Ferrovial: patriotas a la fuga

La empresa constructora Ferrovial ha decidido trasladar su sede social a los Países Bajos (Holanda) bajo la cobertura legal de las normas emanadas de la Unión Europea que han asumido y consagrado como su santo y seña la libre circulación de personas, capitales y servicios. Si contrastamos el concepto de la  libre circulación de personas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclama que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado y el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país, nos encontramos con una realidad mucho más cruda porque nadie discute, en el ámbito de la Unión, la posibilidad de poner barreras al reconocimiento de este derecho. 

Sin embargo cuando hablamos de la libertad de circulación de capitales y servicios, las barreras se levantan para que los intereses económicos que encarnan estos valores y, nunca mejor dicho, disfruten de una capacidad ilimitada para moverse a su antojo buscando los espacios en los que puedan obtener una mayor rentabilidad inversora o especulativa.

No podemos olvidar que lo que ahora es la Unión Europea, con indiscutibles avances en los derechos y libertades de los ciudadanos, comenzó denominándose Comunidad Económica Europea. La economía de mercado se ha erigido en un dogma irrefutable que no puede ser matizado ni discutido sin caer en el riesgo de ser tachado de comunista, por supuesto no en el sentido económico (Marx y Keynes, cada uno en sus posiciones, comienzan a ser considerados como una referencia frente al desalmado neoliberalismo) sino como partidarios de sistemas dictatoriales que propugnan la eliminación de las libertades.

Estas posiciones comienzan a ser una farsa que esgrimen los políticos que nunca lucharon por las libertades y que, apoyados por  sus corifeos mediáticos, no dudan en afirmar hoy que en España vivimos bajo una dictadura que justifica cualquier medida, de momento sin violencia armada, para desalojar a un Gobierno legítimamente elegido y avalado por una importante mayoría parlamentaria.  

La libertad de mercado plantea cuestiones de límites, marcados por la función social de la propiedad y su subordinación al interés general. La fuga de Ferrovial, buscando espacios más  placenteros para sus beneficios económicos, ha abierto un debate en nuestra sociedad y se ha convertido en un termómetro que sirve para medir la temperatura constitucional, moral y ética que debe regir las actuaciones no solo de los ciudadanos sino también de las grandes corporaciones.

El eterno debate entre la legalidad y la legitimidad recobra, en estos momentos, su perenne actualidad. Vaya por delante que la legislación comunitaria incorporada a nuestro ordenamiento jurídico permite y autoriza la libre circulación de empresas y capitales sin exigir las razones por las que adoptan estas decisiones. Solamente el cálculo empresarial y la búsqueda de beneficios fiscales es causa suficiente para deslocalizar una empresa cualesquiera que sean los efectos sobre la economía y los intereses generales del país de origen.  

Nadie puede ignorar o discutir, si se quiere centrar el debate, el gran prestigio internacional de la constructora Ferrovial. Está suficientemente avalado por su protagonismo en la construcción y gestión de infraestructuras en muchos países que integran las principales economías del mundo. Pero no se puede olvidar, como se ha señalado reiteradamente, que su lanzamiento y prosperidad nace de la adjudicación de obra pública en nuestro país pagada con el dinero de todos los contribuyentes.

El dios del mercado le ampara y protege frente a cualquier reclamación judicial o exigencia de responsabilidad económica. Pero existen otros factores que debió tener en cuenta antes de tomar esta decisión.  El patriotismo constitucional se define por la adhesión a unos valores comunes de carácter democrático plasmados en la Constitución. Como nos recuerda Habermas, se demuestra adhiriéndose a los principios de solidaridad y justicia promoviendo el bien común. Al parecer, en el mundo de los negocios priman otros valores que ponen por encima de cualquier otro el derecho al enriquecimiento sin límites y sin fronteras. La acumulación desmedida de riqueza en manos de algunos raya en el pecado de avaricia.  

Se puede decir que Ferrovial ha puesto una pica en Flandes. Me imagino que les habrán advertido que los españoles no gozamos, en esos países, de una benevolente consideración debido históricamente a las andanzas de los Tercios mandados por el Duque de Alba. Pero como es notorio, el dinero no tiene patria y por tanto estas reliquias del pasado no le van a originar ningún conflicto. Incluso es posible que, en su nueva sede social, junto con la bandera de la Unión Europea y la de España ondee también la de los Países Bajos.

Sin perjuicio de admitir esta realidad inevitable, se me ocurren algunas medidas que se pueden adoptar por el Gobierno de la nación respecto de futuras actividades que pretenda desarrollar Ferrovial en nuestro país a cuenta del presupuesto del Estado. La ley de Contratos del sector público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/24/UE, permiten  adjudicar obra pública prescindiendo de la oferta económica o precio más barato valorando otros factores dentro del marco de la libre concurrencia. Los poderes y entidades adjudicadores tendrán como objetivo garantizar la transparencia del procedimiento de adjudicación y de la mejor capacidad para fiscalizar la ejecución del contrato. 

El mito de las sociedades anónimas como un modelo democrático para adoptar acuerdos hace tiempo que ha  saltado por los aires, ya que el poder de tomar decisiones recae en personas individuales con un poder omnímodo inmune a cualquier control. Rafael del Pino, y nadie más que él, ha ordenado el traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos. Los motivos, en la presente coyuntura económica y política por la que pasa nuestro país, obedecen a criterios que van más allá de  las ventajas que le pueda proporcionar la apertura a otros mercados.  Por un lado, reduce las posibilidades de hacer efectivo en su integridad el impuesto a las grandes fortunas, pero sus objetivos políticos no pueden ser escondidos ni disimulados. 

Estoy seguro de que el señor Rafael del Pino no hubiera adoptado esta decisión, en vísperas de unas elecciones inminentes, si estuviese gobernando la derecha

Su decisión se alinea inequívocamente con los postulados que defiende la derecha española, que no desperdicia ocasión para perjudicar los intereses económicos de todos los españoles. Frente al aval del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Europea a las políticas económicas que está desarrollando el Gobierno, pretenden difundir y sembrar la idea de que en nuestro país no existe seguridad jurídica. La afirmación es grave y denota no solamente un propósito intoxicador propiciado por sectores de  la derecha española y los medios de comunicación que lo repican sin tener en cuenta los perjuicios a los intereses generales de nuestra economía y de todos los ciudadanos.

Estoy seguro de que el tema de la inseguridad jurídica se va a difundir sin pudor por las instituciones europeas. Ya veo al señor González Pons y sus mariachis organizando otra Delegación de europarlamentarios parar poner en cuestión nuestras instituciones. Las medidas adoptadas por el Gobierno, como es lógico, pueden ser objeto de críticas, pero basadas en un análisis riguroso de la realidad y no en meras proclamas. Estoy seguro de que el señor Rafael del Pino no hubiera adoptado esta decisión, en vísperas de unas elecciones inminentes, si estuviese gobernando la derecha. Espero y deseo que el traslado de la sede social de Ferrovial, como se decía en el NO-DO en tiempos de la dictadura cuando el Caudillo inauguraba pantanos, no sea la primera de una larga serie de fugas en cadena.

En la película que me ha sugerido el título de este artículo: Una novia a la fuga protagonizada por mi admirada Julia Roberts, la protagonista utiliza un caballo para huir de sus compromisos. El señor Del Pino dispone de su fastuoso yate para atracar en los puertos de Ámsterdam o Roterdam.

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José Antonio Martín Pallín es abogado y Comisionado español de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.