Estado multiconfesional versus Estado laico

No me cabe la menor duda de que el PSOE es un partido laico en su diseño ideológico. Lo suele ser también en campañas electorales y cuando se encuentra en la oposición anunciando la revisión o denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede o proponiendo una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Conciencia. Distinta es su política cuando gobierna, solo o en coalición. Entonces suele olvidarse de su ADN laico y defiende un Estado multiconfesional con privilegios especiales para la Iglesia católica.  

La multiconfesionalidad es la posición que ha adoptado a través de la enmienda a la Ley del Mecenazgo por la que se exime del pago del IBI en los bienes destinados al culto y del Impuesto de Sociedades a la Iglesia Ortodoxa, la Unión Budista, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días y los Testigos de Jehová. Para sacar adelante la enmienda en el Congreso ha contado con el apoyo del PP, que no se caracteriza precisamente por la defensa de la laicidad del Estado, y con el voto en contra de su socio de gobierno Unidas Podemos. 

Hasta ahora tenían reconocida dicha exención la Iglesia católica, la Comisión Islámica de España, la Federación de Comunidades Israelitas y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. La ampliación de tal medida a las religiones citadas viene a definir, en la práctica, a España como Estado multiconfesional y la aleja todavía más del Estado laico.

Desde la transición democrática, el PSOE ha gobernado en España 25 años, durante los cuales, a pesar de los muchos amagos electorales y de los acuerdos de sus Congresos, no ha denunciado los cuatro Acuerdos con la Santa Sede de 1979, firmados durante el Gobierno de UCD por el ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Mayor Oreja y el secretario de Estado del Vaticano cardenal Villot. En la tramitación parlamentaria de dichos Acuerdos, votó a favor de los relacionados con Asuntos Económicos, Asuntos Jurídicos y Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, y en contra del de Enseñanza y Asuntos Culturales. 

Durante sus años de Gobierno, no derogó la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 –contraria a la igualdad de las religiones ante la ley–, que enseguida se vio superada por el cambio en el panorama religioso en España: significativo descenso de creyentes que se declaran católicos, incremento de las personas vinculadas al islam, a las iglesias evangélicas, a la Iglesia Ortodoxa, al budismo, al hinduismo, a los Testigos de Jehová, a la Comunidad Baha’i, etc., aparición de nuevos movimientos religiosos y avance significativo de la increencia religiosa en sus diferentes manifestaciones: ateísmo, agnosticismo, indiferencia religiosa.

En 1992, el Gobierno del PSOE firmó los Acuerdos con tres religiones consideradas de notorio arraigo: Comisión Islámica de España, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y Federación de Comunidades Israelitas, a quienes concedió importantes privilegios, pero sin llegar a los reconocidos a la Iglesia católica por los Acuerdos de 1979.  

Durante la presidencia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el pontificado de Benedicto XVI tuvo lugar el incremento del porcentaje del IRPF del 0.52 al 0.7, que los contribuyentes pueden destinar a la Iglesia católica en la declaración de la renta, a través de un canje de notas entre el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, y el ministro español de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que diera permanencia jurídica y diplomática, con el correspondiente beso de Moratinos al anillo del cardenal Bertone y las sonrisas complacientes. 

Hoy estamos ante un Estado multiconfesional, pero asimétrico, ya que quedan fuera de las exenciones del IBI el hinduismo y la Comunidad Baha’i y se mantienen no pocos de los privilegios especiales de los que disfruta la Iglesia católica

Hoy estamos ante un Estado multiconfesional, pero asimétrico, ya que quedan fuera de las exenciones del IBI el hinduismo y la Comunidad Baha’i y se mantienen no pocos de los privilegios especiales de los que disfruta la Iglesia católica en cumplimiento de los Acuerdos de 1979. He aquí algunos de los más importantes: ayudas económicas para la reparación y conservación de edificios religiosos; cuantiosos ingresos, libres de impuestos, por las visitas a monumentos de la Iglesia católica como las catedrales; asignación tributaria –única religión que la percibe–, que el año pasado superó los 300 millones de euros; atención religiosa a las Fuerzas Armadas a través de la Vicaría General Castrense que cuenta con un arzobispo y decenas de capellanes castrenses e implica la militarización de la Iglesia católica y la confesionalización católica del Ejército español; en torno a 100.000 bienes inmatriculados por los obispos, buena parte de ellos sin justificar su propiedad, no dedicados al culto y con fines comerciales. La Iglesia católica posee, además, uno de los mayores patrimonios de España. 

En materia de educación se exige a todos los centros públicos y concertados que oferten la enseñanza de la religión católica en los diferentes grados y niveles de la escuela, y se deja en manos de las autoridades eclesiásticas la elección del profesorado, sin someterse a la prueba de la oposición para acceder a la docencia. A estos privilegios cabe añadir otro de mayor envergadura desde el punto de vista económico: el Estado paga al profesorado de religión católica, en torno a 15.000 docentes. 

Así no se construye el Estado laico. Y responsabilidad no pequeña le corresponde al PSOE. 

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Juan José Tamayo es teólogo y autor, entre otros ensayos, de 'Hermano Islam' (Editorial Trotta).