Unos 12.000 sanitarios del Sistema Andaluz de Salud (SAS) terminan contrato el 31 de diciembre. Es en torno al 10% de los aproximadamente 120.000 profesionales en los que la Consejería de Salud cifra la plantilla. Según desglosa el departamento que dirige Catalina García (PP), 1.020 son médicos, 5.500 enfermeras y el resto celadores, administrativos, auxiliares, técnicos especialistas... Todos esperan noticias de la Junta. ¿Qué va a ser de ellos? La pregunta es especialmente relevante por la salida hace algo más de un año de 8.000 sanitarios que, al igual que estos 12.000, habían entrado como refuerzo contra la pandemia de covid-19.
El Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno (PP) ha afirmado su decisión de mantener a la máxima cantidad de personal posible, sin concretar en qué condiciones. La previsión es que sean contratados temporalmente, confirma el departamento sanitario, que apunta a una posible duración de seis meses, aunque no en todos los casos. La fórmula definitiva aún no está cerrada. La oposición de izquierdas y los sindicatos señalan que estos profesionales atienden necesidades "estructurales" del sistema y piden la consolidación de las 12.000 plazas, propiciando un reforzamiento del SAS y acabando con la inestabilidad de este contingente para evitar su salida hacia otras comunidades. La consejera de Salud, Catalina García (PP), no ha llegado a adoptar un compromiso así. El 19 de octubre afirmó en el Parlamento: "Estamos trabajando para que el mayor número de estos profesionales que entraron como un refuerzo covid permanezcan dentro del sistema". El problema principal es cómo. La titular del departamento ha asegurado que no van a seguir con "un contrato covid". "En el SAS se contrata continuamente y de forma periódica [...]. Tendremos que adaptar los contratos a las necesidades del momento actual".
A preguntas de infoLibre en busca de detalle, Salud afirma que ahora mismo se trabaja en el "cómo" de la continuidad de los sanitarios, que llegaron pagados con fondos estatales y ahora se han convertido en un gasto de la Junta. De hecho el SAS ya los renovó cuando expiró su anterior contrato el 30 de abril, dedicando para ello 347 millones. Pero lo hizo sólo hasta el 31 de diciembre, con lo que el problema vuelve.
A poco más de un mes de que expiren los contratos, no hay solución concreta ni se anunciará nada antes de llevarlo a la mesa sectorial en la que están la Junta y los sindicatos. El mensaje oficial se limita a recalcar que la política de la consejería es firmar contratos de seis meses como mínimo, aunque también cabe la posibilidad de sustituciones de menor duración. La consejería recuerda que en la anterior etapa, con el PSOE, se hacían contratos de muy corta duración, incluso de "días", práctica que hoy no se realiza. En cualquier caso, aclara el departamento de García, "ahora mismo la bolsa de contratación está vacía", por lo que cualquier sanitario que quede sin trabajo se reincorpora a otro puesto "automáticamente" porque "faltan médicos y enfermeros".
La exigencia de consolidación
Antonio Macías, responsable de sanidad de UGT en Andalucía, recalca la contradicción entre el discurso del Gobierno andaluz según el cual "faltan profesionales" y la política de no apostar por su estabilidad cuando tiene la oportunidad, lo cual considera una "temeridad". "Si les están ofreciendo [a los profesionales] seis meses, no vamos a poder retenerlos si otra comunidad ofrece uno o dos años o una interinidad vacante", señala Macías, cuya advertencia conecta con el caso de la incorporación de más de 600 enfermeras andaluzas a hospitales catalanes hace un año, como informó La Vanguardia.
"Nadie defiende que estos 12.000 puestos puedan desaparecer. Eso no lo dice nadie, tampoco la Junta. ¡Sería una locura! Entonces, ¿por qué no se consolidan?", pregunta Macías, que vincula esta política de –a su juicio– falta de apuesta por el sistema público con el aumento de derivaciones a los centros concertados. "Se lo ponen a huevo a la sanidad privada. Cuanto más débil el público, más fuerte el privado", señala. La propuesta de UGT es la "consolidación de las 12.000 plazas", porque tienen carácter "estructural". "De esa forma la plaza ya no desaparece y evitamos el problema de la falta de estabilidad de los profesionales y la falta de continuidad asistencial a los pacientes, que ven cómo les cambian cada dos por tres a su médico y a su enfermera", añade Macías.
A la pregunta de si es posible la continuidad como personal estructural, la respuesta de la Junta es que se está trabajando en ello. La presentación de la decisión a la mesa sectorial, donde están los sindicatos, no pueden demorarse mucho más. Allí espera no sólo UGT. También otros sindicatos como CCOO y CSIF reclaman una integración estable de los profesionales pendientes de renovación en el sistema. Según Luis González, responsable de sanidad de CCOO en Andalucía, la "inmensa mayoría" de los contratos son "estructurales", es decir, "imprescindibles" para el día a día del sistema, por lo que reclaman al Gobierno andaluz que los convierta en interinidades.
A juicio de CCOO, hay una "ambigüedad calculada" del Gobierno andaluz que ni siquiera establece “garantías" de continuidad de todos los profesionales, a pesar de la "enorme sobrecarga [de trabajo de los sanitarios] y la desaforada lista de espera, también en atención primaria, donde se ha hecho habitual una demora de 14 días". Andalucía tenía al cierre del año pasado 106,49 pacientes de cada mil habitantes pendientes de consulta con el especialista, más que en ninguna otra comunidad, siendo el dato global 77,23. El tiempo medio de espera, 105 días, es el cuarto mayor de todos. En Sevilla las esperas en atención primaria son objeto ya de continuas denuncias de usuarios y colectivos. Esta semana Diario de Sevilla publicó ejemplos de esperas de dos semanas y un caso de 30 días. El sistema encara esta situación con una tasa de temporalidad prevista en el SAS para 2023 del 44%, según recoge el presupuesto todavía pendiente de aprobación.
Tensión política
La revuelta sanitaria andaluza rompe los moldes políticos y sindicales
La incógnita sobre los 12.000 contratos gana peso político a raíz de la masiva manifestación del pasado domingo en Madrid. El sábado próximo hay fijada una protesta sanitaria contra el Gobierno andaluz. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y Marea Blanca Sevilla han movido ficha con la convocatoria contra el "deterioro continuado de la sanidad pública". "La atención primaria sigue colapsada –diez días de media de demora presencial, abolición de la atención comunitaria– y más de uno de cada diez andaluces está en una de las listas de espera", señala la convocatoria. "La salud mental sigue desbordada y la atención en las residencias de mayores sigue sin solución. El Gobierno actual, que este año dispone de recursos europeos extra en su presupuesto, pretende seguir usando el dinero que hace falta para reponer plantillas y recursos de la sanidad pública en derivaciones al sector privado, que actúa de forma opaca, cara e ineficaz", añade. Los convocantes solicitan la "estabilización" de los 12.000 contratos, presentados como vara de medir de la voluntad del Gobierno andaluz de reforzar el sistema.
El PSOE acusa al Gobierno andaluz de evitar la consolidación de los 12.000 puestos para "deteriorar" la sanidad pública e incentivar con ello la contratación de seguros privados, a mayor beneficio de las empresas del sector. Así lo asegura Ángeles Férriz, portavoz parlamentaria socialista, que se muestra convencida de que Moreno y su Gobierno "no están buscando una solución económica ni sanitaria", sino una forma de "reducir el coste político" de no renovar a parte de los 12.000 y hacerlo sólo temporalmente al resto.
"Esto es volver a darle una patada hacia delante al balón. Cuando hay un déficit de profesionales que hasta el propio PP admite [lo hace expresamente en una proposición no de ley recién presentada] y un presupuesto expansivo, la única explicación de que se les ofrezcan sólo contratos temporales es que no se les quiere dar estabilidad. Y así se van a marchar a otras comunidades como Asturias, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Canarias. Nuestro convencimiento es que hay un deterioro premeditado de la sanidad pública para que la población acabe normalizando lo que no es normal, como esperar hasta 2024 para una cita con un especialista. Empujan a la gente a hacerse un seguro privado. Por Andalucía, el grupo que aglutina a IU, Podemos y Más País, ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento en la que insta al Gobierno andaluz a ofrecer a los 12.000 sanitarios pendientes contratos de un año.
Unos 12.000 sanitarios del Sistema Andaluz de Salud (SAS) terminan contrato el 31 de diciembre. Es en torno al 10% de los aproximadamente 120.000 profesionales en los que la Consejería de Salud cifra la plantilla. Según desglosa el departamento que dirige Catalina García (PP), 1.020 son médicos, 5.500 enfermeras y el resto celadores, administrativos, auxiliares, técnicos especialistas... Todos esperan noticias de la Junta. ¿Qué va a ser de ellos? La pregunta es especialmente relevante por la salida hace algo más de un año de 8.000 sanitarios que, al igual que estos 12.000, habían entrado como refuerzo contra la pandemia de covid-19.