Desarrollar la agenda de políticas públicas, la mejor defensa contra la ofensiva reaccionaria

Ha terminado el intenso ciclo electoral de lo que llevamos de año con un saldo desigual para la izquierda. En Euskadi y Catalunya izquierdas distintas pero colaboradoras entre sí en el ámbito estatal han cosechado buenos resultados que les convierten en decisivas para la gobernabilidad de los respectivos gobiernos autonómicos. En las europeas, a pesar de la fuerte subida de las derechas, se mantiene la posibilidad de una fórmula de gobierno asentado sobre el acuerdo de los partidos que alumbraron la creación misma de la UE . No obstante, parece estar difundida en la opinión pública la sensación de un final inminente del gobierno progresista ante el empuje de una derecha de la que aún no conocemos ni siquiera un esbozo de programa de gobierno.

La derecha y sectores importantes del poder judicial continúan en su empeño de bloquear el desarrollo de la legislatura y las políticas contenidas en el programa del gobierno de coalición. La admisión a trámite de las denuncias de Manos Limpias contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno es la última de sus maniobras de entorpecimiento, consciente de que esta parálisis hace más eficaz el sistemático bombardeo de sus medios  afines para asentar en el electorado la especie de la ilegitimidad del Gobierno en que perseveran desde que abandonaron la Moncloa. 

Es por ello que, con independencia de las movilizaciones a las que haya lugar en defensa de la cuestionada legitimidad y contra la reacción facciosa, parece que la forma más eficaz de confrontar esta campaña sea el desarrollo del programa de gobierno y el impulso a las políticas más urgentes.

Es verdad que el año en curso ha discurrido hasta ahora repleto de citas electorales, pero ello no puede ser pretexto para no impulsar, en un caso, y de profundizar, en el resto, un conjunto de políticas inaplazables en el compromiso por la profundización de la democracia en nuestro país. La ejecución de estas políticas y las consecuencias y efectos en la vida cotidiana de las mayorías sociales constituyen la mejor campaña electoral posible para las formaciones progresistas. Si en su implementación se produce algún grado de participación ciudadana, estos efectos pedagógicos se fortalecerán como experiencias asumidas  en el rescate de la política para la ciudadanía.

Los derechos sociales han sido objeto de todo un proceso de expropiación a manos de las corporaciones inmobiliarias en el desarrollo del mercado de la vivienda

La política, en tanto que construcción de convivencia, no se hace solamente en el Estado; el Estado pone las herramientas para que los ciudadanos puedan hacer política.

Así que hay que ponerse al tajo de hacer políticas; políticas objeto de seguimiento continuo y evaluación de forma que puedan ser corregidas sus eventuales deficiencias o errores. Políticas, en fin, de las que deberán responder sus responsables políticos en sede legislativa y que deberán servir de orientación de cara a las elecciones consecutivas que se realicen. 

A continuación se mencionan algunas que deberían hacer parte de la agenda de un gobierno comprometido con la democratización de las instituciones estatales, económicas y sociales.

Políticas sociales

Los derechos sociales hacen a los ciudadanos, hacen sociedad. Los derechos sociales suponen: a) incapacidad del individuo para satisfacer sus necesidades; b) requieren un mínimo de solidaridad para que sean forjadores de comunidad. Son un derecho igual del ciudadano a participar en la vida asociada, conjunto de normas a través de las cuales el Estado ejerce su función equilibradora y moderadora de las disparidades sociales.

Los derechos sociales son el tejido del Estado del Bienestar a través de sus sucesivas fases: 1) aseguramiento de los trabajadores, lógica del contrato/seguro; 2) aseguramiento social, la lógica del aseguramiento es desplazada por la del servicio público; 3) seguridad social, positivización de los derechos sociales como derechos fundamentales.

Los derechos sociales han sido objeto de todo un proceso de expropiación a manos de las corporaciones inmobiliarias en el desarrollo del mercado de la vivienda, sanitarias  en el negocio de la salud y grupos de inversión participando en estos y otros negocios, como en el de la dependencia.

La tarea principal y más urgente es restablecer el tejido social, recuperar los derechos sociales, objeto de la ofensiva permanente de las políticas neoliberales. Es evidente que esta tarea se vería muy reforzada con una adecuada dotación constitucional, pero no podemos esperar a disponer de la perceptiva mayoría parlamentaria para la correspondiente reforma constitucional. En la acción ordinaria de gobierno, aunada con la indispensable movilización social, es posible impulsar avances en esta materia, como lo demuestra el impulso a la política de vivienda con el imprescindible apoyo de los inquilinos.

La reconstrucción social debe identificar primero cuáles son las partes más dañadas de nuestras sociedades. Son muchos y profundos los daños producidos, pero tal vez el peor es la destrucción misma del hecho social, el haber quebrado lo que nos hace vivir juntos y sentirnos parte de un nosotros, los lazos que nos unen a los demás, la capacidad de entendernos  y cooperar entre nosotros. En su lugar, se ha instalado una lógica terrible de darwinismo social que ha dejado a millones de personas en la incertidumbre más absoluta, en el mejor de los casos soportada por las ayudas emanadas del gobierno de coalición.

Esa herida no cicatrizará solo aumentando las dotaciones para políticas sociales, con ser ello imprescindible. Es preciso orientar la acción gubernamental en la dirección de la reconstrucción del tejido social sobre la base de los postulados de la cooperación y el apoyo mutuo. Se trata de una auténtica revolución cultural y moral que ayude a combatir la antropología cultural imperante desde hace cuatro décadas. Una revolución ética y cultural que hace parte de una revolución civilizatoria global. El neoliberalismo no es solo una fase más del capitalismo, es o está siendo una fase en la que lo peor de la ideología capitalista se ha convertido en el sentido común de una época. No combatido de forma adecuada en el terreno de las ideas y los valores, el neoliberalismo está dejando a su paso una profusión de miedos, resentimientos y odios en los que abreva la bestia fascista.

Políticas ecológicas

Prioridad absoluta a las políticas de transición ecológica. La transición ecológica debe convertirse en política de Estado y, como tal, consagrarla con el máximo nivel de protección constitucional. Se trata de señalar como prioridad absoluta a la comunidad de mujeres y hombres que llamamos España, la conservación del hogar común, distinguiendo esta tarea como la principal que justifica nuestra convivencia. Por decirlo de forma resumida, la conservación de nuestros sistemas naturales y procesos ecológicos esenciales alcanza la condición del verdadero ser de España.

El déficit de recursos hídricos causado por el cambio climático golpea ya directamente a la agricultura, especialmente la familiar, ya muy castigada desde la adhesión en 1985 a las entonces Comunidades Europeas

Nuestro patrimonio natural –en realidad, nuestro hogar, no hay ninguna razón para considerarlo nuestro patrimonio, no tenemos ningún derecho para excluir a nadie de la posibilidad de vivir en él y con él– merece nuestra atención prioritaria, estamos obligados a legarlo en las mejores condiciones a las generaciones venideras. La atmósfera y las aguas, los suelos y los bosques, los montes y el litoral deben ocupar un lugar preferente en las políticas públicas.

Las dificultades para la  reforma constitucional que representan los arts.168º y 169º pueden ser superadas a través de Leyes Orgánicas que desarrollen el art.45º–derechos al agua y el aire limpio, al clima apto para la salud y la vida, a la conservación del suelo y la biodiversidad, etc–. En el conflicto ecológico se está evidenciando la incapacidad del sistema económico vigente para frenar la tendencia al colapso y es esta la condición que vuelve a poner de actualidad las formas sociales de vida alternativas a la imperante.

No es suficiente la “ecología de acompañamiento” ni el capitalismo verde como el que postula el Next Generation EU. No se trata (o no se trata solo) de energías no fósiles, se trata de concebir, impulsar y practicar pautas de relaciones sociales descentralizadas, autogestionadas y orientadas a la vida y no a la acumulación y el beneficio. Utilidad vital frente a productividad y beneficio.

El término "medio ambiente" (desgraciadamente consagrado en la Constitución) expresa bien la concepción de lo que nos rodea y, por tanto, nuestra exterioridad en relación con él, separación característica de la cultura occidental. De un lado la naturaleza y de otro lo humano, a explotar o a defender (pero siempre como algo distinto y externo). Ecología de la ausencia, necesitamos una ecología de la presencia; no se trata de salvar el medio ambiente sino de salvarnos junto con el resto de los ecosistemas.

El déficit de recursos hídricos causado por el cambio climático golpea ya directamente a la agricultura, especialmente la familiar, ya muy castigada desde la adhesión en 1985 a las entonces Comunidades Europeas, debido a la dificultad para competir con las agriculturas del centro y norte de Europa de productividades por hectárea mucho más elevadas. Junto a estos efectos directos, sobre todo en el cereal y el olivar, hay que anotar los derivados de las subsiguientes subidas de precios que afectan especialmente a las familias trabajadoras. El cuadro se completa con la paradoja de que, en esta situación adversa, sean las explotaciones de regadío las primadas al percibir la subvención efectiva que supone utilizar un recurso común como el agua a coste prácticamente cero, convirtiéndose, así, en el principal sector consumidor del recurso, aproximadamente un 80%. De nuevo aquí, como en otros sectores de la producción, se comprueba cómo resulta primado el criterio de la rentabilidad por encima del de la justicia o la equidad y no digamos el de la sostenibilidad, incentivando actividades altoconsumidoras de un recurso escaso y volcadas a la exportación. La agricultura en nuestro país tiene un papel fundamental en la conservación del medio rural y como tal debiera considerarse. Vistos los efectos destructivos que su abandono ha producido en las últimas décadas, una enérgica política de protección del medio rural sería también la forma de abordar la solución de problemas que afectan a sectores de población cada vez más amplios, como el de la salud mental.

Políticas económicas

Políticas como el “España puede” son un plan para relanzar la actividad económica de las grandes empresas, en la presunción de que sus beneficios derramarán una ola de empleos y rentas sobre el conjunto de la sociedad, contemplan solo una parte del problema al que nos enfrentamos. La cuestión  no es impulsar un plan de crecimiento capitalista que tenga al Estado como impulsor y principal fuente de financiación; en la actualidad, no existen las bases que hicieron posible el pacto social fordista, ni por el lado de los sectores populares, desaparecido como está el movimiento obrero de antaño, ni por lado del capital, que no encuentra razón alguna para acordar mejoras salariales y de derechos ante la ausencia de su otrora antagonista.

En todo caso, está por hacer una evaluación de los efectos derivados de los siete años de políticas austeritarias del PP; no se trata de revancha alguna, sino de hacer posible una empresa pedagógica cual es que el electorado perciba cuáles son los efectos de determinadas políticas haciendo parte de un sistema serio de evaluación de las políticas públicas cuyas competencias deberán corresponder al poder legislativo.

En el mismo sentido, debiera evaluarse y, en su caso, revisarse la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, promulgada en la línea de la nefasta reforma del artículo 135º de la Constitución; así como la Ley Orgánica de Racionalización de las Administraciones Locales (ley Montoro) por el "efecto asfixia" que ha producido en las administraciones más próximas a la ciudadanía.

La crisis fiscal del Estado como consecuencia de las antecitadas políticas austeritarias aplicadas por los gobiernos del PP (2011-2018) ha tenido profundos efectos, entre otros, en el ejercicio de los derechos sociales (vivienda, salud, educación, dependencia) que han visto severamente recortadas sus dotaciones presupuestarias. Al mismo tiempo, el paso del Estado fiscal al Estado deudor, con la desfiscalización de las rentas del capital, ha favorecido la conversión de contribuyentes de alto nivel de renta en inversores/prestamistas del Estado. El aumento de la deuda pública deriva en buena medida de la reducción de la carga impositiva de las clases pudientes que aumentan su tasa de ahorro e invierten en deuda pública. La pobreza del Estado es la riqueza de los inversores. Con el Estado deudor nace un segundo grupo de portadores de derechos: además de los ciudadanos, los acreedores.

En la legislatura que ahora se abre volverán las reglas de restricciones fiscales de la UE, lo que representará un hándicap para las políticas expansivas de gasto, lo que podría .limitar seriamente las posibilidades de avanzar en un programa de gobierno de izquierda. Si, como pretenden los "Estados frugales", los países que tengan un déficit superior al 3%  y una deuda superior al 90% del PIB deberían reducir en un 0,5% y en un 1% anuales su gasto neto primario y su deuda anual, respectivamente, la expansión del gasto social, tan necesario en algunas partidas, se haría punto menos que imposible. 

Ante tal eventualidad es imprescindible impulsar una política de racionalización del gasto público en beneficio de aquellos programas de gasto destinados a mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales, al tiempo que se reducen o desaparecen aquellos otros vinculados con políticas impropias de un gobierno de izquierdas (como los de Defensa, Seguridad, etc) y se revisan otros como los asociados con la transición "ecológica" y digital, procurando equilibrar la condición de absolutos beneficiarios que en ellos ostentan las grandes corporaciones.

Según una investigación de Greenpeace, cada 1.000 millones de euros de gasto militar en España se crean únicamente 6.500 nuevos empleos, mientras que una inversión equivalente en el sector del medio ambiente y la economía verde crearía casi el doble

Si, como parece, los tipos de interés no van a volver a la época de expansión monetaria con tipos cero y aun negativos, la financiación externa resultará extremadamente gravosa para el Estado, por lo que será inevitable incrementar la presión fiscal para sostener el pretendido nivel de gasto social. Ello va a suponer un choque frontal con el bloque político y social de derechas y aun con los del PSOE. No queda más remedio que prepararse para ello si no queremos perder una oportunidad de alterar significativamente el peso del sostenimiento de los gastos públicos, sin duda un hito histórico en la profundización efectiva de la democracia en nuestro país.

Los pronósticos de los expertos se dividen entre los que vaticinan un "aterrizaje suave" y los que auguran recesión. Es evidente que la economía española no podrá sustraerse a la evolución de los mercados, pero la política tendrá por cometido reducir en lo posible los efectos de tales evoluciones inmunizándose contra sus ciclos. La experiencia de la crisis del 2010 muestra los efectos catastróficos de dejarse ir en la tendencia de tales ciclos; y la de los años de la última legislatura, aquellos de actuar con decisión poniendo la política en el puesto de mando.

Políticas institucionales (reforma de las AA.PP., Defensa, Justicia e Interior)

No menos relevante que las anteriores será la atención prestada al funcionamiento del conjunto de las instituciones del Estado. En las democracias actuales –y en la española, en particular– se da un fenómeno inquietante cual es el funcionamiento autónomo de partes enteras de los aparatos del Estado con autonomía de las orientaciones derivadas de las preferencias mayoritarias expresadas por el pueblo soberano en las elecciones. Se ha dado en llamar deep state o Estado profundo a estos aparatos que parecen escapar a las orientaciones y el control de los gobiernos salidos de la expresión mayoritaria del sentir popular, con la tarea de emprender una profunda reforma del Gobierno y las administraciones públicas.

En la pasada legislatura se han puesto en evidencia, por lo que respecta al primero, disfunciones entre carteras, así como duplicidades generadoras de confusiones políticas y administrativas; en cuanto a las segundas, son claramente perceptibles los efectos de descapitalización de los procesos privatizadores emprendidos por anteriores gobiernos. Pero es preciso asimismo revisar con detenimiento los efectos de las leyes de procedimiento administrativo y régimen jurídico de la AGE sobre el funcionamiento de la aa.pp.

Políticas de defensa

Según una investigación de Greenpeace, cada 1.000 millones de euros de gasto militar en España se crean únicamente 6.500 nuevos empleos, mientras que una inversión equivalente en el sector del medio ambiente y la economía verde crearía casi el doble, unos 12.000 puestos de trabajo.

En lo que va de año 2024, el Ejecutivo ha aprobado nada menos que 10.043,2 millones de euros de gasto militar fuera de los presupuestos prorrogados de 2023. Solo para Ucrania se han comprometido ayudas por importe de 2.162 millones. Contamos, por lo demás, con un ejército hiperdotado de mandos: 1 por cada 1,7 efectivos, a lo que habrá que añadir las 3045 nuevas plazas convocadas para este año.

La política de Defensa debe serlo. A esta alturas del siglo XXI no hay ninguna razón para esconder nuestras convicciones pacifistas. Solo quienes viven preparando permanentemente la guerra, quienes ansían conquistar y dominar a otros, quienes son la guerra, invocan el derecho a la defensa armada. Tenemos que defendernos, sí, del hambre y las enfermedades, de la destrucción de los sistemas naturales y de los vínculos sociales, de la explotación y la opresión. Pero las armas para defendernos no son tanques ni aviones, es libertad y democracia, es justicia y es igualdad.

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José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado.