Contra la creciente desigualdad, otra fiscalidad

Mejorar la equidad de la fiscalidad, el sistema de impuestos, haciendo real una justicia fiscal progresiva y suficiente, para que todos paguemos impuestos según la capacidad económica, es un instrumento potente para combatir la desigualdad. Actuar sobre la fiscalidad implica una lucha decidida contra el fraude fiscal, la elusión fiscal y el impago de cotizaciones sociales. Supone también eliminar ventajas y favores de la legislación vigente a los grandes contribuyentes para reducir (o suprimir) su aportación fiscal. Los partidos  que aspiran a gobernar este país no deben olvidar que una fiscalidad justa es prioritaria e imprescindible un acuerdo amplio para establecer su suficiencia y acabar con la injusticia fiscal que favorece las desigualdades de renta y riqueza.

Es indiscutible que la política fiscal es uno de los principales medios con que cuenta el Estado para reducir la desigualdad que genera el sistema económico vigente, tanto por el modo y condiciones de recaudar impuestos como por la concreción del gasto o inversión pública. Si la fiscalidad no es progresiva para garantizar que pague más quien más tiene, aumentarán las desigualdades. Un sistema tributario con menor peso de impuestos directos y mayor de indirectos, que además grave de modo insuficiente las rentas de capital y el patrimonio, renuncia a la progresividad y, por tanto, a la justicia, sobre todo si no pone los medios precisos para luchar de forma decidida contra la evasión y elusión fiscales.

Por eso, combatir las desigualdades supone establecer un sistema tributario que aplique de forma eficaz los principios de progresividad y equidad del sistema de impuestos que ordena el artículo 31 de la Constitución española. Al aplicarlos se puede establecer una fiscalidad justa que redistribuya la riqueza acumulada por las élites capitalistas que han utilizado la crisis para aumentar su riqueza.

Es imprescindible también aplicar el principio de suficiencia fiscal que, aunque no se concreta en el texto constitucional, está recogido de forma implícita en otras partes del articulado. La suficiencia fiscal supone que el presupuesto del Estado se calcula según las inversiones y el gasto necesarios para satisfacer los derechos y necesidades de la ciudadanía y asegurar servicios públicos de calidad. Es decir, recaudar en función de esas necesidades y no hacer un presupuesto según lo que se recaude sin tener en cuenta los derechos de la ciudadanía. Es preciso establecer una fiscalidad como palanca imprescindible para combatir la desigualdad, que financie políticas sociales, que permitan aliviar la situación de la ciudadanía menos favorecida y alentar la igualdad de oportunidades.

No es esa la fiscalidad de España como prueba el diferente tratamiento de las rentas del trabajo y del capital. Por eso, cuando la crisis económica supuso el desplome de ingresos públicos, se esgrimió la insuficiencia  recaudatoria para perpetrar sangrantes recortes presupuestarios de políticas sociales que aumentaron la vulnerabilidad de gran parte de la ciudadanía, especialmente las mujeres, aumentando la desigualdad en la sociedad.

La errónea e injusta respuesta a la reducción de ingresos por la crisis ha sido aumentar impuestos indirectos, como el IVA, reducir los tramos del IRPF (que lo hace más injusto) y también el tipo nominal del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas. Esas medidas son los ejes de la contrarreforma fiscal del Partido Popular aprobada en diciembre de 2014. A las que sumar la práctica desaparición del Impuesto sobre el Patrimonio en la Comunidad de Madrid y otras y la competencia a la baja del impuesto sobre sucesiones y donaciones, más la proliferación de beneficios fiscales discrecionales a agrandes empresas y fortunas y la existencia de las sicav y las etve con tratos fiscales de favor. Más la elevada elusión y evasión fiscales existentes porque la voluntad gubernamental para combatirlas es claramente insuficiente.

La desigualdad aumentará si no cambiamos a otra fiscalidad justa, progresiva y suficiente que garantice las políticas sociales para poder corregir desigualdades. Hay que exigir a los partidos políticos que aspiran a gobernar que se comprometan públicamente e incorporen a sus programas políticos dotar al sistema fiscal de mayor progresividad que suponga:

 

 

 

 

 

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O conseguimos esa nueva fiscalidad o crecerá sin pausa la desigualdad. Y con ella la pobreza y se establecerá para siempre la injusticia. ______________Ricardo García Zaldivar es miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal.

Ricardo García Zaldivar