Militar versus militarismo

En la actual precampaña para las elecciones generales del 26 de junio, son escasas las referencias de los candidatos a cuestiones de Seguridad y Defensa. Entre los pocos temas que han alcanzado el mérito de figurar en titulares de prensa se encuentra la declaración atribuida al candidato de la coalición Unidos Podemos al Congreso de los Diputados por Almería, Julio Rodríguez, en el sentido de que se consideraba “antimilitarista”. La condición de general del Aire en situación de retiro y antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa (2008-2011) del candidato convierte esta manifestación en materia especialmente controvertida.

La declaración del general se producía en el contexto de una rueda de prensa de presentación de la candidatura explicando su adhesión al proyecto político de la coalición de izquierdas por la que concurre a las elecciones, y en la que uno de sus componentes –Izquierda Unida– se ha distinguido tradicionalmente por esgrimir el antimilitarismo como uno de sus más reconocibles fundamentos ideológicos. Naturalmente la declaración del candidato era más amplia y matizada de lo que a primera vista indica el titular. El general aludía a sus convicciones democráticas durante toda su carrera profesional, al uso proporcional de las fuerzas armadas como última ratio, a la subordinación de la organización militar, al poder civil y a la importancia capital de preservación de la paz. El titular de prensa simplificaba y con la esquemática expresión “antimilitarista” parecía sugerir que el general renegaba de la profesión militar.

Con ánimo de contribuir a una interpretación reflexiva que evite posibles, y perfectamente evitables, confusiones, tal vez no sea ocioso deslindar los conceptos de militar y de militarismo a fin de comprobar que se trata realmente de dos términos antitéticos. El ejercicio de la milicia no indica más que el desempeño de una determinada profesión –la carrera o el servicio de las armas–, de acuerdo a la legalidad vigente, mientras que el militarismo añade un peculiar modo de pensar a quien lo propugna con fuerte preponderancia de los asuntos militares en la política de una nación. A lo largo de la historia, y sin ir más lejos en nuestra propia historia contemporánea, tenemos abundantes ejemplos para ilustrar esta diferencia.

¡Viva México, cabrones!

Ver más

Hasta la llegada de la Democracia en España en el último cuarto del siglo XX, el militarismo ha dominado la gobernación de los asuntos públicos: desde los pronunciamientos militares decimonónicos a la dictadura franquista. Tomando a menudo ejemplo de modelos foráneos, el militarismo nacional ha conformado una doctrina política caracterizada por una serie de elementos opuestos esencialmente a los derechos fundamentales y libertades públicas consagradas en la Constitución Española de 1978. Al militarismo se ha opuesto una doctrina de signo contrario –el antimilitarismo– que fomenta el rechazo de unas fuerzas armadas dominadas, entre otros aspectos, por el autoritarismo, la autonomía institucional, el intervencionismo, la xenofobia o el machismo.

A este respecto, declararse antimilitarista, es decir, opuesto al militarismo descrito, no presupone animadversión alguna a las fuerzas armadas, naturalmente siempre entendidas éstas como una institución legítima y constitucional al servicio de la Defensa Nacional. Antes al contrario, supone declararse en contra del uso abusivo de la fuerza militar, del canon que define un espíritu corporativo reaccionario –y que, además, por imperativo de una tradición más o menos asentada supuestamente debería ser profesado de forma obligatoria por todos sus miembros– y de la intervención inconstitucional de la organización militar. No otra cosa debe entenderse cabalmente por ser antimilitarista.

El concepto de militarismo se opone, por tanto, al concepto de militar. En la medida en que el militarismo es una degeneración de la honrada condición de militar, todo militar demócrata y constitucionalista debería considerarse antimilitarista por principios para manifestar así su oposición a la deformación del ejercicio de la profesión militar y al rechazo de unas fuerzas armadas basadas en los anti-valores del militarismo. La declaración del general, considerada desde este prisma, cobra entonces sentido, coherencia y rigor.