¿Con qué Cataluña dialogar?

No es muy representativo, que digamos, el actual Gobierno de la Generalitat. Sabemos que la mayoría parlamentaria en que se basa es minoritaria en votantes.  Bien —se dirá—, eso pasa también en otros muchos sistemas políticos.

Es verdad. Pero no pasa como en Cataluña. Pues la particularidad de Cataluña se da en la asignación por provincias de los escaños parlamentarios. Girona, Tarragona y Lleida tienen asignados en total 50 escaños, a razón de uno cada 40.000 personas. Dicho de otro modo: menos de 2 millones de personas tienen asignados 50 escaños.

La provincia de Barcelona, habitada por más de cinco millones y medio de personas —lo que duplica de muy largo la suma de población de las demás provincias— solo tiene asignados 15 escaños más, 85, a razón de uno por cada 50.000 personas hasta ese tope.

Sin  el tope, si los escaños barceloneses se cotizaran a 50.000 habitantes, como ahora, deberían ser al menos 110. Cotizados a 40.000 personas, 138 por lo menos.

Y resulta que el Parlament actual tiene solo 135 escaños. Es el Parlament de la Cataluña en miniatura del independentismo. Hay una mordaza electoral. Favorece a la Cataluña más tradicional y perjudica a la más avanzada.

Esa atrabiliaria distribución de escaños procede del primer Estatut catalán, que así lo establecía en su disposición transitoria tercera, cuidadosamente conservada en el Estatut actual. Eso es lo que impide políticamente  hablar, negociar: pues es la viga maestra de una ficción, del relato ficticio de lo que los catalanes somos hoy.

Creo que los problemas actuales no podrán ser encauzados y resueltos mientras perdure esa absurda normativa electoral; podrían serlo, en cambio, cuando tras un cambio de normativa, y elecciones mediante, surgiera un parlamento significativamente proporcional, del que emanaran interlocutores además de profetas.

Entonces sería posible reconocer la existencia en  Cataluña de una nación cultural —existente en ella; no ser ella—, y en función de eso atribuir a la comunidad peculiaridades propias en una federación española, incluida una denominación significativa y atractiva para todos los catalanes.

Pero no hay perspectiva de que eso se produzca. No creo que el Gobierno catalán secesionista se atreva a promover una modificación electoral proporcional. En lo que de él dependa hay que irse acostumbrando a más de lo mismo.

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¿Hay algún medio legal de anular los comodines electorales que conserva en su mano el independentismo catalán?

Obviamente, sí. Bastaría con que el Congreso de los Diputados aprobara una ley orgánica limitando a dos años la vigencia de las disposiciones transitorias de cualesquiera de las normas de derecho público del ordenamiento jurídico, invalidando su reproducción por cualquier medio y exigiendo el cumplimiento estricto del requisito constitucional de la proporcionalidad electoral.

Es hacedero y nada complicado. Sobran mayorías para eso. ________________Juan-Ramón Capella, catedrático emérito de Filosofía del Derecho, publicó como editor, en 2003, 'Las sombras del sistema constitucional español'.