Las empresas frente a la ocupación y colonización israelí
Las empresas son agentes necesarios en las políticas de ocupación y colonización israelí, ya no digamos de explotación.
El ejército israelí invade, facilita la ocupación y vigila el control y la colonización. Pero las empresas ejecutan la ocupación y colonización. Y si lo hacen, entran en el terreno de la ilegalidad. Esa ilegalidad conduce a su mala imagen corporativa y, con ella, sus accionistas y directivos a potenciales demandas sancionadoras.
En la Convención de Ginebra se establece que el ocupante no puede trasladar su población a territorio ocupado. Tampoco deportar a la población del territorio ocupado. Se parte de que la ocupación es un hecho temporal y que, en un futuro mediato, volverá el ocupante a sus fronteras reconocidas. Esa ocupación, según el derecho internacional, hace que la potencia ocupante israelí tampoco podría aprovecharse de la tierra, los campos, ni esquilmar recursos naturales, agua, gas, áridos …
Lo que ocurre en Palestina ya no es sólo una ocupación, sino que se ha transformado en una colonización por exclusión. Expulsan, expropian a los palestinos originarios para apropiarse de ese espacio. Y si se resisten los palestinos, ya interviene el ejército de ocupación. Y, por supuesto, los colonos y el Tribunal Militar y Supremo israelí con las leyes militares y supremacistas de apartheid, forman parte de los mecanismos de ocupación.
Lo que ocurre en Palestina ya no es sólo una ocupación, sino que se ha transformado en una colonización por exclusión. Expulsan, expropian a los palestinos originarios para apropiarse de ese espacio
La potencia ocupante y colonizadora israelí incumple múltiples resoluciones de las Naciones Unidas. Así, el Consejo de Seguridad en su resolución 2334 (2016) dice en su punto 1 que “el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera”. La Unión Europea no admite como israelí los bienes de las colonias. Así, los dátiles y otros productos agrícolas de las colonias sionistas entran generalmente de contrabando, haciéndose pasar por israelíes.
La economía palestina está jibarizada por la potencia de ocupación israelí. Todo depende de las decisiones del ocupante, para comprar, vender, fabricar, exportar, importar, pagar, transportar... El agua es esquilmada para los palestinos. La construcción en los territorios ocupados por Israel en el Valle del Jordán, Jerusalén, etc. tiene que ser aprobada por los ocupantes israelíes.
España advierte oficialmente sobre los peligros de inversiones o comercio con los asentamientos y empresas vinculadas a los mismos, Así, en la Circular sobre el tema realizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores (2015) se dice “la Unión Europea y sus estados miembros quieren llamar la atención de sus ciudadanos y empresas sobre los riesgos asociados con las actividades económicas y financieras en los asentamientos. Las transacciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas (incluyendo servicios como el turismo) en los asentamientos israelíes o que les beneficien, suponen riesgos jurídicos y económicos que se derivan del hecho de que los asentamientos israelíes, de acuerdo con el derecho internacional, están construidos en territorio ocupado y no son reconocidos como parte legítima del territorio de Israel. Esta situación podría dar lugar a controversias respecto de los títulos sobre la tierra, el agua, los minerales u otros recursos naturales que pudiesen haber sido objeto de compra o inversión.”
De hecho, empresas españolas que se lucran con la ocupación y colonización israelí como CAF, COMSA, GMV, TYPSA, OSSA y EDREAMS, están en una situación incómoda cara a concursos internacionales y su imagen dañada, dada su falta de diligencia debida cada vez más ante ciertos organismos públicos y populares. Es un hándicap en sus ofertas comerciales y su actividad.
La mayoría de las empresas israelíes participan en la ocupación y colonización. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha publicado y actualizado la lista de empresas el 30 de junio de este año, donde se relacionan empresas reconfirmadas que se lucran con la ocupación. En ella, están todos los bancos israelíes, por lo que hacer transacciones con ellos es apoyar la ocupación.
Diversas organizaciones palestinas internacionales están recopilando las experiencias de las demandas penales contra empresas, accionistas y directivos, desde Núremberg, Argentina, Brasil, etc. sobre la participación de empresas en crímenes de lesa humanidad. La ocupación y las leyes de apartheid o las supremacistas israelíes entran en esa categoría. La Corte Penal Internacional está recibiendo aportes de diferentes asociaciones sobre los crímenes que se están produciendo en Palestina. La incorporación de demandas a empresas es sólo cuestión de tiempo.
En cambio, frente a ese panorama de malas prácticas, hay empresas y directivos que tras analizar sus acciones empresariales han tomado la decisión de desinvertir en Israel, desde una empresa de helados o 15 empresas que estaban nominadas en la Base de Datos del Consejo de Derechos Humanos en el año 2020 y que, tras su abandono de sus actividades en los asentamientos sionistas, han dejado de estar en dicha Base de Datos.
Si las empresas quieren tener un comportamiento responsable saben el camino, compatible con el desarrollo y su potencial de crecimiento: cumplir la legalidad internacional.
Israel, su política de ocupación desde hace décadas, su política de colonización permanente, incluso en tiempos de su presidente asesinado Rabin, a manos del fundamentalismo sionista, con más asentamientos y expropiaciones, rechaza la legalidad internacional. La empresa tiene que elegir: derecho internacional y búsqueda de paz, o aliarse con la fuerza, el sufrimiento y la violencia de la ocupación y de la colonización, y el rechazo popular (y también normativo en muchas partes). Es hora de apostar por la paz y un desarrollo integrador y rechazar la violencia estructural de la ocupación.
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Santiago González Vallejo es economista Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
