La sanidad pública ante el 23J
El próximo 23 de julio estamos convocados a unas elecciones generales que van a ser cruciales para la sanidad pública, aunque lo más probable, por desgracia, es que la sanidad y el sistema sanitario ocupen un espacio muy reducido en las mismas. De manera general puede decirse que concurren a las urnas dos concepciones opuestas sobre lo que debe ser un sistema sanitario. La primera, propugnada de una manera más radical por Vox pero también por el PP, es la que mantiene que el mercado y las empresas privadas son quienes deben proveer los servicios sanitarios, y que el aseguramiento privado y los copagos tienen que tener un protagonismo cada vez mayor en nuestro sistema sanitario. Es un modelo que fomenta la inequidad y la desigualdad, basado en la situación económica de las personas.
La otra, propugnada en general por la izquierda, mantiene que el sistema sanitario público debe ser el esfuerzo solidario de las personas con más recursos económicos y más salud, con aquellas que son más pobres y/o están más enfermas, y que, por lo tanto, la protección de la salud es un derecho humano fundamental, y su garantía solo es posible desde sistemas sanitarios de financiación, gestión y titularidad públicos, enfocados hacia la salud de la población y no a los beneficios empresariales. Este modelo, por supuesto, precisa de una recaudación fiscal suficiente que permita su sostenibilidad.
Obviamente, existen muchos matices en ambos modelos y variantes concretas en la práctica que, con frecuencia, mezclan aspectos de ambos, aunque lo importante es qué orientación predomina en cada sistema sanitario en concreto. La experiencia en España señala que las estrategias para desmantelar la sanidad pública han sido muy diversas, pero, en esencia, se basan en tres ejes: deteriorar el sistema público desfinanciándolo de manera continuada (que explica, por ejemplo, la desastrosa situación de la atención primaria en Madrid); fomentar el sector privado mediante un aumento de los fondos destinados a conciertos, externalizaciones y la denominada colaboración público-privada (que se lleva a cabo de manera continuada en Madrid, Valencia, Galicia, Andalucía,…); y establecer un aumento de la financiación privada que adopta modalidades diversas (exclusiones, desgravaciones fiscales de seguros privados, copagos, etc.). Con frecuencia, son estrategias que se solapan de acuerdo con cada lugar y circunstancias concretas, porque es obvio que hay una gran resistencia social ante el deterioro y la privatización sanitaria, lo que hace que casi todas las medidas que se adoptan en este sentido suelen encubrirse con eufemismos varios: nunca se habla de privatizar, sino de flexibilizar, modernizar, etc.
A ello hay que sumar las actitudes negacionistas, copia de las estrategias neoliberales tan en boga en otros países, y que, aunque no se enfrentan directamente con el modelo de sistema sanitario, sí que influyen en aspectos fundamentales de salud pública que tienen y tendrán graves repercusiones sobre nuestra salud (ahí están los casos de los regantes ilegales de Doñana, o de la negativa a los aislamientos de la tuberculosis bovina, ambos, por supuesto, protagonizados por el tándem PP-Vox).
Hay que sumar las actitudes negacionistas, copia de las estrategias neoliberales tan en boga en otros países
Es importante, con todo, considerar que nuestra sanidad pública precisa de actuaciones importantes para su mejora que deberían de pasar por:
- Aumentar la financiación de la sanidad pública para alcanzar, cuando menos, la media de la UE, lo que supondría en torno a 1.000 euros más por habitante y año, y hacer una financiación finalista que disminuya la gran variabilidad en los presupuestos sanitarios de las CCAA, aunque lo mejor sería avanzar hacia una financiación ligada a las necesidades y los objetivos de salud, para lo que sería necesaria la aprobación del Plan Integrado de Salud, pendiente desde 1986.
- Contener el gasto farmacéutico de manera que su aumento esté, como máximo, un punto por debajo del crecimiento de los presupuestos sanitarios públicos.
- Acabar con la privatización y recuperar lo privatizado para garantizar la gestión pública del sistema sanitario.
- Reforzar la atención primaria, incrementando sus recursos profesionales para conseguir la atención sanitaria con un máximo de 48 horas de demora, la resolución en este nivel asistencial de entre el 80 y el 90% de los problemas de salud de la población y recobrar su carácter comunitario.
- Aumentar las camas hospitalarias de gestión pública para alcanzar una ratio de 5/1.000 habitantes, especialmente de media y larga estancia.
- Utilización intensiva de todos los recursos del sistema sanitario público que están sistemáticamente infrautilizados. Obviamente, para conseguirlo se precisa un aumento del personal sanitario, especialmente en atención primaria, porque la base del buen funcionamiento del sistema sanitario, como se demostró durante la pandemia, está en sus profesionales y es imprescindible aumentar la dotación de los mismos.
- Desarrollo del Plan Integrado de Salud para cohesionar y establecer criterios comunes en todo el sistema nacional, y para abordar los determinantes sociales de salud.
Es imprescindible conseguir estos retos para garantizar la accesibilidad de la población a una sanidad pública universal, de calidad, y sin barreras de acceso (económicas y/o temporales), logrando que sea efectiva en un tiempo razonable para resolver las necesidades de salud de las personas.
Nuestro voto, el de todos y todas, va a ser fundamental, porque, a la postre, en estas elecciones se dilucida si se impone el enfoque neoliberal de ultraderecha con sus propuestas de continuar los recortes, el desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública, o una concepción más social de nuestro país que profundice y recupere unos servicios públicos de calidad para todas las personas.
Por eso, tenemos que votar, para que nadie decida por nosotros, y hacerlo por aquellos partidos que se proponen recuperar, promover y consolidar una sanidad pública de calidad, universal, gratuita en el momento del uso, basada en la atención primaria y la provisión pública.
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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y patrono de la Fundación Alternativas.
