Es necesaria una profunda revisión del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo

El Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) fue constituido en 2003 por el entonces Ministerio de Sanidad y Consumo. El objetivo de su creación era informar sobre la calidad sanitaria de los abastecimientos para el consumo humano y, a la vez, detectar y prevenir riesgos para la población derivados de su posible contaminación. Su función es clave para la salud de la población y, por lo tanto, debería ser una prioridad asegurar el carácter democrático y transparente de su gestión. La teoría está muy lejos de la realidad y el SINAC se caracteriza actualmente por la opacidad y la dificultad de acceder a su información. Exponemos a continuación estos problemas y las propuestas que tiene la Red Agua Pública para resolverlos.

La creación del SINAC no tuvo en cuenta los criterios normativos ni principios definitorios de la normativa de las Naciones Unidas en relación al agua. La constitución de este Sistema se simultaneó con la publicación de la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que define el alcance y contenido del derecho humano al agua. Si bien se podría haber aprovechado para incorporar todo lo referido a la participación, transparencia y rendición de cuentas que se contemplaba en esta Observación General, no se hizo.

La configuración del Sistema se basó en:

a) Concretar los procedimientos de acceso a la información recopilada y la obligatoriedad de reportar anualmente el estado de la calidad del agua de consumo humano, los incumplimientos, las características de las zonas de abastecimiento e infraestructuras y las inspecciones sanitarias.

b) Definir los usuarios del SINAC, que incluyen a los municipios, empresas abastecedoras, laboratorios y administraciones autonómicas y central. Como también la forma de gobernarlo que, siendo coordinado por el Ministerio, sería gestionado por un Comité Técnico formado por representantes de los usuarios del Sistema. Con esto, cumplía el ordenamiento legal establecido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, toda vez que se reconocía el papel regulador de los ayuntamientos de los servicios del ciclo.

c) Obligar a que las entidades responsables del suministro y la calidad del agua -municipios, que son los titulares del servicio, gestores de abastecimiento, autoridades sanitarias y Ministerio de Sanidad- aporten los datos necesarios para asegurar la transparencia en el ciclo integral en lo referente a la calidad del agua de consumo.

En este sentido, resulta paradójico que un instrumento destinado a favorecer la transparencia en el ciclo integral urbano del agua no se ajuste a estos principios cuando se trata de su gobierno y funcionamiento interno. Efectivamente, en la gestión del SINAC, a través de su Comité Técnico, no se contempla la participación de la ciudadanía ni se cuenta con un reglamento público que establezca los criterios de elección de sus integrantes, los plazos de funcionamiento, su planificación ni los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas de este órgano de gobierno. Por lo que se refiere al acceso a la información, la destinada a la ciudadanía está ciertamente restringida y su acceso a través de la aplicación informática disponible es muy limitada y no se ajusta a las buenas prácticas internacionales en relación con los datos abiertos, lo que disuade de su utilización. Consecuentemente, no se cuenta con un instrumento esencial y adecuado para la rendición de cuentas del SINAC.

El Tribunal de Cuentas, en su Informe 1.344 de Fiscalización sobre el control sanitario del agua, detecta una serie de deficiencias en el propio SINAC relativas a la necesidad de generalizar la recopilación de datos a todos los municipios del Estado. Esto es, la de asegurar la actualidad y representatividad de los datos recopilados y su necesaria revisión y homogeneización. También apunta a la falta de justificación de las coberturas del abastecimiento y las dotaciones mínimas garantizadas -que son datos aportados a instituciones internacionales como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud-. Señala, a su vez, la carencia de procedimientos de seguimiento de los incumplimientos detectados y de la realización de las medidas correctoras y la necesidad de que todos los laboratorios que realizan los controles del agua estén debidamente acreditados -en 2017 no consta que el 53,14% lo estuvieran-. Por último, el Tribunal resalta que en los informes anuales que preceptivamente tiene que publicar el SINAC deben reflejarse las deficiencias en la calidad de los datos que se hayan detectado, cosa que no se hace en la actualidad.

En resumen, el Tribunal de Cuentas pone en evidencia una serie de carencias de funcionamiento del SINAC que afectan desde la recopilación de datos hasta la publicación de la información sobre el estado de la calidad del agua de consumo humano. Configuran, de este modo, un escenario que es necesario reconsiderar y corregir inmediatamente. Sin embargo, a pesar de lo contundente del informe, no se tienen noticias de que se hayan abordado las medidas para solventar las deficiencias detectadas.

En este contexto, la Red Agua Pública (RAP) reivindica una urgente y profunda revisión del SINAC que, en el contexto actual, resulta especialmente necesario por el papel relevante que puede jugar tanto en la revisión de la Directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, como en su transposición a la legislación española. Tal revisión debería contemplar, al menos, los aspectos siguientes:

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Gonzalo Marín y Erika González son miembros de la plataforma Red Agua PúblicaGonzalo Marín Erika González