Sobre testosterona parlamentaria y Poncio Pilatos

Sesión del pleno del Congreso de los Diputados, martes por la tarde. La diputada portavoz de Igualdad el Grupo Parlamentario Socialista, Laura Berja, presenta la proposición de ley para que se penalice el acoso y el hostigamiento que sufren las mujeres cuando acuden a abortar. Defiende el libre ejercicio de un derecho aprobado por mayoría en las Cortes en 2010. No se debate sobre el aborto, porque el aborto ya es ley. Se debate, y se termina aprobando por mayoría, que no queden en la impunidad acciones violentas y coercitivas frente a las clínicas a las que acuden las mujeres que deciden, por diferentes motivos, interrumpir su embarazo en los plazos legalmente estipulados. Vox insulta a la diputada llamándola reiteradamente “bruja”. El insulto como argumento. El Partido Popular vota en contra de la iniciativa del PSOE. Los acontecimientos que en sede parlamentaria se suceden a renglón seguido del insulto a la diputada, incluido el desacato del grupo de ultraderecha a la presidencia de la Cámara Baja, son gravísimos y ofrecen un deplorable ejemplo al conjunto de la ciudadanía que se comporta, en general, de manera ejemplar.

Pocos días antes, el Parlamento Europeo había debatido la consideración de la violencia de género como eurodelito, como un crimen europeo. Hasta la fecha, ni en todos los países miembros tiene la violencia contra las mujeres la misma consideración ni se cuenta con leyes homogéneas que aborden este problema que afecta a los derechos humanos de las mujeres. El Partido Popular se abstuvo en la votación.

Casi a la vez, los populares presentan en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la libertad sexual, una ley que obedece a un mandato del Pacto de Estado que suscribió el PP. Lejos de optar por enmendarla en su articulado, la rechazan de plano. Todos estos acontecimientos se suceden sin solución de continuidad y revelan una falta de voluntad del principal partido de la oposición en el combate contra la violencia machista, muy alejado de compromisos adquiridos, al menos formalmente, no hace demasiado tiempo.

La ultraderecha toma el insulto, la descalificación y la mentira como argumento, por costumbre, por hábito y por idiosincrasia y el Partido Popular se lava las manos como Poncio Pilatos cuando se debaten cuestiones que afectan a los derechos y a la seguridad de las mujeres. Es más, cuando se pone sobre la mesa el libre ejercicio de un derecho reconocido por la legislación vigente. No está ni se le encuentra cuando se intenta un frente común europeo contra la violencia de género, que continúa cobrándose vidas. En España, al menos sabemos cuántas. En España al menos, y no es poco, tenemos desde hace cerca de dos décadas una Ley Integral y desde hace cuatro años un Pacto de Estado político, social e institucional contra la violencia de género. En otros países de esta Europa de la que formamos parte, ni siquiera han llegado a ese estadio, ni tan solo le han puesto nombre, no han identificado como tal el terrorismo machista que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Una directiva europea obligaría a unos mínimos en el ámbito penal, acabaría con la disparidad en la recogida de datos y facilitaría una respuesta política al unísono.

Estos días, con ese ruido de fondo, estamos reflexionando en el Congreso y en el Senado sobre los cuatro años del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se aprobó el 28 de septiembre de 2017. Su vigencia era, de entrada, para cinco años, pero nació con vocación de continuidad y renovación. La reedición de ese pacto político es imprescindible y los hechos y comportamientos relatados son solo una prueba más de esa urgencia. Blindar la acción conjunta, y el compromiso social e institucional a partir de un pacto político resulta más que necesario para continuar y mejorar en el abordaje de la violencia machista en todas sus manifestaciones. El título de las jornadas organizadas por el grupo socialista con motivo del cuarto aniversario del Pacto lo dice todo: “Mantener nuestro compromiso. Renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

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Y combatir la violencia es también no tolerar esas formas cargadas de testosterona que aún vemos y padecemos en nuestro trabajo las parlamentarias que, como Laura Berja, subimos a la tribuna para defender aquello en lo que políticamente creemos y que no es otra cosa que la libertad de las mujeres para vivir y para ejercer sus derechos libremente. Ahí, más allá de diferencias ideológicas, tenemos que alinearnos todos los y las que estamos del lado de la democracia.

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Lídia Guinart Moreno es portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso. Secretaria de Políticas Feministas de la Federación del Barcelonès Nord del PSC.