos objetivos y líneas de actuación estratégicas con la situación actual de la política de personal y gestión de los recursos humanos de la Guardia Civil, podemos afirmar que la evaluación de cada uno de ellos es manifiestamente negativa.

La carrera profesional de los guardias civiles sigue necesitando una profunda reflexión y una extensa reforma. Los procesos de selección siguen siendo complejos, en muchos casos opacos y se cimientan en procesos de evaluación y calificación absolutamente subjetivos y de muy complicada impugnación. De la regulación caótica y de la gestión de los destinos dan cuenta los continuos recursos, sentencias y la apreciación del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, que advierten y reconocen la complejidad de las normas que lo regulan y su muy complicada interpretación, contraria al principio de buena regulación. El abandono y la discriminación profesional de los y las guardias civiles con discapacidad sobrevenida es clamoroso y sonrojante.

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Las condiciones de vida siguen siendo lamentables en muchas unidades y en muchos pabellones por su falta de habitabilidad y de conservación y por las largas listas de espera. De los vehículos mejor no hablar. En cuanto a la aplicación transversal de la igualdad, es cierto que se ha avanzado en ello, pero aún quedan aspectos muy relevantes para que aquella sea real y efectiva. Se debe hacer un mayor esfuerzo en la preservación del derecho a la conciliación, jornada y horarios laborales y para la capilarización del principio de tolerancia cero frente a cualquier tipo de acoso.

Por último, el radical fracaso de los cauces de comunicación, participación y expresión para los miembros del Cuerpo es, lamentablemente, un hecho constatado. No parece que se haya avanzado –más bien se ha retrocedido y se pretende que esta acción involutiva continúe– en una relación madura y respetuosa con las asociaciones profesionales. Hay tres ámbitos de responsabilidad claros desde mi punto de vista. Uno, la falta de experiencia de la actual dirección de la Guardia Civil que, junto con la falta de un equipo comprometido y audaz, hace que haya entregado su alma y haya renunciado a su liderazgo político, en favor de la cúpula militar del Cuerpo. Dos, la cúpula militar de la Guardia Civil, que quiere mantener un estatus personal y un modelo de ejercicio del mando que no se ajusta a la realidad social. No ha asumido que la Guardia Civil ha de ser una Guardia Civil compartida, en la que hay diferentes actores que pueden, quieren y deben contribuir a su mejora y modernización en aspectos sociales, económicos y profesionales, con un papel protagonista de las asociaciones profesionales que deriva de la decisión política del legislador. Tres, la posición de algunas asociaciones profesionales que han perdido la esencia reivindicativa a favor de posturas cómodas, posibilistas, cortoplacistas e insolidarias con quienes no son de su escala.

En este escenario se constata el fracaso de estos objetivos y acciones estratégicos y aflora el conflicto que hay en el seno de la Guardia Civil que a algunos tanto cuesta reconocer y que supone un fracaso en la gestión estratégica del Cuerpo. La actual dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior deberían reflexionar y propiciar cambios normativos y personales que despejen el camino para un nuevo marco estratégico 2022-2026 que sea útil para conseguir lo que, sin duda, debe ser su principio informador que no es otro que lograr una Guardia Civil compartida al servicio de la sociedad española.