La doble ratonera del gas natural

En España necesitamos importar casi todo el gas natural que consumimos. Ya sea licuado por vía marítima, o por gasoductos. En 2020 fueron 31 bcm (billones de metros cúbicos), lo que nos sitúa como el onceavo país del mundo con mayores importaciones (el primero es China, que cuadriplica las nuestras). En 2010 fueron casi 36 bcm y en 2019 (antes de la pandemia) la misma cifra. Con importaciones cubrimos fundamentalmente dos vectores de demanda: el uso térmico para centrales de ciclo combinado que generan electricidad y el gas natural urbano para usos domésticos y de calefacción.

Importaciones de gas natural en España. Fuente: ENERDATA

La reciente inestabilidad del mercado del gas y la entrada de nuevos y crecientes demandantes (China a la cabeza) viene provocando un encarecimiento del precio de las operaciones nuevas de venta. De momento sabemos que estos precios han pasado de 18 euros a 60 euros (Mwh térmicos). Un encarecimiento impresionante que aconsejaría muy mucho tomar buena nota de la volatilidad de esta energía en los mercados globales y anclar más el sistema en fuentes propias y renovables. Analizamos en lo que sigue el impacto de esta inflación galopante del precio del gas en la generación de electricidad y en los usos domésticos.

Gas natural y electricidad

Para generar electricidad el gas natural aporta en España veinte de cada cien GWh generados. Por su parte las centrales hidroeléctricas y nucleares aportan en torno a treinta de cada cien. Con el sistema marginalista actual el encarecimiento del gas se está trasladando a los costes de los ciclos combinados y de estos al conjunto del sistema.

Como quiera que los precios de la electricidad en el mercado mayorista han pasado en los últimos doce meses de menos de 40 euros a más de 120 (Mwh) es fácil suponer que los beneficios caídos del cielo de la tarifa marginalista pueden ahora ampliarse para el conjunto de la generación hidroeléctrica y nuclear (que se favorecen en este sistema de la inflación del gas, pero no soportan sus costes) a 80 euros por Mwh. De manera que esta ganancia sobrevenida para estas tecnologías, que en 2019 aportaron unos 80 millones de MWh, podría generar unos superbeneficios potenciales de 6.400 millones de euros en un año.

Superbeneficios que pagamos los veintiocho millones de consumidores del mercado minorista de electricidad. Los llamo superbeneficios pues a los beneficios caídos del cielo que la tarifa marginalista ya les daba hasta 2019, hay que añadir los derivados de estarse triplicando el precio facturado pero no los costes respecto a dicho año.

Estos superbeneficios para las compañías generadoras podrían en realidad ser muy superiores, pues es más que probable que estén imputando los precios actuales del gas en los mercados internacionales a pesar de que se estén abasteciendo con gas contratado a unos precios muy anteriores en contratos de suministro a largo plazo. Si así fuese estarían realizando superbeneficios en la propia facturación de los ciclos combinados a unos precios del gas que en realidad pagarán en el futuro.

Gas ciudad para uso doméstico

Del total de gas importado por España en 2019, algo menos de la mitad (46%) se destina al consumo final en usos energéticos y no a la transformación (eléctrica o industrial). En este caso el impacto del encarecimiento de las importaciones de gas (casi del 300% en los últimos doce meses) hacia los consumidores finales (usos domésticos y calefacción sobre todo) dependerá de un doble condicionante: que el gas suministrado hoy se pague realmente a esos mayores precios por los comercializadores, y que les sea posible transferir esa eventual subida al consumidor. Los contratos cerrados hasta 2030 por Gas Natural–Naturgy por ejemplo con Sonatrach (Argelia) no parece que expliquen unos precios disparados a día de hoy.

De gestionarlo se encargan entidades como MIBGAS, S.A. y, sobre todo, ENAGAS MS-ATR (que cuentan como Consejero y Consejero Delegado con Marcelino Oreja o Isabel Tocino). En este caso el distribuidor dominante es Naturgy, seguida de Iberdrola y Endesa.

Caution! El mismo trío del que depende la generación eléctrica (con ciclos combinados) y el truco marginal con que están multiplicando los beneficios caídos del cielo (hidroeléctrica y nuclear).

Estas tres empresas juntas controlan el 86% de los casi ocho millones de clientes con suministro de gas (el 30 % de las viviendas de España) lo que las convierte en un oligopolio. De ellos ochenta de cada cien clientes tienen contratado un suministro a tarifa libre, y los veinte restantes están en la llamada “tarifa de último recurso”.

“El artículo 93 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, establece que la tarifa de último recurso (TUR) será el precio máximo que podrán cobrar los comercializadores designados como suministradores de último recurso” (aquí página 147-148), precio que, en cualquier caso, el Gobierno “actualiza, con carácter trimestral, el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, siempre que el coste de la materia prima experimente una variación al alza o a la baja superior al 2 por ciento”. Ese coste es el de la materia prima en los mercados internacionales que estos meses está fuera de control.

Con estas premisas en 2018 el precio para consumidores domésticos de gas ya superaba en España ampliamente el precio medio de la UE (y el de Alemania o Francia). Lo que ya obligó a diseñar un parche: “el bono social térmico, con cargo a los Presupuestos del Estado y destinado a que los hogares más vulnerables puedan hacer frente a los gastos de calefacción, agua caliente y cocina”. En esas seguimos, porque el Gobierno a lo sumo prometió el martes que “se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR), de modo que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,6%, en lugar del 29%”.

Conclusiones

Mi primera conclusión es que por razón de sus emisiones de CO2, por nuestra dependencia absoluta del exterior y por las turbulencias que transfiere el gas al sistema de precios de la electricidad y al conjunto de la economía, convendría cerrar progresivamente los ciclos combinados con gas natural en lugar de perseguir (con un lío jurídico asegurado) los superbeneficios que induce a los generadores de electricidad. Eso mientras no se abra camino en la UE un sistema de fijación de precios mayoristas que siga el sistema de media ponderada del IPC y no el actual sistema marginalista.

Este cierre tendría que neutralizarse por una doble vía en una cabal transición energética: aumentando el despliegue de las renovables (solar, eólica, biomasa, etc.), que con los precios actuales del gas pasan a ser mucho más viables y, al mismo tiempo, limitando al máximo las industrias electrointensivas que suponen en España un 10 % del consumo eléctrico. Por esta doble vía sería posible prescindir de la cuota de generación eléctrica del gas en España, y así evitar de raíz los muy graves desequilibrios y dependencia a los que conduce al conjunto del sistema eléctrico y al conjunto de la economía (familiar, comercial, industrial). Una situación que podría agravarse sin freno en los próximos trimestres.

La segunda conclusión debe referirse al uso del gas natural para el suministro urbano y de calefacción doméstica. En este caso para el treinta por ciento de los hogares españoles que han caído en las redes del oligopolio del gas debiera diseñarse una transición a la electricidad renovable y de proximidad. Porque garantizar esos aprovisionamientos a precios estables es hoy por hoy un piadoso deseo de corto plazo. Y si no lo es (porque los suministros actuales fuesen en realidad resultado de contratos a precios pre-pandemia) los superbeneficios reales derivados por la troika son de juzgado de guardia (CNMC).

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Termino ya. A la vista de todo lo que precede, la propuesta del Gobierno de este día 14 de que parte de los super beneficios costeados a la troika eléctrica (Naturgy, Iberdrola, Endesa) por los veintiocho millones de siervos de la actual tarifa marginalista (unos 2.600 millones de euros), sirvan para amortiguar-topar la subida de la tarifa a parte de los ocho millones de abonados del gas cautivos de esa misma troika de nuestro capitalismo del contador, no pasa de ser un parche muy frágil. Pues no enfrenta el doble problema de fondo que aquí hemos analizado. Quizás por ser consciente de eso el presidente Sánchez, cuatro días después, ha propuesto en la cumbre europea de Atenas que la UE se plantee el diseño de una senda de autonomía estratégica respecto al gas y una revisión del sistema de fijación de precios. Claro que en estas cosas el diablo siempre está en los detalles.

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Albino Prada es miembro de ECOBAS y del Consejo Científico de Attac España.