¿Hasta cuándo, señor Feijóo?

Este 7 de septiembre de 2022 ha sido la cuarta vez que se celebra la solemne apertura del año judicial con el Consejo General del Poder Judicial con su mandato expirado, caducado. Sumamos 3 años y 9 meses en los que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, se niega a llegar a un acuerdo que desbloquee el nombramiento de los nuevos integrantes del órgano de gobierno de los jueces y juezas españolas.

Es verdad que no es la primera vez que se produce una situación de bloqueo y retraso en la renovación, pero nunca se había alargado tanto. Sin referirme a retrasos de pocas semanas, los más significativos fueron el de 1995, en el que los nuevos nombramientos se demoraron 8 meses, y el de 2006, cuando se tardó 2 años en llegar a un acuerdo. Si observamos el actual retraso junto con los anteriores, solo hay un elemento en común: en las tres ocasiones el PP estaba y está en la oposición.

Lamentablemente para nuestro país, tenemos un partido liderando la oposición que solo cree en las reglas si las puede utilizar en su beneficio; que solo cree en las instituciones si las controla, aunque sea por la puerta de atrás; y que solo cree en la democracia cuando es él el que gobierna.

La confianza en las instituciones públicas es la infraestructura intangible sobre la que se asientan todos los proyectos y logros en colectividad. Uno vende una casa sin ver un billete, porque confía en la eficacia de los asientos registrales, en las anotaciones bancarias en cuenta corriente y en el respeto a los contratos firmados. Y uno es libre y defiende sus derechos cuando sabe que su vigencia y respeto serán impuestos sin fisura por aquellos a los que les hemos confiado la resolución de los conflictos, porque siempre hay que tener presente que es una atribución pactada en base a la confianza en la rectitud de su desempeño. Pero la confianza es un elemento frágil, de difícil combinación con las maniobras, la especulación y la estrategia del jugador de ventaja.

El intento del Partido Popular de secuestrar instituciones e impedir los mandatos constitucionales de renovación utilizando argumentos que están fuera de la lógica democrática es vergonzoso. No hace falta recordar el precio que tuvimos que pagar todos los españoles cuando tras ganar las elecciones en el año 2011, el Partido Popular llegó al poder y una de sus primeras medidas fue cambiar la denominación y organización de los diferentes organismos reguladores de nuestro país con el único propósito de no respetar sus nombramientos y su composición y forzar la conformación de otros nuevos, según sus gustos y exigencias, tal como recoge la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Este cambiar las reglas fue ya reprochado y condenado. Sabemos ya que es ilegal y antidemocrático. Pero, además, advertimos que puede tener consecuencias graves en un servicio público, el de justicia, que sufre enormes retrasos, cuya eliminación debería ser una prioridad, un reto de país. 

Estamos en una situación en la que ya hay 14 vacantes en el Tribunal Supremo y más de 60 en las cúpulas judiciales; vacantes que suponen mayores retrasos en la solución de conflictos que afectan a ciudadanos, familias y empresas y que ya nos ha costado a todos más de 12 millones de euros en refuerzos.

En un mundo en profunda transformación en el que vuelve a aparecer la guerra y donde el cuestionamiento de todo lo que era sólido es el elemento definitorio, necesitamos referencias y certidumbres que nos ayuden a mantener el rumbo

En esta situación desesperada para el servicio público de justicia y, sobre todo, para los españoles y españolas que merecen vivir en un país donde el sistema de solución de conflictos funcione y dé seguridad, no caben equidistancias a la hora de enjuiciar las responsabilidades de cada cual. No cabe culpar igual a unos y a otros en un ejercicio de injusticia máxima con la reiteración de los hechos. Sencilla y llanamente, el PP se niega a aceptar que desde 2013, fecha de la última renovación, nada o casi nada es igual en este país. 

Tras más de 1.370 días de secuestro, el PP se niega a cumplir el precepto constitucional que cifra en 5 años la duración del mandato de los consejeros del CGPJ con el propósito claro de que la composición del Consejo se acomode y sea congruente con la sociedad a la que sirve. Y resulta especialmente hiriente que se considere injusto precisamente ahora un modelo de elección que fue aprobado y usado por el Partido Popular en 2013, cuando gobernaba.

Esta postura antidemocrática y anticonstitucional del PP es una de nuestras mayores flaquezas como país, porque en un sistema democrático, no solo es que la crítica sea posible, es que es deseable y necesaria, pero también lo es el respeto por las reglas de juego y el fortalecimiento de las instituciones. Y es especialmente lamentable en un partido que cambió su líder, porque el anterior denunció un posible caso de corrupción, y que a pesar del cambio de cara sigue manteniendo la misma postura obstruccionista. Podríamos decir que, con respecto a la justicia española, para el PP, tanto monta, monta tanto, Alberto como Pablo.

En este momento, en un mundo en profunda transformación en el que vuelve a aparecer la guerra y donde el cuestionamiento de todo lo que era sólido es el elemento definitorio, necesitamos referencias y certidumbres que nos ayuden a mantener el rumbo. Y ese papel lo juegan en la convivencia en sociedad las instituciones cuando nos inspiran confianza, certeza y seguridad. Respetemos los tiempos, las reglas dadas, sigamos los procedimientos y los cauces. Respetemos la democracia y el juego limpio sin reservas ni especulaciones. Pidámosle al Partido Popular del señor Feijóo que no defraude una vez más a los españoles y a las españolas y que no supedite la fortaleza de nuestro país al calendario de sus causas judiciales pendientes, que es, parece, la única prioridad a la que atienden. 

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Llanos Castellanos es secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública del PSOE.