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Comunidad de Madrid

Más de 110.000 madrileños afrontaron el inicio del verano sin su médico de referencia en el centro de salud

Una anciana espera en las inmediaciones del Centro de Salud Doctor Tamames, en Coslada, Madrid.

La Comunidad de Madrid tiene un agujero importante de personal sanitario en Atención Primaria. Es algo sobre lo que llevan alertando desde hace años los profesionales del sector. Y que confirman los datos oficiales que ofrece el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. A las puertas del verano, más de cien mil pacientes de casi medio centenar de centros de salud distribuidos por toda la comunidad no tenían a su médico de referencia. Todos ellos se encontraban asignados a una plaza de Medicina Familiar que en ese momento concreto estaba sin cubrir. Eso no quiere decir, no obstante, que se les privase de la asistencia. "Cuando eso pasa, se distribuyen todas las citas de ese grupo entre el resto del equipo", explican varios médicos a infoLibre. El resultado, profesionales ya exhaustos por la pandemia con una mayor sobrecarga de trabajo, lo que lleva aparejado un empeoramiento de la "calidad asistencial".

El Código de Identificación Autonómica Sanitaria (CIAS) viene a ser la huella dactilar de un determinado puesto de trabajo estructural en Atención Primaria, ya sea como médico de familia, como pediatra, como enfermero o como auxiliar administrativo. Integrado por diez dígitos y una letra de control, el número identifica la región, el área sanitaria, la zona básica de salud, la especialidad y el puesto. Hay que tener claro que este código no define a una persona concreta, sino más bien a una plaza, que tiene asignada a una población específica de un determinado barrio o municipio. Es decir, que si ese sanitario se desplaza o se jubila y es sustituido por otro, este último tendrá exactamente la misma cifra que dejó el primero. "Un CIAS vacante sería, por lo tanto, un puesto de trabajo en un centro de salud que no está ocupando ningún trabajador", explican varios sanitarios de Atención Primaria consultados por este diario.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a Unidas Podemos a través de una petición de información, a finales de junio los centros de salud de la región tenían 64 CIAS vacantes del área de Medicina de Familia. Entre todas ellas, contaban con una población asignada de 119.878 personas. Es decir, que a las puertas del verano casi 120.000 ciudadanos no disponían del médico de familia que les correspondía. "Cuando una plaza está vacante no se le asigna población, por lo que todas las personas con Tarjeta Sanitaria Individual o equivalente tienen asignado un médico de familia", se defienden desde la Consejería de Sanidad, desde donde señalan que actualmente en la región, tras el verano, el número de plazas de Medicina de Familia vacías se sitúa en 14. 

"Sobrecarga asistencial"

El hecho de que un centro de salud no tenga cubiertas todas sus plazas no implica que toda la población asignada a las vacantes no reciba atención sanitaria. Esos cupos, según explican los facultativos consultados, se reparten entre el resto del equipo. "Los pacientes de esas consultas que no tienen médico son vistos de manera puntual como 'reparto' por médicos de consultas contiguas", dicen. Algo que confirman desde Sanidad: "Cuando un médico de familia está ausente por permisos reglamentarios o ausencias imprevistas, sus pacientes pueden ser atendidos por un profesional suplente o bien se distribuye la atención entre los médicos de familia del mismo centro". En aquellos casos de ausencias que "no se pueden suplir" por falta de profesionales, completa la consejería, "se reorganiza la atención de manera que los pacientes" que necesitan ser vistos sin demora sean "derivados" al centro de salud más cercano.

Sea como sea, apunta el doctor José Luis Palancar, que desempeña sus labores en el Centro de Salud Doctor Cirajas, todo esto se traduce un incremento de la "sobrecarga asistencial" que soportan los facultativos, que ya de por sí es elevada. "Esto acaba repercutiendo en la calidad de la asistencia que se da a los pacientes", señala el facultativo. "Y la facilidad para conseguir una cita disminuye", completa Isabel Sánchez, responsable de Atención Primaria de CCOO, quien recuerda que este "no es un problema nuevo" y que prácticamente desde 2008 los puestos vacantes "nunca se han cubierto al 100%".

"Existe una situación generalizada de falta de médicos y pediatras que no afecta sólo a la Comunidad de Madrid, sino al conjunto del Sistema Nacional de Salud, lo que en casos puntuales dificulta la cobertura de las bajas o ausencias de los profesionales de estas categorías", responden desde la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero. No obstante, apuntan que a lo largo de este años el Sermas ha realizado un total de 6.724 contratos de suplencias de verano, de los cuales 1.039 corresponden al ámbito de Atención Primaria. "Además, de los 11.100 contratos extraordinarios de refuerzo covid-19, que han sido prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2021 para seguir atendiendo las necesidades derivadas de la pandemia, casi 1.500 se han realizado en Atención Primaria", completan.

Un problema en las zonas con las rentas más bajas

Las decenas de plazas sin cubrir se repartían a finales del pasado mes de junio por 41 consultorios de toda la región. De ellos, 16 estaban ubicados en la capital y 25 en otros municipios de la comunidad. En la ciudad de Madrid, la mayoría de esos ambulatorios con CIAS vacantes –11 de los 16– se ubicaban, curiosamente, en las zonas con las rentas más bajas. Cuatro estaban en Villaverde, tres en Puente de Vallecas, dos en Usera y dos en Carabanchel. De hecho, el que más puestos vacíos tenía era el de Los Ángeles, ubicado en el primero de los distritos: media decena antes del verano con una población asignada de casi 7.000 vecinos. El resto, se encontraban en Moratalaz, Ciudad Lineal, Tetuán, Chamberí y Centro –uno por distrito–. Fuera de la capital, fueron Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Fuenlabrada los municipios con más consultorios afectados. Tres en cada uno de ellos y una docena de puestos de médico de familia vacíos en total.

Vanessa Lillo, diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid y autora de la petición de información, muestra su preocupación por la situación de la puerta de entrada al sistema sanitario en la comunidad autónoma. No solo pone el acento en las plazas sin cubrir, sino que también se fija en el volumen de los grupos de población que soportan algunas de ellas. El Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, hecho público por el Ministerio de Sanidad en abril de 2019, fijaba entre sus objetivos de cara a 2022 el establecimiento de un cupo máximo para los médicos de 1.500 pacientes asignados de edad adulta y de 1.000 en edad pediátrica. Una cifra que aún no es una realidad en algunos ambulatorios.

En el centro de salud de Aravaca o Arroyo de la Vega, por ejemplo, había a finales de junio CIAS con una población asignada por encima de 6.000 personas, mientras que en Lagasca supera los 5.500 y en Espronceda o Guayaba los 4.000, según los datos oficiales facilitados por el Gobierno regional en respuesta a otra pregunta de la parlamentaria.

"Se habla mucho pero luego no hay voluntad política"

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"Tengo la sensación de que vivimos en un continuo día de la marmota con la Atención Primaria", sostiene la diputada de Unidas Podemos. Durante la pasada legislatura, la Comisión de Reconstrucción que se puso en marcha en la Asamblea de Madrid consiguió dar luz verde a un dictamen –solo con el voto en contra de Vox– en el que se dedicaba todo un punto al primer nivel de la asistencia sanitaria. En concreto, se hablaba, entre otras cuestiones, de "incrementar" su "capacidad" para resolver "la inmensa mayoría de los problemas de salud", de establecer la "estabilidad" en el puesto de trabajo "como un objetivo prioritario de la política" de Primaria, de "crear plazas estables para la cobertura de bajas y sustituciones médicas y de enfermería" o de habilitar "contratos" para "cubrir de forma estable y solvente aquellos destinos" que resulten "poco atractivos para los profesionales", dotándoles de los incentivos necesarios.

"No se ha hecho nada. Se habla mucho pero luego no hay voluntad política", lamenta Lillo. En su opinión, lo que más urge es una fuerte inversión en la materia. En este sentido, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, planteó un desembolso de 80 millones de euros en tres años para reforzar la Atención Primaria , una cifra que luego se redujo a 73 millones, y la incorporación de 1.222 profesionales. "Este ambicioso proyecto, ya presentado a los sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Sanidad, contempla distintas compensaciones económicas en función del incremento de trabajo por población atendida, puestos de difícil cobertura y los condicionantes que se dan en la zona rural", dicen desde la Consejería de Sanidad.

Un plan que no convence a los representantes de los trabajadores. Piden algo "real" que saque a la Primaria del "subsuelo". "Si la base de la pirámide se hunde, las consecuencias son impredecibles para la salud de la ciudadanía", señalaban esta semana en una carta a la líder del Ejecutivo regional desde Satse, CCOO, Amyts, CSIT y UGT. Una misiva en la que exigían un incremento presupuestario de hasta el 25%, un aumento de las plantillas y una cobertura total de las jubilaciones que se van a registrar durante los cinco próximos años en la comunidad autónoma.

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