Hasta la actualidad más rabiosa siguen escribiéndose los más absurdos disparates sobre este tema y, en especial, para el período de la primavera de 1936. Los dos historiadores recientes que cito en esta serie no son una excepción. Ahora bien, ninguno de ellos –y que servidor sepa, pocos otros– se han dignado acudir a una de las obras de referencia sobre el tema. El profesor Gil Pecharromán simplemente la menciona en la p. 453. Data, ya ha llovido desde entonces, de 2015 (ocho años ha) y servidor, siempre que ha sido necesario, la menciono. Se trata de una obra singular, y de gran maestría, escrita por uno de los mejores y más entregados estudiosos de la violencia política en España: el profesor Eduardo González Calleja, catedrático de Historia en la Universidad Carlos III. Es de lectura obligada: Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República Española (1931-1936), publicada por Comares. Añádase, con otra perspectiva analítica, la de Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, publicada por Siglo XXI en 2006. Ya ha llovido también desde entonces. Gil Pecharromán ni siquiera se molesta en citarla. Nieto tampoco, pero la violencia la considera como crisis del Estado (p. 139).
En la primera obra, entre las pp. 309 y 424, se inserta una cronología de actos letales desde el 14 de abril de 1931 al 17 de julio de 1936. Que yo conozca, pero puedo equivocarme, no existe otra obra más completa sobre el tema.
Con las estadísticas es siempre posible jugar, pero hasta cierto punto. Demos algunas. La mortalidad por actos violentos discurrió como sigue: 1931, 196; 1932, 190; 1933, 311; 1934, 373 sin Asturias y 1.457 con ella; 1935, 47 y 1936 (hasta el 17 de julio) 428. González Calleja maneja, analiza, contrasta y critica todos los cálculos y estimaciones disponibles hasta el momento en que escribió su obra. Son significativos los resultados por períodos de Gobierno: provisional de Alcalá Zamora, 156; provisional de Azaña, 28; Azaña 1, 326 y Azaña 2, 30. En total, 540. De ellos, 160 fueron causados en enfrentamientos deliberados y otros 92 fortuitos con la fuerza pública más 78 ocasionados por actuaciones represivas de la misma.
Casi la mitad de las muertes se produjeron en pueblos de menos de 10.000 habitantes. El autor se extiende prolijamente en el análisis y significación de tales datos y, en particular, de la España rural. No extrañará que, por regiones, Andalucía se llevara la palma (204), seguida a larga distancia por Castilla la Nueva (74). Sin duda a muchos lectores, amamantados en las evocaciones continuas a las exageraciones de la época y reiteradas hasta la actualidad, les sorprenderá que, en la medida en que puede calcularse por la descripción de los casos, más de la mitad de las víctimas fueron de izquierdas y solo un 7% de derechas.
En 1936 hubo una violencia muy atomizada y desestructurada, en la que prevaleció la confrontación individual. Los casos de mayor letalidad fueron Yeste (14 muertos), Logroño (8), Madrid (6), Escalona, Jumilla y Madrid de nuevo (5)
Estos resultados, sin duda sorprendentes, preceden a una descripción y análisis pormenorizados de los grandes procesos y acontecimientos violentos: la quema de conventos, las elecciones a Cortes constituyentes, la Sanjurjada, la “semana roja” de Sevilla y el ciclo insurreccional anarquista.
Un capítulo está dedicado a la comparación de la violencia en los dos procesos electorales de noviembre de 1933 y de febrero de 1936. El primero fue uno de los más reñidos en la historia de las elecciones españolas, con un autor –Roberto Villa– analizando cerca de 200 actos de los que se conoce la filiación de sus autores. González Calleja no tiene reparos en afirmar que “aunque resulte discutible que las tres cuartas partes de los casos de violencia fueran obra de las izquierdas obreras, por apenas del 3% de la CEDA, sí resulta perfectamente asumible la observación de que el impacto de la violencia fue marginal (muy por debajo de la producida de los comicios en Alemania o Italia (…) pues afectó a solo un 3,2% de los municipios”. O sea, España no se desplomaba en la violencia más absoluta. Otros le ganaron su, de todas maneras, una tanto triste performance.
Un total de 321 enfrentamientos con 34 muertos y al menos 80 heridos de consideración. Tampoco las cifras absolutas suscitan diferencias esenciales con las convocatorias anteriores y posteriores: 21 muertos en junio de 1931, entre 27 y 32 en noviembre de 1933 y 33 en enero/febrero de 1936, si bien en este caso hubo 40 muertos adicionales entre la primera y segunda vuelta. Se dio una clara mayoría de muertos de izquierdas mientras que en 1933 fueron 14 los muertos de derechas y 12 los de la primera orientación. ¿Dónde está el precipicio abismal al que se acercaba la "PATRIAAA"?
El denominado “octubre rojo” recibe una atención especial (pp. 221-244). En Madrid, hubo un total de 45 muertos (8 gubernamentales, 21 revolucionarios y 16 civiles). En las provincias vascas entre el 5 y el 12 de octubre, hubo 16 muertos en Bilbao y en la cuenca minera un total de 40 y más de un millar de heridos. El número de detenidos y presos fue superior a 1.500. En Cataluña el número de muertos ascendió a 83 (de los cuales 22 gubernamentales, 38 revolucionarios y 23 civiles).
Según las estadísticas del capitán Santiago Hodson (el hombre que vigilaba de cerca la UME) en el total español las víctimas ascendieron a 1.051 paisanos y a 284 entre las fuerzas de seguridad y del Ejército. Según Sánchez y García-Sauco, el total de muertos en España fue de 1.285. En cuanto a heridos, los totales fueron, respectivamente, de 2.951 en ambos casos. La mayoría, paisanos. Lejos, en todo caso, de las espeluznantes cifras divulgadas en la época.
Dado que Asturias ha suscitado una enorme literatura, su etiología debería bastar. Pero he aquí que el profesor Nieto innova. No la suscitó lo que él afirma (p. 128: la primera entrada de ministros de la CEDA en el gobierno, que habría formado Lerroux el 29 de marzo de 1934). Hay que tener inventiva para adelantar el supuesto germen de la guerra civil, porque en aquel episodio el gobierno Lerroux duró tan solo unas pocas semanas (marzo y abril del 34) pero en el, que yo sepa, no había ningún ministro de la CEDA. Tampoco lo hubo en el siguiente, de Ricardo Samper. ¡Suspenso en historia!
Y así llegamos a la primavera del Frente Popular. El Dictamen de 1939 (una obra de la que siguen bebiendo, impertérritos, numerosos autores) dio las cifras siguientes: 121 muertos, 561 heridos, 85 agresiones, 24 atracos (estas dos últimas categorías del 16 de febrero al 4 de mayo) y entre el 1 de abril y el 4 de mayo, 53 bombas y petardos y 99 atentados, atracos y saqueos. La clasificación no es, como se advierte, demasiado exacta. González Calleja da otros resultados para muertes: 154 en el primer gobierno Azaña, 72 en el segundo; 4 en el interino de Barcia y 154 en el de Casares. En total 384.
Pero, de las cifras ¿qué se extrae? En 1936 hubo una violencia muy atomizada y desestructurada, en la que prevaleció la confrontación individual. Los casos de mayor letalidad fueron Yeste (14 muertos), Logroño (8), Madrid (6), Escalona, Jumilla y Madrid de nuevo (5). En 209 casos únicamente hubo un muerto; dos en 48; tres en 5; cuatro en 3; cinco en 4, y 6, 8 y 18 muertos en un solo caso respectivamente. González Calleja y Rafael Cruz son unánimes en afirmar que casi un 60 por ciento de los acontecimientos violentos con resultado de muerte se produjeron en áreas rurales, especialmente en el sur de España, y coincidieron en buena medida con la actuación desmesurada de fuerzas del orden público, en especial de la Guardia Civil.
Fuera de las zonas rurales, Madrid fue la ciudad más conflictiva, con casi medio centenar de muertos, seguida de Santander y Sevilla con once. Las cifras fueron también altas en Barcelona (8), Logroño (9) y Valladolid (6).
¿Conclusión?: “La actividad violenta en las grandes ciudades, que se expresó sobre todo en forma de atentados individuales y enfrentamientos callejeros multitudinarios, se convirtió, a pesar de ser minoritaria, en la manifestación más espectacular y notoria de la violencia política durante los meses del Frente Popular. Pero las tan publicitadas milicias políticas no parecen haber tenido casi ningún protagonismo en las acciones violentas con resultado de muerte, que fueron obra de pequeñas bandas de pistoleros”.
¿Quiénes estaban más interesados en ello? Evidentemente en la derecha (falangistas a sueldo de los monárquicos, carlistas, exmilitares, lumpen, policías, etc) y fueron muy eficaces a la hora de perpetrar asesinatos selectivos que afectaron a funcionarios y militares republicanos (incluso hubo un intento contra Azaña, Largo Caballero –por quien Nieto siente tal desprecio que cuando asumió la presidencia del Consejo en septiembre de 1936 le acusa (p.142) de “deteriorar seriamente las relaciones internacionales dado que los países democráticos (…) no podían ver con buenos ojos cómo España se aliaba en el bando rusófilo– y varios políticos socialistas).
Los atentados provocaron represalias y crisparon la situación. De eso era precisamente de lo que se trataba. Y en cuanto se refiere a Largo Caballero, tan distinguido administrativista se pasa por debajo del brazo el pequeño detalle, posterior, de la política de no intervención, un golpe letal para la República y una inyección supervitaminada para los sublevados.
Por lo demás, son numerosos los autores españoles -que comparan o leen poco- que suelen presentar tal grado de violencia como caso único en España. Ciertamente fue elevado, pero en Italia, país con el que estaban familiarizados muchos de los directores de la conspiración, entre abril de 1919 y octubre de 1922 (“marcha sobre Roma”), hubo al menos 3.000 muertos. De ellos tres cuartas partes fueron adversarios del fascismo. Las regiones más afectadas fueron aquéllas en donde con mayor intensidad habían tenido lugar conflictos por la tierra. Una casualidad.
(Continuará. Ver aquí capítulo anterior).
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Ángel Viñas es economista e historiador especializado en la Guerra Civil y el franquismo. Su última obra publicada es 'Oro, guerra, diplomacia. La República española en los tiempos de Stalin', Crítica, Barcelona, 2023.
Hasta la actualidad más rabiosa siguen escribiéndose los más absurdos disparates sobre este tema y, en especial, para el período de la primavera de 1936. Los dos historiadores recientes que cito en esta serie no son una excepción. Ahora bien, ninguno de ellos –y que servidor sepa, pocos otros– se han dignado acudir a una de las obras de referencia sobre el tema. El profesor Gil Pecharromán simplemente la menciona en la p. 453. Data, ya ha llovido desde entonces, de 2015 (ocho años ha) y servidor, siempre que ha sido necesario, la menciono. Se trata de una obra singular, y de gran maestría, escrita por uno de los mejores y más entregados estudiosos de la violencia política en España: el profesor Eduardo González Calleja, catedrático de Historia en la Universidad Carlos III. Es de lectura obligada: Cifras cruentas. Las víctimas mortales de la violencia sociopolítica en la Segunda República Española (1931-1936), publicada por Comares. Añádase, con otra perspectiva analítica, la de Rafael Cruz, En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936, publicada por Siglo XXI en 2006. Ya ha llovido también desde entonces. Gil Pecharromán ni siquiera se molesta en citarla. Nieto tampoco, pero la violencia la considera como crisis del Estado (p. 139).