Completar la Memoria Democrática

El pasado martes, 24 de octubre de 2023, infoLibre celebró un gran acto en el Círculo de Bellas Artes bajo el título “La memoria hoy: Una mirada intergeneracional”, al que asistieron, además de socios y amigos de infoLibre, destacados expertos en Memoria Histórica, el ministro Félix Bolaños, miembros de la redacción del diario y, en el rincón de pensar (y vaya si pensaron), estudiantes universitarios que colegí eran todos habitantes del colegio mayor Chaminade, que parece seguir siendo un foco de pensamiento a pesar de los tiempos que corren.

Las intervenciones fueron brillantes, hasta la del ministro, muy mitinero. No esperaba menos de él ni de los expertos. Pero sí me sorprendieron muy agradablemente las intervenciones y preguntas de los universitarios que pusieron en varios aprietos al ministro Bolaños de los que salió de aquella manera con oficio de político.

Sólo un “pero” a las preguntas. La mayoría de ellas fueron planteadas por chicos. Las chicas fueron convidadas de piedra hasta que Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, les preguntó por qué no intervenían. Y justo a continuación se escuchó una de la preguntas más claras, incisivas y directas de toda la noche, hecha por una estudiante de ingeniería de diseño industrial e ingeniería mecánica: Eva Puente. Posiblemente la más política de todas las preguntas “¿Cómo cree usted que encaja la falta de condena del Gobierno al genocidio del pueblo palestino y si va en contra del Ministerio que usted representa?”

Es conveniente no olvidar nunca de dónde se viene, tener una memoria completa

Porque, en efecto, hay que tirar de memoria para hablar del genocidio del pueblo palestino. No sólo desde 1948. Ya desde 1917, cuando Gran Bretaña “cedió” al sionismo la tierra de Palestina (que no era suya, ni siquiera colonialmente, era un protectorado al que protegió muy poco), se sembró la semilla de todo lo que ocurre ahora. Los brutales atentados sionistas mostraron el camino y una ONU acomplejada por el silencio ante el Holocausto de todas las “democracias”, calladas desde 1933 ante las pruebas evidentes de lo que se proponía Hitler, “regalaron” una tierra que tampoco era suya sino de quienes en ella habitaban. Por eso es conveniente no olvidar nunca de dónde se viene, tener una memoria completa.

Pero no quería hablar de Palestina. Ya se habla mucho en la prensa que nos horroriza con la brutalidad del terrorismo, sea de un grupo terrorista sea del Estado terrorista que ha elevado el listón del terror a cotas inimaginables. Pero esa necesidad de “memoria completa” me despertó una reflexión que me asalta cada vez que se habla de memoria democrática o histórica en España. Lo que ahora relato lo hago de forma sucinta, con el riesgo de simplificación que ello conlleva, porque hablar del principio del siglo XX en España requiere un tratado y unos conocimientos que exceden ampliamente los míos.

Casi todas las reflexiones sobre la memoria democrática se inician en 1936. Alguna se remonta, como al desgaire, a 1931, más como la legitimación en general de la República y por ende mostrando lo ilegítimo del golpe, que encuadrándola en el marco de memoria que a mi juicio debería ser más amplio.

Porque, en mi opinión, la desmemoria (y la manipulación histórica) viene de más atrás. No para remontarse al siglo XIX y anteriores, sino para hacer una lectura completa del siglo XX. Cuando se habla de "la dictadura" se circunscribe a la de Franco. Pero el proceso dictatorial que acabó con la democracia en España comenzó antes. Mucho antes. El poder real (económico, monárquico, militar) reacciona frente al sistema de la Restauración con la dictadura de Primo de Rivera. Es ahí cuando empieza la caída de la Segunda República, mucho antes siquiera de que se hubiera establecido el debate sobre su posible advenimiento.

El marco del que se sirve la reacción para el golpe de Estado de 1923 es el incremento del poder del ejército, rabioso por su papel desastroso en la guerra de Marruecos (del que culpan a "los políticos" en lugar de a la incompetencia de jefes y oficiales y la corrupción generalizada que frenaba una modernización real de las Fuerzas Armadas) y herederos de un intervencionismo militar en la política española, este sí, histórico, que impuso el sistema de la Restauración con sus alternancias entre liberales y conservadores. También influye una importante conflictividad social por las condiciones vitales de los trabajadores y un despertar de los nacionalismos periféricos, como trataré a continuación. 

Y ¿frente a qué reacciona el poder o los poderes? Quizá nos suene. Les parecía que España se rompía, por culpa, cómo no, de independentistas (especialmente los catalanistas) y de los obreros. Se organizaron en 1916 las Juntas de Defensa militares (ilegales) para “aplicar” los preceptos de la Ley de Jurisdicciones (que sometía a la justicia militar las ofensas orales o escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército). Participaban en ellas sobre todo los oficiales. Debemos tener en cuenta que en aquel momento en España había unos 16.000 oficiales para 80.000 soldados, una desproporción evidente si se comparaba con los ejércitos de nuestro entorno (Francia tenía 29.000 oficiales al frente de 500.000 soldados).

El Rey coqueteaba con los militares, en los que basaba su fuerza. Nunca intervino para defender a sus ministros de la guerra si no eran los que él mismo (por la mano interpuesta del presidente del gobierno) designaba. Así que el descontento militar era casi alentado por un Rey que, habiendo perdido el imperio colonial (salvo Marruecos) no podía ofrecer salidas para el ascenso a militares acostumbrados a obtenerlos en acciones de guerra.

La situación se complicó cuando, por imitación de la revolución rusa, en 1917 se declaró una huelga general (revolucionaria en principio, “pacífica” luego para algunos de sus seguidores ante la posibilidad de crear un gobierno de concentración nacional con ministros del PSOE en el mismo) para protestar por las pésimas condiciones del pueblo llano. El malestar obrero se venía reflejando, desde la creación de las organizaciones obreras entre 1906 y 1912, de diversas maneras. Con huelgas pacíficas y con la llamada acción directa, algaradas y atentados, estos últimos especialmente protagonizados por sectores del anarquismo.

A diferencia de Rusia, el ejército se unió a la monarquía (y por supuesto al resto de poderes fácticos, capital e iglesia) y aplastó la insurrección de forma cruel y violenta. La huelga había paralizado todas las zonas industriales de España. En Asturias y su cuenca minera se alargó más de un mes. En el resto de España, el Ejército la sofocó entre tres y seis días. La represión fue brutal y los principales líderes de la huelga fueron encarcelados y condenados a cadena perpetua.

Pero esto no solucionó el problema social. Los enormes beneficios obtenidos por el capital al surtir de suministros a los combatientes de la Primera Guerra Mundial provocaron, de un lado, un alza de precios en España inasumible debido a que los contendientes pagaban a muy alto precio los suministros españoles. Con ello los precios aquí se dispararon porque era más beneficioso vender a los combatientes extranjeros que al pueblo español. De otro lado, la represión fomentó el resentimiento. La derecha catalanista se avino a formar parte de diferentes gobiernos de concentración que duraban menos que lo que se tardaba en acordarlos entre la multitud de partidos políticos surgidos al aire de la situación social. Y en esto llegó 1921.

En julio de ese año se produjo el conocido como “Desastre de Annual”, donde el ejército sufrió un durísimo correctivo a manos de los rifeños alzados en armas para expulsar a los españoles de su territorio. La opinión pública se indignó con el ejército y, para tratar de calmar los ánimos, Alfonso XIII trató de someter a los militares al poder civil. Pero los gobiernos se sucedían y duraban meses sin que, por tanto, pudieran ejercer el necesario poder civil sobre el militar.

Entre tanto se encargó al general Picasso un informe para depurar responsabilidades. En Wikipedia se explican muy bien sus conclusiones. El informe “… resultó demoledor ya que en él denunciaba el fraude y la corrupción que se había producido en la administración del protectorado, así como la falta de preparación y la improvisación de los mandos en la conducción de las operaciones militares, sin dejar a salvo a los gobiernos que no habían provisto al Ejército de los medios materiales necesarios…”

Se acordó tratar ese informe en el Congreso de los Diputados, y las encendidas críticas de Indalecio Prieto a los partidos que habían permitido todo aquello le supusieron ser procesado, a pesar de ser diputado.

Es en 1923 donde ha de empezar la Ley de Memoria, la reparación de cuantos sufrieron y que por causa de la guerra, la dictadura posterior o por la edad, no tuvieron quienes protestaran por su invisibilización

Los liberales cogieron entonces las riendas del gobierno, convocaron unas elecciones (como todas las anteriores trufadas de irregularidades cuando no de manipulaciones) y trataron de imponer una monarquía parlamentaria. Fue entonces, en septiembre de 1923, poco antes de que el Congreso de los Diputados fuera a estudiar las sanciones y conclusiones derivadas del informe Picasso, cuando el general Primo de Rivera se alzó contra el gobierno. Picasso solicitó del Rey la destitución y detención de los militares golpistas.

Pero Alfonso XIII se inhibió. Lógico, ya que en una monarquía parlamentaria de verdad su poder se diluiría y no estaba dispuesto a ello. Los pingües beneficios que obtenía de sus negocios (incluido el cine pornográfico) quedarían sin duda mermados ante la fiscalización del Parlamento. En lugar de ello, nombró jefe del Gobierno a Primo de Rivera, iniciando con ello la que Santos Juliá definió como “dictadura de real orden” o “Dictadura con Rey”.

Es en este punto donde debería iniciarse realmente la revisión memorística democrática. Porque la República, hija de las barbaridades de la dictadura primorriverista, ni siquiera fue un real interregno libre de democracia. Numerosos historiadores, y en especial el profesor Ángel Viñas, han señalado que bajo la apariencia de superficie republicana, los poderes fácticos, monárquicos, clericales y militares, conspiraron desde el minuto uno para su fracaso. Nada se cuenta, o muy poca cosa, al hablar de memoria democrática, de personajes como Juan de la Cierva o Juan March y de su peso real en la modelación, desde la juntas monárquicas y cenáculos militares, del golpe de Estado de 1936. De una corriente poderosa en términos económicos y de potencia real, antidemocrática, contraria a cualquier modernización de España.

Porque su España era, y es hoy para sus herederos ideológicos, otra España, anclada en los privilegios de siglos anteriores, invocando la tradición cada vez que se les plantea una reforma, por mínima que sea. Eso hacen cada vez que se les recuerda la historia de esa otra parte de España (que aunque les pese, no es la mitad, es mucho más que la mitad) que sí cree en el progreso. La dictadura de Primo de Rivera golpeó a todo el país. Se prohibieron las banderas catalanas y euskaldunas, se prohibió hablar en catalán o en euskera. Se declaró el estado de guerra hasta 1925, lo que dio lugar a muchísimas detenciones y asesinatos de los opositores. Se prohibieron sindicatos y asociaciones políticas. Se consideró delito portar una bandera que no fuera la española.

Consiguió además la dictadura una división entre los socialistas. Así como contra los anarquistas no hubo piedad (lógico si pensamos que fueron los más activos y quienes utilizaron atentados terroristas con más frecuencia) a los socialistas se les ofreció participar, mediante el Consejo de Trabajo, en el Instituto de Reformas sociales. Consiguió incluso que Largo Caballero participara en el Consejo de Estado y con ello la división del PSOE y la dimisión de Indalecio Prieto.

Se alcanzó la pacificación social, a costa de “pacificar definitivamente tirando a pacificar” a muchos que se negaban a ser “pacificados” de ese modo. Nombró como autoridades civiles (gobernadores civiles, presidentes de las diputaciones, alcaldes) a militares y, aunque pareció haber acabado con la oligarquía y el caciquismo, lo que realmente hizo fue desplazar a esos caciques para que fueran los militares designados quienes incurrieran en las mismas corruptelas y enriquecimientos ilícitos. “Dios nos ponga ande haiga” que se decía popularmente.

Primo de Rivera formó el partido único (Unión Patriótica) que sería espejo en el que se miraría Franco unos años más tarde. Y se basó en la Asociación Nacional de Propagandistas Católicos, dando así mismo ejemplo al nacionalcatolicismo franquista.

Intentó un acercamiento a Cataluña siempre desde su óptica centralista, y al no conseguir adhesiones, se manifestó virulentamente anticatalanista, creando así el germen de la España que roba a Cataluña y la desafección de los catalanes hacia el Estado que no les permitía ni siquiera hablar en su propia lengua.

Acabó con la guerra de Marruecos, pero el mérito hay que adjudicárselo a una Francia que había visto con complacencia, cuando no colaboración, cómo los rifeños se levantaban contra los españoles, hasta que estos atacaron zonas del “protectorado” francés. Entonces se produjo la colaboración entre España y Francia que culminó con el desembarco de Alhucemas en 1925. Los militares “africanistas” estaban muy molestos con Primo de Rivera porque había retirado al ejército hasta la franja litoral del protectorado español y se quedaban por ello sin la posibilidad de obtener ascensos por méritos de guerra. Pero más allá de alguna protesta (incluso un par de artículos del entonces coronel Francisco Franco) se aquietaron, dado que ya mandaban en España.

En lo económico se potenció la nacionalización de la industria. No se podían abrir industrias nuevas sin el permiso del Consejo de Economía Nacional que fijaba precios, aranceles, convenios comerciales, etc. Se llevó a cabo un proteccionismo del producto nacional y se “industrializó” la mano de obra, despoblando el campo en los primeros éxodos rurales hacia las industrias. Y sobre todo, inició las faraónicas obras públicas, especialmente las hidráulicas, que luego seguiría Francisco Franco. Creó monopolios, en especial los del petróleo (CAMPSA) y teléfonos (Telefónica) que repartió entre sus “amigos”. Por ejemplo, a Juan March le entregó el monopolio del tabaco en Marruecos. Se inició también la modernización de las carreteras y los ferrocarriles. Todas ellas medidas muy fáciles de incluir en la propaganda. Y un endeudamiento salvaje de la Hacienda pública que lastró la economía de la República. Franco adjudicó a la República y a la guerra la casi bancarrota del país, pero la deuda monstruosa se gestó y cristalizó durante la dictadura primorriverista.

En lo cultural, todo estaba prohibido y perseguida cualquier manifestación contra el régimen. Destituyó y desterró a Unamuno, expedientó a Luis Jiménez de Asúa y a Fernando de los Ríos por solidarizarse con él. Vicente Blasco Ibáñez tuvo que exiliarse. La iglesia intervenía en la “moralidad” de los espectáculos. Nada que no hiciera después Franco.

En 1925 trató de darle un tinte “civil” a su dictadura militar, y creó un gobierno con carteras, la mitad más importante para los militares y la otra para miembros de la Unión Patriótica. Creó la Organización Corporativa nacional, auténtico antecedente ideológico del “verticato” franquista.

En 1926 convocó un referendo de apoyo (qué manía le tienen ahora a los referendos algunos de sus herederos, con lo que le gustaban a Franco y a Primo de Rivera) para forzar al Rey a firmar la constitución de una Asamblea Nacional Consultiva, un organismo sin ningún tipo de poder, muy similar a las Cortes de la “democracia orgánica” de Franco. José María Pemán, Gabriel Maura Gamazo y Juan de la Cierva redactaron una “Constitución” (Estatuto Fundamental de la Monarquía) que no gustaba a nadie, a unos por demasiado monárquica (incluido el mismo Primo de Rivera) y a otros por inoperante. Prueba de ello fue que quedó estancada en la Asamblea Nacional Consultiva.

Poco a poco la dictadura fue perdiendo apoyos. Primo de Rivera enfermó gravemente de diabetes y en un régimen personalista sin la figura de fuerza no se mantiene bien la dictadura. Algunos sectores que le apoyaron, en especial empresarios, se empezaban a preocupar, pues veían en la ausencia de competencia, la burocratización y los “excesivos derechos” a los trabajadores que “lastraban” a las pequeñas y medianas empresas, poco acostumbradas a que sus trabajadores gozaran de un mínimo derecho a una jornada prefijada y un salario obligatorio, una seña de pérdida de fuerza. Tampoco estaban muy felices los militares que también entendieron que perdían fuerza en el sistema. Viéndose privados de los ascensos por méritos de guerra, veían sus carreras colapsadas por la cantidad de militares que tenía “por encima” en los escalafones, tapones para los ascensos “normales”. Sus sueldos tampoco habían mejorado especialmente. Tuvo un conflicto importante con el Arma de Artillería por el nuevo sistema de ascensos (por antigüedad y méritos) y disolvió el Arma pese a la oposición del Rey.

Los sectores más reaccionarios exigían la vuelta a momentos (aún) más punitivos y represivos de las libertades. Por el contrario, muchos políticos se fueron distanciando y montando una oposición más o menos velada, desde los partidarios de unas Cortes Constituyentes para dotar al Estado de una carta magna de monarquía parlamentaria, hasta los decididamente republicanos.

Los trabajadores también se fueron distanciando. Sus condiciones no habían mejorado sustancialmente y la represión sobre los “revoltosos” fue brutal. Incluso la parte institucional de estos trabajadores se alejó hasta el punto de que UGT se separó del PSOE y pasó a formar parte de la oposición, reprimida con mano de hierro.

En 1930, Primo de Rivera presentaría su dimisión cuando trató de obtener el apoyo de los Capitanes Generales y no logró una respuesta firme y contundente. Sus problemas de salud se agravaron y el Rey le aceptó inmediatamente la dimisión. Nombró presidente del gobierno al General Berenguer, que instauró la que se conoció como dictablanda y, de la mano de éste, trató de un imposible: volver a la Constitución de 1876, suspendida y destrozada por la dictadura de Primo de Rivera.

Los crímenes de la dictadura de Primo de Rivera no pudieron ser investigados y sus víctimas cayeron en un olvido aún mayor que las víctimas de Franco. Y eran todas víctimas de clases populares, ciudadanos que lucharon por una España justa y democrática. Si observamos atentamente los hitos que he descrito, vemos que la dictadura de Franco no fue sino una continuación de la de Primo de Rivera.

Así que es en 1923 donde ha de empezar la Ley de Memoria, la reparación de cuantos sufrieron y que por causa de la guerra, la dictadura posterior o por la edad, no tuvieron quienes protestaran por su invisibilización. Ojalá haya un político valiente que se atreva a mirar con amplitud nuestra historia reciente y ponga focos sobre esos casi siete años olvidados de nuestra historia.

Se lo debemos a las víctimas sin voz, a las que desaparecieron sin dejar rastro, y ni siquiera unos descendientes que clamaran por la revisión de tantos procesos ilegales de tantas encarcelaciones arbitrarias, de tanta represión inmisericorde. Franco no hizo sino prolongar la dictadura hasta que se cercioró (o creyó cerciorarse) de que había acabado con todo intento de modernización, y que dejaba “atado y bien atado” un futuro que parece mucho más un viaje al pasado (falseado y embustero) que al avance decidido de un país hacia el bien común y el “Estado social y democrático de Derecho” que proclama nuestra Constitución.

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Joaquín Ramón López Bravo es abogado y periodista.