Detrás del 'Pacte contra la Segregació Escolar de Catalunya': El negocio de la vulnerabilidad
El 24 de febrero de 2022, el Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya anunció e impuso sin diálogo, negociación y consenso en los espacios de representatividad legítimamente democráticos, utilizando el marco del denominado Pacte contra la Segregació Escolar de Catalunya, un paso más en el modelo educativo profundamente neoliberal que marca la educación en Catalunya de la mano de ERC: “nos proponemos un cambio de mirada para eliminar la segregación escolar a la entrada del sistema educativo. El alumnado que se incorporará se repartirá equilibradamente… y lo que haremos será que este alumnado se acompañe con una cuantía presupuestaria… La apuesta del Departament para combatir la segregación: todo el alumnado [vulnerable] que vaya a la escuela pública irá acompañado por una cuantía económica de 384 euros y el que vaya a una escuela concertada lo hará con una mochila económica de 988 euros por alumno…”.
¿Pagar por segregar un poco menos? ¿Es así como queremos plantear la lucha contra la segregación en Cataluña? Cuesta creer que la comunidad educativa, las familias, los sindicatos, y los profesionales de la educación se sumaran a esta deriva educativa, social y ética.
El Pacte contra la Segregació Escolar de Catalunya, articulado por el Síndic de Greuges y el Departament d’Educació, contó con la participación en las comisiones de seguimiento de sindicatos, movimientos de renovación pedagógica y alguna asociación de familias (no con la Affac, que es la asociación con más representatividad en Cataluña). Pero en ese pacto no existe este modelo neoliberal ni habla de esa financiación desigual entre centros públicos y concertados. Utilizando ese pacto, el Conseller d’Educació ha ido desplegando políticas y decretos que favorecen aún más la segregación escolar de Cataluña, que es, junto con Comunidades Autónomas como Madrid, la que mayor índice segregador tiene.
Bajo el eufemismo de “Servei d’Educació de Catalunya”, coexisten dos redes —pública y privada financiada públicamente— como modelo de país. Se construye un específico neolenguaje para justificar seguir destinando dinero de la escuela pública al negocio privado: “interés público”, “servicio público”. De hecho, la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) pretendió vestir las dos redes en igualdad de condiciones de corresponsabilidad y en varios artículos despliega, por ejemplo, la responsabilidad de todos los centros en la escolarización equilibrada del alumnado, especialmente el que presenta necesidades específicas, así como la gratuidad de la enseñanza y el acceso en condiciones de igualdad (art. 43 de la LEC). Pero les daré un dato, porque los datos siguen siendo incontrovertibles: el 82% de la población inmigrante, de minorías y con necesidades y dificultades de aprendizaje están escolarizados en la educación pública.
A pesar de que incluso a nivel estatal el artículo 62 de la LODE establecía medidas disciplinarias en caso de incumplimiento del concierto (infracción del principio de gratuidad, del principio de voluntariedad y no-discriminación de las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios o de las normas sobre la admisión del alumnado), se han seguido incumpliendo con total impunidad, porque no ha pasado nada. Y ahora, en Cataluña, que se está convirtiendo en una anomalía educativa en toda Europa en esta deriva neoliberal, en vez de aplicar la ley, se propone pagar a los centros privados financiados con dinero público para que segreguen un poco menos. Es como si se pagara a un maltratador porque pegue un poco menos a su mujer. ¿En qué cabeza cabría? Pues parece que en la del actual Conseller y algunos de sus gurús.
Cataluña, que se está convirtiendo en una anomalía educativa en toda Europa en esta deriva neoliberal, en vez de aplicar la ley, se propone pagar a los centros privados financiados con dinero público para que segreguen un poco menos
Si ya existe una ley que obliga a los centros financiados con dinero público a escolarizar de forma equilibrada, y existe un marco punitivo a quien no lo cumpla; si ya existe la obligatoriedad de tener una educación gratuita, ¿por qué hacer un Pacto contra la Segregación que paga a los concertados para que no hagan lo que vienen haciendo desde siempre incumpliendo la ley estatal de máximo rango? ¿No bastaría con que la Administración aplicase la ley existente? Es más, ¿cómo puede salir el Conseller con una medida de financiación para que se perpetúe el pago de actividades que deben ser gratuitas para todos y todas en cualquier circunstancia [no sólo el alumnado NEE] tal y como dice la ley?
Este Pacto no está pensado para erradicar la segregación escolar. Simplemente es una estrategia de marketing, un lavado de cara, basado en el tránsito de personas de un lugar a otro [alumnado vulnerable], para que los indicadores de pobreza queden dispersados en un mapa, pero no erradicados.
Además, entender que esta política es nefasta es fundamental desde un punto de vista antropológico. Se entiende al alumnado como mero objeto, sin importar la carga familiar, social, vecinal, cultural y de arraigo en su entorno del menor. Cambiar la ubicación del niño o la niña a una realidad paralela sin más y sin implementar medidas emancipadoras en su entorno más cercano, es puro maquillaje y genera una gran resistencia identitaria.
A esto hay que sumar la resistencia de la red privada-concertada, que introdujo más de cien mil alegaciones contra el Decreto 11/2021 (llamado Decret d’admissió) que concretaba este Pacte contra la Segregació Escolar de Catalunya. Porque se ha comprobado históricamente que, durante casi cuarenta años, esta red privada-concertada no ha tenido ni tiene ninguna intención de mestizaje. De asumir la realidad social como es. Quiere seguir utilizando los mecanismos de admisión como forma de selección del alumnado de familias de “clase aspiracional” que quieren colegios donde esté la clase social a la que aspiran a llegar.
Mientras, la Conselleria d’Educació ha recatalogado los centros de máxima complejidad el curso 2021-2022, cuando unos sesenta centros públicos perdieron de la noche al día esta categoría con su consecuente recorte de medios y recursos. Tampoco se dota de medios y profesionales educativos y de orientación que permitan el apoyo al alumnado vulnerable, que se ha establecido mediante la reserva de plazas para este alumnado en los centros. La realidad es que el incremento en la contratación de personal especializado es muy inferior a las necesidades. Pero incluso se explora la privatización y subcontratación de estos servicios de orientación a empresas externas, convirtiendo así el apoyo educativo en fuente de negocio.
Simultáneamente, el Conseller permite y ampara el pago por estudiar en la privada-concertada. Una forma de selección descarada por clase social y recursos económicos. En un informe encargado a la consultora Garlic, realizado entre marzo y mayo de 2022, titulado “Estudio de cuotas y precios de colegios concertados del curso 2022-2023”, se denuncia que "en la escuela concertada está extendido el cobro irregular de cuotas a las familias por actividades obligatorias, valiéndose de toda clase de tretas. El 90% de los concertados cobran cuotas por enseñanzas obligatorias, porcentaje que sube al 100% en Madrid y Cataluña, según el informe, que considera que en todo caso estos cobros cubren enseñanzas obligatorias, aunque frecuentemente son presentados bajo epígrafes como "proyecto educativo", "aportación", "cuota" o "actividades complementarias". La cuota máxima se da en un colegio de Cataluña con 923 euros. La comunidad en la que los centros actúan con mayor opacidad es Cataluña, según el informe.
No solo la segregación escolar no se soluciona, sino que se sostiene y se amplía con el aumento del gasto público destinado a estos centros privados-concertados que son el factor de mayor segregación escolar y social del Estado: los datos del Ministerio de Educación muestran que desde 1992 el gasto en la red pública ha crecido un 225,43%, frente a un 350,72% la concertada. En los últimos diez años, entre 2011 y 2021, el gasto en la red pública ha subido un 16,77%, mientras en la concertada lo hacía un 26%. Y los concertados "religiosos", en el curso 2020-2021, recibieron 4.689,59 millones de euros públicos, un 20,08% más que en 2014-2015.
Es necesario y urgente en Cataluña parar esta deriva ideológica neoliberal del “servicio público” que está normalizándose incluso en la izquierda y los responsables sindicales, y clamar y luchar por la escuela pública (de titularidad y gestión pública) sin ambages ni medias tintas. Una escuela realmente inclusiva y emancipadora. No podemos seguir realizando recogidas de firmas para conseguir una ILP que perpetúe semejante despropósito bajo el manto del Pacte Contra la Segregació Escolar de Catalunya. Toda ILP debería asumir la defensa de la educación pública y la progresiva supresión de esta anomalía hispana de los conciertos educativos. Ya se ha puesto en práctica en Cataluña, integrando los centros concertados en la red pública. Solo una red pública, plural y comprometida realmente contra la segregación, garantiza la cohesión social.
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Elvira Vidal Navarro es profesora de Educación Secundaria en Cataluña. Enrique Javier Díez Gutiérrez es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León.
