Carlos Lesmes mueve ficha

En estos dos últimos años se han escrito decenas de artículos y se han vertido en los medios y tertulias cientos de declaraciones sobre el bloqueo ejercido en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que por su tardanza ha devenido en una crisis institucional y democrática evidentes.

Por su claridad argumental y originalidad, me quedo con el publicado en El País (10/8) con el título El blanqueo de la conducta inconstitucional del PP, por Tomás de la Cuadra Salcedo, al que solo le falta poner algún nombre. Sin nombres, nadie se da por interpelado y los responsables se creen a salvo. El de Pablo Casado es inútil e innecesario porque De la Cuadra Salcedo responsabiliza única y exclusivamente del bloqueo al PP y el máximo dirigente del PP es Casado, el cual hace unos días dijo categóricamente: “No vamos a renovar el Consejo del Poder Judicial. Abandonen toda esperanza”.

Ni articulistas ni juristas eminentes pueden sostener sin contravenir a la razón, si atienden al periodo que establece la Constitución para el mandato del Consejo, a las normas actuales de elección del mismo, avaladas por el TC, que el PP es el único responsable del bloqueo, al impedir el juego del pluralismo democrático que, con ocasión de las elecciones generales, dan o quitan mayorías. Y desde la moción de censura hasta hoy, el PP y los partidos que lo apoyan han perdido la mayoría parlamentaria en favor del Partido Socialista y de los demás partidos parlamentarios que lo apoyan con la misma legitimidad, concretada como novedad en un Gobierno de coalición.

El artículo de De la Cuadra Salcedo además es original. ¿En qué consiste la originalidad? En el paso que hace del bloqueo al blanqueo. El término blanqueo lo tenemos generalmente asociado a los delitos económicos (escribiendo estas líneas oigo en una cadena de televisión explicar cómo blanqueaba el dinero José Luis Moreno) pero aplicado a la política, salvo cuando se habla del blanqueamiento del golpe militar y fascista contra la república o se blanquea la dictadura franquista, es menos frecuente.

Introduce De la Cuadra Salcedo el término blanqueo al tratar del bloqueo del Consejo porque está “propiciado a veces por formadores de opinión –a través de gran parte de la prensa, radio y televisión, y otros medios y redes– que urge desvelar para acabar con esa “traición de los intelectuales” (La Trahison des Clercs) que denunciara Julien Benda”, con lo que “la sociedad no se ha acabado de percatar de la gravedad de lo acontecido”.

Este blanqueo del bloqueo tiene dos características: está muy extendido por lo referido, y es moderno y antidemocrático porque ha nacido y se ha extendido en la democracia contra la aprobación de las normas de elección de los vocales del Consejo, avalada por la sentencia del TC ( 108/1986) de principio de la democracia. Algo que interpela a los que se denominan pomposamente constitucionalistas, entre los que hay también intelectuales juristas.

Es imprescindible nombrar a Enrique López, el que, después de haber acordado, según informaciones publicadas, la renovación del Consejo con el exministro de justicia, Juan Carlos Campo, ahora es su más firme opositor. Sin ir más lejos, hace unos días, declaró: “En cuanto que el PSOE asuma que tiene que cumplir la Constitución y el estándar mínimo establecido en Europa, tendrá al PP para renovar este órgano”. “Hay que pensar en la independencia de los jueces y no en urgencias políticas que es lo que más determina ahora al Gobierno de España”. Este juez fue portavoz del Consejo, estuvo en el TC y ahora es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, aupado siempre a sus cargos por el PP. Otro nombre es el de José Luis Martínez-Almeida, para el que la alcaldía de Madrid es una cosa secundaria, una minucia, equiparable a su estatura, (mi tesis es, como dice él a reglón seguido, que Madrid no tiene alcalde, pues de 20 declaraciones en un mes, 19 son como portavoz del PP), que repite el mismo argumentario: “Si mañana Sánchez asume el compromiso de que a los jueces los eligen los jueces, hay renovación del Poder Judicial”. “Nosotros venimos manteniendo la misma tesis desde hace tiempo”. ¿Cuánto tiempo? Tiempo indefinido.

En este punto, el nombre de Carlos Lesmes cobra sentido y protagonismo, no porque no lo haya tenido antes sino por el que le corresponde ahora al cabo de estos tres años. El Gobierno ha intentado, después de múltiples declaraciones instando al PP a la renovación del Consejo sin resultado, varias iniciativas con eficacia diversa, entre ellas, parar otros nombramientos de las decenas de nombramientos de jueces para cargos de los Tribunales que el Consejo que preside Carlos Lesmes ha hecho durante estos años con el cargo en funciones; “in sede vacante”, que usa la Santa Sede, con ocasión del fallecimiento del Papa, su renuncia o la de los obispos. En estas circunstancias de la Iglesia católica, una institución privada en los Estados laicos y aconfesionales, profundamente jerárquica, no democrática, cesan automáticamente sus cargos curiales, y los encargados del gobierno de la sede papal o episcopal solo pueden ejercer funciones de trámite y urgentes, nunca nombramientos. Justo lo contrario de lo que ha hecho el Consejo en estos dos años y medio, amparándose en que no podía parar su actividad, dando al Consejo un aire de legitimidad constitucional que no le corresponde en este momento.

Carlos Lesmes ha aprovechado el bloqueo para blanquear las funciones del Consejo en aquello que es su función principal cuando está constituido legítimamente: los nombramientos. Si examinamos la trayectoria política de Carlos Lesmes no puede extrañarnos. Ocho años en cargos políticos con el PP en tiempos de Aznar, y aupado a los actuales cargos por Rajoy y Gallardón otros ocho años. Carlos Lesmes reviste sus iniciativas de mucho cuidado y es capaz de articular declaraciones como las del pasado año en la apertura del año judicial: “Es la propia Constitución la que fija cinco años de duración del mandato de cada consejo, por lo que me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones”. Y calificó de “seria anomalía” el bloqueo del órgano de Gobierno de los jueces. Palabras que este año y con un precedente no puede volver a repetir. Tildado de cuidadoso en las formas, e, incluso, dando por hecho que haya mediado entre Casado y la Moncloa para que el PP acepte la renovación como la propone el Gobierno, no puede repetir más en la apertura ya próxima, perdóneseme la expresión, la misma cantinela y seguir mareando la perdiz. Tiene que forzar la máquina y la única fórmula para romper el grueso hielo del bloqueo es presentar en su discurso de ese día la dimisión en prestigio de la institución. JxD se la han pedido, aunque con la boca pequeña, porque los jueces, al final, son muy corporativistas. Lesmes se ha dado cuenta de que si su situación personal es cómoda, perjudica lo que le queda de carrera profesional en la que tendrá que poner y firmar sentencias valiosas en pro del Estado de derecho.

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Con el precedente de Pascual Sala, Carlos Lesmes, convencido de que no puede unir su suerte a la de Pablo Casado, apurado por el reloj, con la reflexión hecha en sus vacaciones, lo tiene decidido: mueve ficha.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.